Por: Pamela Huerta Bustamante
Publicado el 15 de marzo de 2023
Los policías que enfrentan al narcotráfico en las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla (MRC), en Loreto, se sienten abandonados por su institución. En la frontera amazónica del país, donde impera el tráfico ilícito de cocaína, el número de efectivos que labora en la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional del Perú (PNP) es insignificante y lo hace en condiciones precarias. A ello se agrega que existen bases en las cuales no se cobran las bonificaciones de ley correspondientes desde hace varios años debido a irregularidades administrativas.
Es necesario mencionar que, adicional al sueldo regular que cobra cualquier policía según su escala remunerativa, los efectivos deben recibir bonos no pensionables de acuerdo al tipo de labor que realizan. En el caso de los agentes que combaten al narcotráfico en zonas declaradas en emergencia, son dos: uno por alto riesgo de vida y otro por el estado de emergencia. Sin embargo, los Departamentos de Operaciones Tácticas Antidrogas (Depotad) El Estrecho, en el Putumayo, y Caballococha, en MRC, —conocidos también como bases o subunidades de la Dirandro—, no cobran el segundo desde el 2017.
“No cobramos como nuestros compañeros de las otras bases”, señala uno de los policías afectados, refiriéndose a sus colegas en los Depotad Santa Rosa y Chimbote, que se encuentran en la misma jurisdicción. Así lo verificó LR Data al acceder a boletas de pago de las distintas subunidades que evidencian aportes diferenciados. En estas zonas, además del bono por el alto riesgo de vida, sí se cobra el adicional de 886,67 soles que figura con código 08509. Es decir, son cuatro bases que lideran la lucha contra el narcotráfico en un determinado territorio y bajo las mismas condiciones, pero con distintas remuneraciones.
En el caso de la Depotad Caballococha, los altos mandos explicaron a sus subalternos que se les había suspendido el pago por “fallas en la documentación”. El código de ubigeo de la base había cambiado y ahora los ubicaba en el distrito de Iquitos, en la provincia de Maynas, un lugar a más de 12 horas de distancia vía fluvial, su principal vía de transporte.
En busca de una solución, se realizaron los trámites correspondientes; sin embargo, hasta la fecha, no han obtenido respuesta. En la Depotad de El Estrecho, nos cuenta uno de sus integrantes que “no hubo respuesta de los altos mandos” y, por ello, no saben hasta hoy cuál es el motivo de la suspensión.
Fuentes de la Dirección General de la Dirandro confirmaron a este medio que el problema en Caballococha se arrastra desde hace mucho tiempo atrás debido a irregularidades administrativas. Indicaron que la Dirección de Planeamiento Institucional (Dirplains) observó los expedientes y les solicitó que se formalice la creación de las unidades observadas, es decir, las Depotad. “Se subsanaron las observaciones y en ese plan están ya tiempo. Lamentablemente, supongo que no se le ha prestado atención”, manifestaron. En ese sentido, reconocieron también que las demandas de los destacamentos en frontera son válidas.
Al respecto, el coronel Carlos Quintanilla Ramírez, director de la Dirplains, refirió a LR Data que no tiene conocimiento sobre el caso en específico, pero que duda que haya algún caso entrampado durante años porque están bajo constante fiscalización. “Nosotros tramitamos lo que las unidades ejecutoras nos remiten. No discriminamos a quién corresponde o a quién no una bonificación, no es nuestra competencia. Lo único que hacemos es evaluar los expedientes y remitirlos al Ministerio del Interior (Mininter) o al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), según corresponda”, precisó.
Por su parte, el general Raúl Silva Olivera, jefe de la Dirección de Recursos Humanos (DIRREHUM) de la PNP, aceptó que existe una diferenciación en el pago de bonificaciones de los destacamentos debido a problemas de formalización y georreferenciación en los Depotad de Caballococha y Putumayo. En ese sentido, aclaró que es un tema del que recién tiene conocimiento y que se ha decidido tomar medidas para no perjudicar económicamente al resto del personal. Estima que las irregularidades serán resueltas para abril y que, previa evaluación individual de los casos, reintegrarán los bonos pendientes a los suboficiales afectados.
Abandono institucional
En provincias fronterizas como Putumayo o Mariscal Ramón Castilla no se vive, se sobrevive. El costo de vida es bastante alto y si no cuentas con movilidad propia, el transporte probablemente se lleve una buena parte de —si es que lo tienes— tu sueldo. El narcotráfico es uno de los factores que propicia este escenario, pues ha inyectado capitales de origen ilícito a la economía local, lo que genera un contraste macabro entre las condiciones de vida y la capacidad de gasto de la población. Los policías que deben luchar contra este ilícito también enfrentan esta realidad.
En el territorio que abarca estas dos provincias, más de 83.000 kilómetros cuadrados, existen cuatro subunidades de la Dirandro: El Estrecho, Santa Rosa, Caballococha y Chimbote. Las mismas se componen por un total de 35 efectivos que deben resguardar fronteras estratégicas del narcotráfico, como la de Colombia y Brasil.
- ¿Pueden realizar operativos con el número de personal que tienen?
- Lamentablemente, no. Solo a veces en la misma ciudad. Pero en nuestro ámbito que es el río o los lugares agrestes de la zona no podemos por falta de logística.
La movilidad fluvial con la que cuenta la Dirandro es inferior a la que utilizan los eslabones del narcotráfico encargados del transporte de mercancía, dinero o insumos. En la Depotad Caballococha cuentan con dos embarcaciones de 60 HP (Caballos de fuerza o Horsepower por sus siglas en inglés) del año 2014 y uno de 150 HP en regular estado de conservación. En la Depotad Chimbote cuentan también con dos, una de 60 HP y otra de 150 HP en el mismo estado. Mientras que, en Santa Rosa, el punto más cercano a la triple frontera con Brasil y Colombia, apenas tienen una de 150 HP. La situación en el Putumayo no difiere mucho de esta, ya que conservan únicamente una embarcación de150 HP que les fue donada en el 2012.
Además, deben soportar una infraestructura en decadencia, puesto que la humedad ha corroído todo lo posible a su paso. Las calaminas que cubren los techos se encuentran destartaladas por los vientos fuertes e inclementes que traen las lluvias. Todo esto es de conocimiento de los altos mandos de la Dirección, pero pasan los años y se mantienen las mismas condiciones por, según alegan los subalternos, falta de presupuesto. Cabe resaltar que en estas Depotad los altos mandos también son ocupados por suboficiales, ya que los oficiales no se hacen presentes de forma permanente.
¿Arbitrariedad o desidia? Lo que queda claro es que no parecen haber intenciones para combatir el narcotráfico en los márgenes orientales del país, en donde los cultivos ilícitos pasaron de 5.645 a 8.259 hectáreas solo en el último año de registro (2020), según la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). Con una policía con tantas limitaciones e indiferencia de su institución como la que este medio pudo observar en su recorrido, esta tarea es rotundamente imposible.
*Este informe mantiene la identidad de los policías citados en reserva para resguardar su seguridad*
