Ricardo Soberón, presidente de DEVIDA: “El narcotráfico puede desaparecer a los pueblos indígenas”

 

—¿Cuál es la tendencia del reporte 2021 sobre el incremento de cultivos de coca y producción de cocaína en el Perú?

—El informe que debería estar saliendo ahora en septiembre. Muestra, lamentablemente, un incremento de cultivos y, por ende, de producción de cocaína.

— Hay informes de algunas instituciones regionales e incluso internacionales que cuestionan las cifras que Devida publica sobre el número de hectáreas de cultivos de coca en el país. ¿Qué puede responder Devida? ¿Se debe a diferentes mediciones o existe un subregistro?

—Nosotros priorizamos en nuestra medición a aquellos que están directamente relacionados con procesos de crecimiento de la coca dirigidos a las pozas de maceración, en las que se construyen pistas de aterrizaje, en fin, procesos absolutamente articulados. Ello puede dar cuenta, quizá, de alguna diferencia. Pero lo que sí debo reafirmar es que nuestro proceso en Devida es articulado con otras instancias del Estado. Es en ese sentido que yo resalto la calidad de la información, porque, además, tenemos una metodología de trabajo evidente, visible y demostrable. Cosa que no necesariamente ocurre, por ejemplo, en los procesos que utilizan los amigos en la Casa Blanca, que tienen una metodología, pero que no es objeto de escrutinio público evidente, por lo menos en nuestro país.

—¿Cómo Devida coordina con los pueblos indígenas si no respeta sus bases institucionales?

—Lo primero que hay que señalar es que el narcotráfico puede ser el factor que haga desaparecer a los pueblos indígenas de la Amazonía sudamericana. No es Devida, es el narcotráfico. La demanda internacional creciente de cocaína del 2010 al 2021, de 10 millones a 21 millones de usuarios, es un factor incontrastable que ni los Estados peruano, boliviano, colombiano o brasileño han podido detener. Eso en primer lugar.

En la medida en que América del Norte y Europa Occidental reduzcan sosteniblemente su demanda de cocaína podremos tener mejor capacidad de proteger los territorios, los derechos colectivos y los patrimonios históricos que representan estos 51 pueblos amazónicos en el caso de Perú.

Devida tiene una relación privilegiada con organizaciones indígenas ashánincas, matsigenga… Ahora, con nuestras restricciones presupuestales, tenemos hasta 2,5 millones de soles para trabajar con ellos emprendimientos muy importantes alrededor del cacao, la apicultura… 

—Habla de nuevos focos del narcotráfico. ¿Qué podría decir de la provincia Mariscal Ramón Castilla?

—El problema de Loreto, en particular, y MRC, en especial, es la enorme distancia que nos distorsiona todos nuestros costos para operar como si operáramos en el VRAEM y en la selva central. Eso ha hecho que el Estado peruano tenga las actividades, acciones y proyectos en Loreto mucho más restringidos. MRC es la provincia donde confluyen el mayor productor mundial de cocaína, Colombia, y el mayor consumidor de pasta base, Brasil. Tiene además una autopista fluvial, que son el Putumayo y el Amazonas, con una tendencia de la expansión del narcotráfico hacia la Amazonía.

Ese es el mayor reto que tenemos nosotros como institución rectora y estamos dispuestos a afrontarlo. Pero entienda que estamos absolutamente restringidos por una cooperación internacional reducida, limitada, simbólica y que no ataca la íntima relación que hay entre expansión de cultivos ilícitos y destrucción de la Amazonía y consecuencias sobre el cambio climático.

Es por eso fundamental que los esfuerzos del Estado peruano que realiza con Colombia, Brasil, Bolivia y Ecuador, de cara a Europa Occidental, estén dirigidos a eso, a señalar esa íntima relación que hay entre Amazonía, cambio climático y expansión del narcotráfico. Cuestión que no está, lamentablemente, en la agenda política de nuestros países en los últimos 10 o 15 años.

Este Gobierno está comprometido en ponerlo en cartelera y, así como el presidente Petro, llama a una conferencia internacional para poner fin a la guerra contra las drogas y la desregulación de las drogas. Nosotros como Perú somos un poco más modestos y realistas. Abordemos dos vectores estratégicos, desarrollo alternativo y sus límites y los retos de la responsabilidad común y compartida de cara a la situación global.

—La República evidenció hace algunos meses una dinámica bastante perversa en la que opera el narcotráfico en comunidades indígenas de Loreto: los narcobenefactorados. ¿Cómo puede Devida trabajar proyectos de desarrollo alternativo en estas comunidades que tienen a estos actores como decisores?

—El problema, como lo ha descrito, no solo ocurre en zonas de frontera, ocurre sobre todo en Ucayali, que es el espacio geográfico de confrontación entre lo indígena y lo colono, lo extractivo. Es un factor común. Nosotros somos conscientes del problema. Requerimos otro nivel de capacidad presupuestal para poder llegar a Loreto con la misma fuerza con la que llegamos a Ucayali. Estamos procesando una demanda adicional para este año 2022 de 63 millones de soles. Está en este momento en el MEF y para nosotros es clave para abordar situaciones como la que planteas. 

