Por: Pamela Huerta Bustamante / Unidad LR Data
Publicado el 12 de setiembre de 2022
El narcotráfico sigue acaparando territorios indígenas sin que nadie tome acciones concretas por evitarlo. Al menos el 10,5% de la hoja de coca destinada a esta actividad ilícita en el país se cultiva en comunidades nativas (CN), según el reporte de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) del 2020. Son 6.476 hectáreas sembradas con este ancestral arbusto, 1.170 más que en el 2019. Los pueblos asháninca, ticuna, kichwa y kakataibo presentan mayor incremento de superficie cultivada, lo que trae consigo violencia e incertidumbre para sus integrantes.
En Ayacucho, Amazonas, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Pasco y Ucayali, las comunidades nativas son invadidas por narcotraficantes que se imponen por las buenas o por las malas. “El narcotráfico puede ser el factor que haga desaparecer a los pueblos indígenas de la Amazonía sudamericana”, afirma Ricardo Soberón, presidente ejecutivo de Devida, en una entrevista para La República.
Explica, además, que esto se debe a la creciente demanda internacional de cocaína, que pasó de 10 a 21 millones de usuarios en los últimos 10 años. “En la medida en que América del Norte y Europa Occidental reduzcan sosteniblemente su demanda de cocaína podremos tener mejor capacidad de proteger los territorios, los derechos colectivos y los patrimonios históricos que representan estos 51 pueblos amazónicos, en el caso de Perú”, agrega.
Territorios del narco
Francisco Hernández, presidente de la Federación de Comunidades Ticuna y Yagua del Bajo Amazonas (FECOTYBA), cuenta que en la CN Cushillococha ya casi no quedan árboles. Esta se ubica en la provincia Mariscal Ramón Castilla (MRC), la más deforestada de todo Loreto como consecuencia del narcotráfico. “Uno de los factores que han influido bastante ha sido la llegada de foráneos que se hacen de familia en las comunidades”, advierte el dirigente. Se refiere a extranjeros, mayormente de origen colombiano, que se unen a mujeres ticuna para hacerse de tierras de chacra y así poder sembrar coca sin problemas.
En Loreto, más del 40% de sus cultivos ilícitos se concentran en territorios indígenas. Son 2.803 hectáreas de superficie con arbustos de coca en comunidades. Las más afectadas son la CN Puerto Veliz en la provincia del Putumayo y la CN Bellavista Callarú y CN Cushillococha en la provincia MRC. La región que le sigue es Junín, con 1.468 hectáreas sembradas en territorios indígenas. La lista se completa con Cusco, Pasco, Ucayali, Huánuco y Ayacucho, con superficies que pueden llegar hasta las 660 hectáreas en producción.
Además, tal como lo evidenció una investigación del equipo de LR Data, “Narcobenefactores: el tributo del narco en las márgenes de la Amazonía Peruana”, la mayoría de las comunidades nativas en MRC mantienen una relación de dependencia económica con los patrones del narco debido a que ellos suplen sus necesidades básicas. El representante de Devida confirma esta denuncia y señala que es un problema que se suscita en más regiones.
“El problema (de los narcobenefactorados) como lo describe, no solo ocurre en zonas de frontera. Ocurre, sobre todo, en Ucayali, que es el espacio geográfico de confrontación entre lo indígena y lo colono. Es un factor común. Nosotros somos conscientes del problema, pero requerimos otro nivel de capacidad presupuestal para llegar a Loreto con la misma fuerza con la que llegamos a Ucayali”, acepta Soberón.
Defensores indígenas
El reporte “Monitoreo de la superficie cultivada con arbusto de hoja de coca en producción en territorios de pueblos indígenas u originarios”, del Observatorio Peruano de Drogas (2021), muestra que las etnias más cercadas por el narcotráfico son la asháninka, ticuna, kichwa y kakataibo. Existen 124 comunidades afectadas únicamente entre estas cuatro etnias que pueden tener extensiones de cultivo de hasta 817 hectáreas. Ese es el caso de la comunidad asháninka Shimpeshariato, en Junín.
No obstante, es el pueblo kakataibo el que presenta el incremento de cultivos ilícitos más raudo. Solo entre el 2019 y el 2020, las hectáreas de cocales han crecido hasta en 211% y 439% en algunas de sus comunidades. Estas se ubican entre Huánuco y Ucayali; sin embargo, los nativos que se oponen al narcotráfico terminan huyendo para salvaguardar sus vidas. Herlin Odicio, presidente de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (Fenacoka) y defensor ambiental, narra que, pese a exponerse denunciando las economías ilícitas, el Estado no hace nada.
“He estado en la clandestinidad tres meses y medio y aún sigo amenazado. Supuestamente, el Estado me da garantías, pero, lamentablemente, eso es teórico nada más, en la práctica nada”, asegura el líder de Fenacoka. Este pueblo indígena contabiliza al menos cuatro defensores ambientales asesinados. Sus deudos siguen esperando justicia.
El principal problema en la protección de estas comunidades es la falta de seguridad jurídica territorial. Es decir, no cuentan con un título de propiedad. Carlos Quispe, especialista legal de Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), indica que aquel debería ser un eje central de la lucha contra el narcotráfico en las comunidades nativas. Caso contrario, el Estado deja maniatados a sus integrantes en cuanto a la defensa de sus territorios.
“Legalmente, no podrían denunciarlos (a narcotraficantes que invaden sus territorios) por desalojo porque uno de los requisitos que les pedirían sería contar con un título de propiedad inscrito en los registros públicos. Cuando la jefa o jefe de la comunidad va y denuncia, les dicen: ‘Oye, pero tú me estás pidiendo desalojar a alguien sin ser el titular de ese derecho, eso le corresponde al Estado’. El principal problema es que, al no tener el título inscrito en los Registros Públicos, ven limitada su capacidad para denunciar a un tercero que llega a sus territorios”, explicó el abogado.
Además, resalta la necesidad de construir políticas antidrogas focalizadas en las comunidades nativas y que respeten sus bases institucionales.
Ricardo Soberón afirma que la institución que preside es consciente de este problema y que vienen tomando acciones dentro de sus competencias para mejorar la situación. “Somos conscientes del enorme rol que cumple la seguridad territorial jurídica para los pueblos indígenas. Devida no tiene esa función, la tienen el Ministerio de Agricultura y las Direcciones Regionales de Agricultura. Lo que nosotros hemos planteado en el marco del mecanismo de justicia es tomar un caso simbólico, Unipakuyacu, en Puerto Inca. Estamos destinando un monto de dinero para que los encargados de la delimitación puedan tener seguridad policial en la ejecución de su trabajo. Ese proceso se ha visto afectado, lamentablemente, por la poca continuidad de los ministros del Interior”, finaliza Soberón.
