La vacunación contra la COVID-19, un proceso desigual y con deudas pendientes

“Muchas veces sentimos que aquí no hay Estado”, lamenta Amadeo Navas desde Raymondi, un distrito incrustado en el centro de la selva, hacia el sur de Ucayali. Allí, hasta el 15 de diciembre, solo uno de cada cinco habitantes había completado su vacunación contra la COVID-19, pese a que el avance en el país ya bordea el 70%. “Acá las vacunas no han sido bien recibidas, muchos pobladores no confían, tienen miedo. Y parece que las autoridades se han rendido. Por eso no avanza la vacunación como en otros sitios”, agrega, quien también es representante de una comunidad asháninka en la zona.

Raymondi es uno de los ocho distritos de la región Ucayali que, al cierre de este informe, no ha superado aún el umbral del 30% en cuanto a vacunación completa de su población objetivo. Ubicado en la provincia de Atalaya, allí 7.904 personas han recibido las dos dosis del fármaco desde que empezó el proceso de inmunización contra la pandemia. Mientras otros puntos del país alcanzan picos considerables en aplicación de la vacuna, Raymondi sigue rezagado.

“Lo que debe entender alguien que no es de acá es que el centro de salud más cercano es el Atalaya, a dos horas de camino. Ese (establecimiento lo) puso el Ministerio de Salud como centro de vacunación COVID. Hasta nuestro poblado vinieron a vacunarnos solo un par de veces, pero parece que cuando vieron la reacción de la población, ya no han vuelto a venir”, explica Navas.

Ucayali es una de las regiones con menor índice de protección contra la COVID-19 en el Perú. Apenas la mitad de su población objetivo (245.512 de 481.148 personas) ha completado su esquema. Al igual que otros departamentos de la selva, como Loreto o Madre de Dios, sus principales problemas son la desinformación, la falta de comunicación entre autoridades y habitantes, el acceso complejo a diversas zonas y, desde luego, el desabastecimiento y la precariedad de los servicios de salud.

La noche del martes, su gobernador regional, Francisco Antonio Pezo, fue arrestado por la Policía, tras huir de la justicia en medio de un allanamiento ejecutado por la Fiscalía. El funcionario es acusado de liderar una organización criminal.

En un escenario así, miles de ciudadanos continúan expuestos a los estragos del coronavirus y sus variantes. En Loreto, el panorama es aún más desalentador: 20 distritos continúan por debajo del 30% de su población objetivo con dos dosis aplicadas. Testimonios recogidos para este informe revelan que en diversos puntos de la región sí existe población dispuesta a vacunarse. El problema: la presencia del sector Salud es fantasmal.

Mario Rengifo es una de esas voces. Él vive en Manseriche, un distrito que forma parte de la provincia del Datem del Marañón, donde la cobertura ni siquiera llega al 20%.

“Nosotros pedimos desde hace meses poder vacunarnos. Hasta ahora han llegado muy pocas vacunas, nuestras autoridades no lo tienen en sus planes. Solo nos han dado mascarillas”, relata. ¿Cómo pedir carné de vacunación en un distrito donde apenas se reparten mascarillas, pero el suero contra la COVID-19 no se distribuye? La realidad que se vive allí da cuenta de un frágil sistema sanitario.

De acuerdo a cifras del Cenares al 15 de diciembre, a Loreto han llegado 1.978.488 dosis de la vacuna, de los laboratorios Pfizer, Astrazeneca y Sinopharm. La aplicación en dicha región presenta un avance de poco más del 50%, con más de 1 millón de dosis aplicadas. La distribución dentro de la misma, sin embargo, hasta ahora ha dejado vacíos que no se han resuelto.

“Acá hay varios conflictos sociales que no se han resuelto. Nuestras comunidades tratan de enfrentar las injusticias que se producen por el desinterés de los gobernantes. Han descuidado nuestras tierras y ahora también están descuidando nuestra salud. No rechazamos la vacuna. Queremos los mismos derechos que nos toca como peruanos”, enfatiza otro vecino, Ian López Vargas.

