Por: María Morales y Milagros Requena
Publicado el 16 de marzo de 2023
Mientras las precipitaciones se acentúan en Lima Metropolitana, el norte del país sigue en agonía por este fenómeno. Las regiones más afectadas son Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, y en estas tres últimas ya se reportaron 13 fallecidos y más de 10.000 viviendas comprometidas, de acuerdo con un reporte del Indeci.
Precisamente, entre 2017 y 2023, estas cuatro regiones acumularon más de 40 declaratorias y prórrogas de emergencia por temporada de lluvias. Todas ellas fueron emitidas por los riesgos inminentes o la ocurrencia de un desastre. La advertencia ya estaba desde hace años.
Pero el panorama es aún desolador si se observa el presupuesto de ese periodo, en el cual se evidencian reducciones considerables y una baja ejecución de gasto año tras año. Por ejemplo, Piura disminuyó de 80 millones a 28 millones de soles para este año en la atención y reducción de gestión de desastres, casi la cuarta parte del monto del 2022.
Declaratorias de papel
Estos lugares son recurrentes en quedarse inundados o con afectaciones a personas por su geografía y -sobre todo- su vulnerabilidad social. Pese a ello, y a que el fenómeno de las lluvias es anual, no hubo mayores avances en la prevención de gestión de desastres. Incluso, con declaratorias de emergencias no se lideró una política pública para atender sus demandas.
LR Data revisó el consolidado de declaratorias de emergencias por precipitaciones en Tumbes, La Libertad, Piura y Lambayeque, por ser las zonas más perjudicadas a la fecha. Así, observó que, en los últimos seis años, el Ejecutivo emitió 45 declaratorias y prórrogas, cuyas medidas no tuvieron mayores impactos más que servir como herramientas para rescatar a las personas damnificadas o reparar el territorio, aspecto que no ocurrió, pues la situación es la misma.
El 2017 concentró un elevado número de declaratorias y prórrogas debido a la ocurrencia del fenómeno del Niño, que fue devastador en la zona norte del país. Ese año hubo 16 emisiones para atender la emergencia. De esa cifra, tres eran decretos supremos de emergencia sanitaria, emitidos por el Ministerio de Salud, para prevenir el dengue, la malaria, entre otras. Precisamente, este año también se corre ese riesgo.
En los años siguientes, no se reportó un fenómeno similar, pero la temporada de lluvias continuó afectando a las zonas más vulnerables. En 2018, el Ejecutivo emitió siete decretos supremos para estas cuatro regiones, con incidencia en Piura y La Libertad. Por ejemplo, el decreto supremo n.° 124-2018-PCM advertía de peligros inminentes en esas regiones en ese periodo.
Esos anuncios de riesgo han sido recurrentes posteriormente. En 2019, las seis declaratorias y prórrogas fueron emitidas otra vez por peligros inminentes y desastres por temporada de lluvias en las cuatro regiones. Lo mismo ocurrió en 2020 (4 declaratorias), 2021 (4) y 2022 (4). Este año, a consecuencia del ciclón Yaku, se decretaron cuatro medidas de emergencia con la misma terminología hasta el cierre de esta nota.
El consolidado de los documentos de ese periodo revela que Piura ha sido 27 veces declarada en emergencia por las precipitaciones entre el 2017 y 2023. Luego, le sigue La Libertad (23), Lambayeque (14) y Tumbes (14). Cabe precisar que una prórroga o declaratoria puede incluir más de una región a la vez.
Desidia presupuestal
Pero más allá de los documentos oficiales, ¿qué se ha hecho a nivel presupuestal? En Perú, existe el pliego destinado a la Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres. De acuerdo con Karina Obregón, de Cenepred, los gobiernos regionales y locales pueden destinar presupuesto a esta partida para implementar y programar medidas en la materia, así como para atender una emergencia.
LR Data evaluó los montos presupuestales y observó la desigual distribución y ejecución en las cuatro regiones más afectadas por las lluvias. De hecho, se evidencia que, en cada año, la cifra sufre disminuciones sumamente escandalosas, como es el caso de Piura, cuyo dinero para este tipo de actos se redujo año tras año.
En esa región, en 2017, el presupuesto institucional modificado era de casi 260 millones de soles, con apenas una ejecución de 27%, de acuerdo con la Consulta Amigable del Ministerio de Economía. Esa cifra se redujo a 217 millones de soles en 2018, pero en 2019 tuvo un ligero aumento a 228 millones de soles. En esos casos, la ejecución fue menos de la mitad.
Sin embargo, la disminución más escandalosa ocurre este año. En 2022, la asignación presupuestal fue de 80 millones de soles, este número se acortó en casi la cuarta parte para el 2023. Este año cuenta con apenas 28 millones de soles.
Luis Neyra, gobernador de Piura, criticó la función de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios y de las dos autoridades anteriores por no priorizar la prevención. “Esto es culpa de la ARCC y de las anteriores autoridades que no supieron reclamar porque ellos debieron empezar por el río y hay que decirlo claro”, sostuvo a Cutivalú.
Un panorama similar ocurre en La Libertad, cuya asignación presupuestal es relativamente baja desde 2017, año en el que registró unos 75 millones de soles. Para el 2018, la cifra disminuyó a menos de la mitad: 24 millones de soles. Ese número no volvería a incrementarse en los años posteriores: 19 millones de soles en 2019, 16 millones en 2020 y 6 millones en 2021.
