Por: María Morales Isla
Publicado el 28 de marzo de 2023
En Tacna, una menor de 16 años observa a su abusador recorrer las instalaciones del colegio Manuel Calvo Flores a pesar de que el sujeto cuenta con una denuncia e investigación en proceso por violencia sexual. Ha pasado más de un año desde la acusación de la menor, pero el docente solo obtuvo una sanción temporal de dos meses. Ante una sociedad machista, la directora excusa la medida en que los involucrados “no se encontrarán” debido a la amplitud de la escuela.
Este caso se incluye entre las 6.179 denuncias contra el personal educativo por violencia sexual reportadas en los últimos 10 años. Pero el enorme número se diluye en los procesos disciplinarios, ya que las penalidades son mínimas o se revocan ante el Tribunal de Servir. Esta situación pone en riesgo a niñas, niños y adolescentes a nivel nacional.
Muchas denuncias, pocas sanciones
Los datos de la plataforma SíseVe del Ministerio de Educación revelan que las denuncias mantienen un incremento sostenido en lo que respecta a violencia sexual. Solo en 2022, hubo casi 1.500 reportes, la mayoría corresponden a hostigamientos y tocamientos indebidos.
Cabe mencionar que, durante la emergencia sanitaria de la COVID-19, los registros sufrieron una disminución considerable, aunque igual existió casos de violencia sexual. Precisamente, uno de ellos fue el de la adolescente de Tacna, quien denunció a su profesor en octubre de 2021 luego de que él acudiera a su vivienda cuando se encontraba sola.
A partir de que la madre supo del delito, la denuncia se realizó a través de la comisaría —posteriormente, recaería en Fiscalía— y en la institución educativa. En el Ministerio Público, la investigación sigue su proceso, aunque el imputado no acude a rendir sus declaraciones.
Tras el cese temporal de 2 meses al docente acusado, la familia de la víctima apela la medida y solicita separación indefinida.
Mientras tanto, hay una preocupante incidencia con el accionar de la escuela y la UGEL, ya que aplicaron una sanción menor. El maestro solo fue suspendido de manera temporal sin goce de haber por dos meses, después estuvo habilitado para continuar en la enseñanza, según sostiene la abogada del caso, Cecilia Sánchez.
En esas circunstancias, una revisión a la base de datos de SíseVe revela que el reporte figura como cerrado y atendido; es decir, es un proceso culminado y subsanado. Pero la realidad es que la víctima tuvo que toparse con su presunto abusador. Él ahora ha pedido licencia sin goce de haber para rehuir de las acusaciones.
Esa situación es sintomática a nivel nacional. La cifra de procesos disciplinarios por violencia sexual es drásticamente menor al número total de reportes de la plataforma del Ministerio de Educación.
La responsabilidad de castigar estos actos de violencia recae en las direcciones regionales de educación (DRE) o unidades de gestión educativa (UGEL), conforme lo establece la Ley de Reforma Magisterial. Dicho procedimiento se realiza mediante la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios contra Docentes, que suele observar faltas graves o muy graves. Sin embargo, por la complejidad, el proceso suele demorar incluso hasta un año después de ocurrida la denuncia.
De acuerdo con José Ordinola, vocero de la Defensoría del Pueblo, hay fallas en la capacidad resolutiva de estos órganos educativos porque carecen de conocimiento en materia de género. Asimismo, señala que los operadores desconocen los lineamientos y las normas sobre el hostigamiento y la violencia sexual en las escuelas.
El especialista sostiene que el Ministerio de Educación sabe de estas falencias que aún siguen existiendo. “Se pide mejorar o profesionalizar en temas de hostigamiento y violencia sexual. El Minedu nos indicó que ellos habían hecho una evaluación y vieron que era cierto (la falta de profesionalización)”, agrega.
Por ejemplo, en 2022, se reportaron 1.498 casos, pero solo se dieron 84 medidas disciplinarias resueltas por los órganos de control del Minedu.s. De ese último dato, nueve corresponden a un cese temporal sin goce de remuneraciones y 75 a destitución o despido —que implica la inhabilitación por cinco años—. Si bien existió procesos de retiro de la institución, aún hay personal con antecedentes confirmados de violencia sexual que continúa en las escuelas.
Al cierre de este informe, la Unidad buscó la versión del Ministerio de Educación sobre las medidas disciplinarias contra los docentes, pero no obtuvo respuesta.
Docentes sentenciados
La falta de procesos disciplinarios adecuados perjudica a las infancias y adolescencias, sobre todo si se considera el número de profesores con sentencias por violencia sexual a nivel nacional.
A través de un pedido de Transparencia, el Minedu informó que 1.494 docentes fueron sentenciados por el Poder Judicial en los últimos cuatro años. De esa cifra, 1.429 han sido separados y destituidos del sector educativo. Solo en 2022, hubo 183 profesores condenados por este delito.
Es necesario aclarar que estos fallos corresponden a casos anteriores, cuya sentencia se dictó recién ese año.