En Manseriche, solo el 13% de la población objetivo (1.249 de 8.966) ha recibido las dos dosis de la vacuna. La situación es semejante en Mariscal Ramón Castilla, otra de las provincias de Loreto. Allí se soportó la pandemia sin un solo hospital y con apenas diez médicos para atender a más de 73.000 habitantes. Huellas de un abandono sistemático que hasta hoy continúa latente.

Carencias estructurales desde el interior

Río Tambo es un distrito de Satipo (Junín) que tampoco ha logrado superar el 30% de la vacunación completa en sus 23.808 pobladores, según el Reunis. Cuando la lluvia cae, enloda sus trochas y los pequeños pases de accesibilidad hacia sus 48 comunidades nativas. Así lo describe el presidente de la Central Asháninka de Río Tambo (CART), Fabián Antúnez, apenado por haber tenido que alejarse de su comunidad para seguir su tratamiento por una infección que lo aqueja hace varios días.

“Acá no hay nada: no hay agua, luz, desagüe, teléfono. Yo estoy con leishmaniosis y con tratamiento. Vine hasta acá, a la provincia de Satipo, porque no tenía atención. Estuve en Alto Morontoni, en la cabecera de El Cepa, cerca al Cusco. Allí hay gente que ni siquiera tiene escuelas: los niños no están estudiando. No llega ni el Ministerio de Educación ni el de Salud. Nada. No hay puentes, carreteras; solo ciertos tramos hasta Puerto Ocopa-Santa Cruz-Atalaya. Están aislados”, retrata.

Antúnez se reconoce católico y creyente de sus dioses amazónicos. Explica que las comunidades confían cuando ven a sus representantes, pero sin la presencia de estos y ante extraños, pierden la familiaridad. Recuerda que las vacunas fueron trasladadas en helicóptero y afirma haber recibido las dos dosis de Pfizer; sin embargo, cuestiona que a las comunidades les quieran aplicar el fármaco de Sinopharm.

“Muchos nos han dicho que nos estamos oponiendo a la vacuna, pero yo no puedo oponerme en cuestiones de salud. Eso es imposible. Pero me pregunto cómo el presidente del gobierno regional, el alcalde y los funcionarios del Estado se vacunaron con Pfizer. ¿Qué tienen ellos que no tiene mi pueblo? Por eso, hemos exigido que (las comunidades) se vacunen con Pfizer. Sin embargo, las autoridades respondieron que no se puede, no hay condiciones, no hay logística, no hay gasolina”, alega.

La desconfianza expresada en este testimonio es el reflejo de un complicado escenario de desinformación que, luego de casi un año del arribo de los primeros lotes de vacunas al país, no se ha disipado. Natalia Campos, investigadora y especialista en salud pública, resalta la importancia de conocer los contextos para enfrentar este problema.

“De nada sirve que el Gobierno produzca veinte spots televisivos promoviendo la vacunación contra el COVID si en zonas remotas de la selva, por ejemplo, es la radio el medio con más captación y posibilidades de transmitir un mensaje. Se debe establecer un plan de comunicación que tenga en cuenta estas circunstancias específicas de cada zona. Y así fijar prioridades, porque todas y todos necesitamos vacunarnos, no solo quienes tienen acceso a televisión e internet“, explica.

Otro distrito con escasa tasa de vacunación es Vizcatán del Ene, territorio que sigue asediado por conflictos internos y que no alcanza ni el 20% de cobertura en vacunación completa. El director de la Red de Salud de la provincia de Satipo, Wilbert Rodríguez, asegura que en ese sector la población rechaza las vacunas —sin distinción del fabricante— y teme por las “creencias populares del internet y los medios de comunicación”. Además, indica que las personas no portan documento de identidad, no quieren identificarse o se niegan a ser registradas. Advierte, incluso, que hay colectivos contra la vacunación que han tenido acogida entre la población.

El también médico relata que incluso hubo casos de forcejeo e intención de denunciar al personal. “La gran mayoría del personal son mujeres, a las cuales les hemos pedido que por su integridad no se expongan ante actitudes delincuenciales de estas personas. Si no quieren vacunarse, simplemente que los dejen ahí, que hagan constar que ellos han hecho presencia en las comunidades y los centros poblados donde han estado trabajando”, indica.