No obstante, en 2022, el pliego se incrementó a más de 10 millones de soles, con una ejecución del 85%. Aun así, la cifra sigue siendo sumamente baja a comparación de la asignación para desastres en Piura; de allí que también se haga uso de casi todo el monto. Esta situación es sintomática si se considera que ese mismo año se registraron deslizamientos y afectaciones a viviendas en La Libertad por las lluvias. De hecho, la provincia de Pataz fue declarada en emergencia. El año pasado, un informe de LR Data reveló que hubo 87 zonas críticas en la región y con posible afectación por temporada de lluvias.
Pese al fenómeno recurrente de lluvias y la advertencia de informes de Senamhi desde el año pasado, se redujo nuevamente el presupuesto para gestionar y prever los desastres. En 2023 se asignó un monto de apenas 7 millones de soles para atender estas demandas. Con los daños actuales, la región tiene más de 20.000 personas afectadas.
En ese panorama, el actual gobernador, César Acuña, expresó que la responsabilidad es del Gobierno central y que su gestión está ayudando a las familias. “Vamos a contratar a reservistas”, aseguró a RPP Noticias. Sin embargo, la autoridad olvida que, desde 2015, las gestiones estuvieron a cargo de su partido Alianza para el Progreso. Es más, en 2017, cuando la región estuvo en emergencia por el fenómeno del Niño, el entonces gobernador Luis Valdez estuvo en el extranjero y mostró su total desconocimiento sobre la situación climática.
De igual manera, en los últimos seis años, el presupuesto de Lambayeque sufrió reducciones. En 2017, contaba con una asignación de casi 57 millones de soles, aunque apenas ejecutó el 59%. Para el año siguiente, en 2018, se redujo a 28 millones y su gasto fue de un 51%. Luego, hubo un ligero incremento: 48 millones y 41 millones para 2019 y 2020. Sin embargo, el desembolso siguió siendo bajo con apenas 36% y 56%, respectivamente. En el 2021, la cifra disminuyó a casi 21 millones de soles, curiosamente ese año la ejecución avanzó al 92%, precisamente por los pocos recursos económicos con los que se contaba.
El presupuesto que se destinó para este 2023 no supera los 9 millones de soles, una partida económica similar a la del año pasado. En 2022, el monto fue de 8 millones de soles, con una ejecución de 79,4%. Este año, solo se empleó el 3,4% hasta este 14 de marzo. En la región, Jorge Pérez, autoridad de Lambayeque, dispuso medidas inmediatas para la atención del desastre luego de que la Defensoría del Pueblo hiciera un llamado. Su labor se ha centrado en atender los desbordes de los ríos, según reveló un medio local.
A diferencia de las anteriores, Tumbes presenta una mayor asignación presupuestal. Si bien ha sido desigual en estos años, aún es un monto más elevado que las otras regiones mencionadas. No obstante, en esta el problema más resaltante es la escasa ejecución.
En 2017, el presupuesto para gestión de desastres era de 32 millones de soles, con una realización del 91%. Ese monto se modificaría para el 2018, año en el que se destinó solo 13 millones, con un gasto de 72%. Estos dos años marcaron la ejecución más alta.
Los años siguientes, el monto aumentó considerablemente con respecto a las gestiones anteriores. Así, en 2019, hubo una asignación de casi 42 millones de soles, pero su capacidad de gasto solo alcanzó un 23%; es decir, no se ejecutó 32 millones de soles. Esa situación se mantuvo el 2020, año en que se contó con 40 millones, pero solo se empleó el 17%, apenas unos 7 millones.
Esas acciones se mantuvieron para los periodos siguientes. En 2021, disminuyó el presupuesto a 32 millones de soles, con una ejecución de 23%. En 2022, se destinó 19 millones, de los cuales se utilizó el 36% y se dejó sin avance algunos 12 millones. Este 2023, la cifra para desastres aumentó a 32 millones, pero solo se avanzó el 2%.
Su gobernador Segismundo Cruces no ha hecho referencias a las gestiones anteriores, solo se ha dedicado a tratar de atender la emergencia. Una de sus medidas ha sido llamar al Ejército y a las autoridades correspondientes para evitar infecciones.
Sin planes de acción o solo en papel
A la reducción presupuestal en la prevención de desastres, se agrega la falta de planificación en las regiones norteñas o la nula ejecución de sus planes en este eje de acción. A pesar de que año tras año hay riesgos por las precipitaciones, solo Tumbes y Piura tienen planes de prevención a nivel regional. Sin embargo, si bien se identifican y reconocen las necesidades de ambas regiones, expuestas en el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC), en su gran mayoría las acciones para evitar desastres en la región están “pendientes de información” o con 0% en el avance de su ejecución.
En tanto, a nivel provincial también se evidencia la nula necesidad de preparación ante los desastres. De las 26 provincias en las cuatro regiones, solo Sullana , en Piura, tiene su plan de prevención vigente al 2023. De las otras 25 restantes, 10 sí han contado con proyectos de prevención, pero a la fecha están como no vigentes, según el Sistema de Información para la Gestión de Riesgos de Desastres (SIGRID) de Cenepred.
Aún peor es la cantidad de planes de prevención a nivel distrital: solo 18 de 199 comunas en las cuatro regiones cuentan con estos documentos vigentes. Dos están consignados en Tumbes, nueve en Piura, tres en Lambayeque y cuatro en La Libertad.
Cada omisión en la prevención de estos eventos hace que año tras año sigan las inundaciones en las cuatro regiones. Nuevamente, los representantes de turno culpan a los gobiernos anteriores; sin embargo, la ejecución de presupuesto analizado evidencia la constante dejadez para ejecutar obras y, como siempre, la población lidia con el desastre.
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