Midamos por un momento hora combustible de un helicóptero que se traslade al VRAEM versus la hora combustible para poder llegar a esos territorios (en MRC). Es un enorme reto que, lamentablemente, todavía falta incorporar en el quehacer de nuestros funcionarios, tanto en el MEF como en el sector Defensa e Interior, a modo de poder incorporar en sus gastos corrientes los gastos que significa hacer interdicción a ese nivel de territorio. Muchas veces, esos dos sectores, Defensa e Interior, dependen de los escasos recursos que le pueda dar Devida para ese manejo de combustible, que, muchas veces, alcanza para una quincena de operaciones. Entonces, estamos hablando de un rango de ejecución presupuestal distinto, cualitativa y cuantitativamente superior. 

— Devida ha planteado el Pacto Social Ciudadano durante su gestión. En uno de sus spots dice algo muy interesante: 'El derecho sobre nuestra tierra'. Devida está, de algún modo, impulsando la titulación de territorios indígenas o ¿a qué se refieren con este apunte?

—Somos conscientes del enorme rol que cumple la seguridad territorial jurídica para los pueblos indígenas y somos conscientes de que en el pasado esto no se ha venido dando. Devida no tiene esa función, la tienen el (Ministerio de Agricultura y Riego) Midagri y los gobiernos regionales a través de las DRA (Direcciones Regionales de Agricultura).

Lo que hemos planteado en el mecanismo de justicia es tomar un caso simbólico, Unipakuyacu, en Puerto Inca; y, así como Devida le da plata a los erradicadores de coca para que puedan ejecutar mejor su acción, estamos destinando un monto de dinero para que los encargados de la delimitación de la comunidad nativa Unipacuyaku puedan tener seguridad policial en la ejecución de su trabajo.

Ese proceso se ha visto afectado, lamentablemente, por la poca continuidad de los ministros del Interior, pero estamos resolviéndolo para poder asegurar ese proceso, entendiendo que eso va a permitir dar una señal clara en un territorio convulsionado; y es que los indígenas no solo son propietarios, sino que son los llamados a resguardar la integridad de sus territorios con apoyo del Estado peruano.

—¿Qué considera que puede estar fallando en la narrativa de la lucha contra el narcotráfico en el Perú?

—La principal falla corresponde a la incapacidad o las limitaciones de los países de la OCDE para entender un principio de economía clásico, que es la demanda de un bien la que determina la oferta, como decía Adam Smith en “La riqueza de las naciones”. Eso pasa con la cocaína y eso es lo que está llevando a esa destrucción ilimitada. Frente a esto, lo que proponemos desde la actual gestión de Devida para esta próxima conferencia internacional es que esos 5 euros que cuesta un café en París, Hamburgo, Londres, sean capaces de pagar no solamente el café pagado por esa taza, sino también el carbono absorbido, la cocaína evitada, la biodiversidad protegida y la cultura ancestral reconocida. Ahí está el kit para poder lograr un cambio efectivo en esa dinámica perversa y tendenciosa.

—Me dice que, por más esfuerzos que se hayan hecho durante todos estos años para combatir el narcotráfico, ¿es imposible erradicarlo por la demanda existente en los países de la cooperación que a la vez financian esta lucha contra el narcotráfico?

—Ningún país en el mundo puede decir “he vencido al narcotráfico”. Ninguno. Ni las propuestas más liberales como las de algunos países de Europa, como Holanda, hasta la de los países más represivos, como Birmania, Singapur o Malasia, donde hay pena de muerte. En el medio tenemos diversas tonalidades de políticas públicas. La cuestión común es que nadie lo ha vencido.

Hay un enorme dilema entre los acuerdos comerciales entre el norte y el sur. El norte demanda volumen, el sur oferta biodiversidad en pequeña escala. En la medida en que el norte entienda eso, podremos tener mejores capacidades y perspectivas de solución.

—¿Qué cree que no se está poniendo sobre la mesa en cuanto al narcotráfico en el país?

Que el Estado peruano hace los mayores esfuerzos con los recursos limitados con los que cuenta y la comunidad internacional ha metido el tema droga por ahí, en una canasta de otros temas coyunturales de la agenda internacional. Pero hay que recuperar esa agenda y poner el tema en primerísimo lugar para reducir la mitigación del cambio climático.

—¿Debería cambiar el enfoque de la narrativa de la lucha contra el narcotráfico de “erradicación” a “reducción”?

—En todos los conceptos, debemos volver a la fuente del sistema internacional, y es proveer los medicamentos que la humanidad necesita, incluyendo estimulantes, narcóticos, tranquilizantes. Ese es el objetivo inicial, y evitar el desvío de ellos. Lamentablemente, al 2022, ninguno de los dos principios fundacionales del sistema se ha cumplido. Eso es lo que hay que recuperar y es la propuesta que tenemos con ideas como la del pacto social ciudadano, que es creer en el ejercicio del derecho por parte de los productores cocaleros hoy narcotizados y criminalizados.