El presidente de la CART lamenta el papel y la respuesta tardía del Estado. “¿Quién tiene la obligación de dar las condiciones en el pueblo, en las comunidades? ¿Acaso no son los gobernantes? ¿No son los presidentes del gobierno regional, los alcaldes y el presidente de la República? Ellos son quienes deben dar las condiciones en salud, educación, en desarrollos alternativos”, reclama.

“Lamentablemente la zona donde nosotros trabajamos es principalmente de radiodifusión. Y cuando empiezan a verter creencias, mitos y mentiras sobre las vacunas, la población lo toma de esa manera. Nosotros hemos realizado campañas. Tenemos horas —o, mejor dicho, minutos— que nos acceden las radios para también poder hacer la réplica de que las vacunas tienen las garantías y demás, pero no podemos estar pendientes de cada radio, de que cada persona se digne a agarrar y hacer mala publicidad a la vacuna”, relata Rodríguez.

El funcionario sostiene que cuentan con un sistema de refrigeración adecuado en la capital de la provincia y que han cumplido con algunas exigencias, pero que las comunidades están en zonas muy dispersas. “Del 100% que se programa en una campaña, terminamos vacunando al 10%. Las vacunas tienen que ser conservadas de manera adecuada. No podemos disponerlas de manera irresponsable, porque ocasionaríamos pérdidas de este fármaco que es tan valioso para otras personas que sí desean vacunarse. Estamos trabajando con los agentes comunitarios de los centros poblados, pero lamentablemente tampoco les pueden obligar”, admite.

Por su parte, el líder asháninka asegura que las autoridades no cumplieron con los acuerdos de sensibilización en lenguas nativas y el desarrollo de la vacunatón con dos brigadas para las 48 comunidades. “Ahora se quejan diciendo que los nativos no quieren, pero no es eso: es por su ineptitud de ellos”, reprocha.

La situación se repite en más puntos de la sierra. A 19 horas de Cusco, pasando por Ivochote, Camisea y Quirilleti, vía transporte fluvial en un peque-peque que puede trasladar 200 kilos o tres personas, la situación parece no ser muy distinta. Desde la comunidad nativa de Tangoshiari del distrito de Megantoni, así lo detalla su representante, Gilberto Chinchay, quien estima que el 20% de sus 569 habitantes aún no ha sido vacunado.

Ya en enero Chinchay Sánchez pedía evacuación vía aérea, ante los posibles casos de pacientes COVID, a la Municipalidad Provincial de La Convención y al Gobierno Regional de Cusco. Asegura que en la zona “no se cuenta con servicios básicos, no hay saneamiento básico. No hay energía eléctrica, no hay internet”.

Relata que contaron con el apoyo de funcionarios del Ministerio de Cultura para la inmunización, pero que hay un rechazo a esta debido a la desinformación. “Si recibes la vacuna, te vas a quedar zombi”, cuenta haber escuchado. A pesar de que ahora se está vacunando a los más jóvenes, la población no inmunizada sería adulta mayor que se encuentra alejada geográficamente, por lo cual no se les podía avisar anticipadamente, reporta.

La Institución Educativa Inicial 331 de Tangoshiari ha servido como centro de vacunación. Foto: cortesía Gilberto Chinchay

Por su parte, el director regional de Salud de Cusco, Javier Ramírez, informa que no se ha podido vacunar a todos porque hay un sector que rechaza las vacunas. “Sobre todo, los jóvenes de entre 20 a 49 años, quienes se dejan influenciar por las redes sociales. Con los adultos mayores no hubo problemas”, apunta.

Las barreras culturales andinas y amazónicas serían, según su perspectiva, un obstáculo pendiente, además de la dispersión de las comunidades en la región. “(El rechazo) se debe a sus creencias. También hay bastantes religiones, como los evangelistas que promueven esto. Según ellos, Dios los va a proteger. En ese sentido, no hemos podido avanzar como quisiéramos”, explica.