Los casos se concentraron en Lima, donde se registraron 301 fallos por abuso sexual por parte de un maestro. Luego le sigue Cajamarca que acumula 106 sentenciados, Piura (94), San Martín (88), La Libertad y Cusco (70).
Los datos revelan el escenario de riesgo por la incapacidad resolutiva para sancionar a los docentes.
Absueltos por prescripción de la sanción
La inoperancia no solo está en las direcciones regionales o las UGEL, también hay una presunta responsabilidad en Servir, según la Defensoría del Pueblo. El Tribunal del Servicio Civil es la última instancia en la que el maestro puede apelar la pena emitida por los órganos de control educativo.
Un informe de la Defensoría advierte que la tercera parte de apelaciones ante el Tribunal fueron absueltas por la prescripción del proceso. Es decir, tras el vencimiento de los plazos de sanción, se dejaron sin efecto las medidas para docentes con acusaciones por violencia de todo tipo.
José Ordinola, vocero de la Defensoría, asegura que Servir no está velando por los derechos de los menores de edad. Además, agrega que solo se rige por una prescripción sin tomar en consideración la complejidad de los casos de violencia, sobre todo en la modalidad de hostigamiento, acoso o violación sexual.
“Es totalmente inadmisible tener a un docente que haya agredido a un menor. Es un abuso de poder, de funciones; en este caso, frente a niños menores de edad. La Ley General de Educación exige idoneidad: una probada solvencia moral, física y aquí lo que hay es riesgo”, expresa.
La Defensoría intentó comunicarse con Servir para abordar esta problemática, en aras del bienestar de los menores. Por ello, remitió tres oficios el 13 de julio y 9 de septiembre de 2022 y el 20 de marzo de 2023. Ninguno obtuvo respuesta.
Pero eso no es así. Una revisión de LR Data a las resoluciones publicadas entre 2022 y 2023 desmiente lo mencionado en el oficio. Por ejemplo, en febrero de este año, se revocó la medida hacia un docente acusado de hostigamiento sexual en Maynas (Loreto), precisamente por el vencimiento de los plazos dispuestos.
Según la resolución n.° 000418-2023-SERVIR/TSC-Segunda Sala, se declaró fundada la apelación del profesor por la prescripción del proceso. Los argumentos de Servir fueron que no se respetó el plazo establecido de un año desde el inicio de procedimiento. El caso inició el 20 enero de 2021, pero recién la investigación culminó el 5 de abril de 2022. Ahora, solo por esa “demora”, el Tribunal dispuso eliminar los antecedentes relativos a la imposición de la sanción contra el docente.
Lo mismo ocurrió el 10 de junio de 2022. La resolución n.° 000922-2022-SERVIR/TSC-Primera Sala dejó sin efecto la medida de la UGEL Padre Abad contra el maestro de la institución Alexander Von Humboldt. Este fue acusado de hostigar sexualmente a tres alumnas en 2020, por lo que se instauró el proceso disciplinario correspondiente el 4 de diciembre. La sanción se emitió el 16 de diciembre de 2021. Al haber transcurrido el lapso de un año, Servir decidió revocar el fallo únicamente por exceder los 12 días.
La dificultad para establecer en un periodo de un año las penalidades se debe a la falta de personal y capacidad en materia de género. Conforme con Ordinola, las UGEL son los empleadores más grandes y numerosos del Estado, por lo que es complejo manejar todos los casos que incluyan delitos o lesiones.
“Los casos son complejos y estas múltiples vías hacen que la acción no sea tan rápida. El Tribunal de Servir no ha tomado el interés superior del niño en la aplicación de la prescripción”, recalca.
Alexander Pajuelo, gerente general del Servicio Civil, aclara que la primera instancia le pertenece a las UGEL y que su demora perjudica la sanción. Igualmente, sostiene que el Tribunal de Servir se rige en el cumplimiento de las normas existentes; de no hacerlo, “eso puede llevar a una arbitrariedad en qué casos sí debería respetarse los plazos”.
“Cuando uno revisa (las resoluciones de Servir), se pone de manifiesto la inacción administrativa (de las UGEL), debido a las demoras en las sanciones. Esa falta impide que se cumpla con la finalidad de la norma de un plazo específico (para tener sanción inmediata)”, agrega.
Asimismo, reitera que la competencia de esta entidad es en última instancia, por lo que la prescripción se produce mucho antes con la demora de los órganos de control. “Si se hace tardía la sanción, afecta a actores que no tienen potestad”, enfatiza.
Para poder modificar ese escenario, Pajuelo afirma que se requiere de una norma con rango de ley con disposiciones complementarias, a fin de poder especificar una ampliación para los casos de violencia sexual.
Con esas dificultades, las y los alumnos han regresado a las aulas sin saber que puede haber un presunto abusador cerca de ellos.
Canales de ayuda
Si has sido o eres víctima de violencia escolar por un profesor o compañero de clase, puedes realizar la denuncia en SíSeVe por medio de su página web (http://www.siseve.pe/Web/) o a la línea gratuita 0880-76888.