Cadena de precariedad en la altura

A más de 2700 m. s. n. m., en la ceja de selva del cielo puneño y a cinco horas y media de Juliaca, se encuentra el distrito de Ollachea, uno de los más de 60 a nivel nacional que aún no supera el umbral del 30% de población vacunada contra la COVID-19, según datos del Reunis. Se comunica y transporta por la carretera Interoceánica, que cohabita con el proyecto Kuri Kullu, la explotación minera de la comunidad de Asiento y la cosecha de granadilla, rocoto, aguaymanto y la coca.

La doctora Rosselyn Cahuana, jefa del centro de salud de Ollachea (I-3), asegura que las cifras de la tasa de vacunación de su zona son mayores a las que refleja el Reunis. “El problema es que tenemos población flotante: no todos son netos de aquí. (Hay personas que) se colocan la primera dosis, pero como se van a otro lugar, allí se están haciendo colocar la segunda. Tenemos mapeado esto, pero puede ser que solo se queden uno o dos meses. También están los que se han vacunado en otro lugar y se están poniendo la segunda dosis acá”, argumenta.

A pesar del perifoneo nocturno, de la pérdida de seres queridos por la pandemia y de las cicatrices del barbijo sobre su rostro, la doctora también lamenta que haya un sector de la población que rechace las vacunas. “Hemos cubierto bastante con AstraZeneca y de forma regular con Sinopharm, pero hay un poco de deficiencia con Pfizer. La población ha estado con la mentalidad de querer todo Pfizer. Y la desinformación ha sido un punto en contra. Es una población un poquito reacia. Ni quieren andar con barbijo”, reporta.

Los continuos accidentes de tránsito, el machismo, la inestabilidad de los servicios básicos, como la intermitencia del internet, y el deterioro de los implementos médicos del Estado conflictúan diariamente los avances en estrategias sanitarias, cuenta. “No contamos con un generador eléctrico. A veces se nos va la luz y no podemos abrir nuestra cadena de frío, los congeladores donde están las vacunas, porque perderíamos muchas”, explica.

Foto: Centro de Salud de Ollachea

Todo indica que el avance logrado en comunidades específicas no se refleja en una cobertura territorial. El Minsa fue consultado sobre las deficiencias relacionadas al proceso de vacunación y consignadas en los párrafos anteriores, pero hasta el cierre de este informe no ha respondido.

El balance de diez meses de vacunación

La doctora Angela Uyen, especialista en políticas públicas enfocadas en salud, advierte que existen una serie de estrategias que todavía no se han desarrollado con eficiencia por parte del Estado. Mapeo, identificación, trabajo de campo, campañas de comunicación con gente nativa, diálogo con vecinos y comunidades, son algunas de ellas. “Hay que hacer un análisis fino de cuáles son las carencias de cada uno de esos lugares, pero en general se han descuidado estas estrategias”, remarca.

“En muchas ocasiones, quienes brindan el mensaje de las vacunas son pastores de iglesias, por ejemplo. En casos así, para enfrentar esto hay que hacer confluir también las ciencias sociales. También hay reticencias frente a una vacuna específica. Estos asuntos golpean más en zonas donde la población desconfía mucho del Estado, de las instituciones. Lo que genera el abandono de años es que las personas se queden sin motivo para confiar”, agrega.

Otra tarea pendiente pasa por fortalecer los vínculos entre el Gobierno central y las instituciones locales. Hernán Cáceres, antropólogo y especialista en políticas públicas interculturales explica: “Estos diez meses de vacunación han sido reveladores respecto a muchas carencias que arrastra el país en su sistema sanitario. Si en 2020 lo vimos por los contagios y la ocupación de camas UCI, ahora lo estamos viendo por la aplicación desigual de la vacuna en distintas zonas alejadas de la capital. Se pone de manifiesto la desconexión que hay entre el Ministerio (de Salud) y el trabajo que se hace en gobiernos regionales y municipalidades. Ya ni siquiera es que se trate de un trabajo con visión compartida que necesita ser unificado. Es que muchas veces la autoridad limeña y la autoridad local tienen visiones del mundo completamente distintas”.

Si bien los logros de la vacunación a pocos días de que termine el año siguen teniendo un lado positivo —más de 20 millones de peruanas y peruanos ya completaron su vacunación con dos dosis—, no debe pasar desapercibida la deuda que todavía no se ha saldado con las zonas mencionadas en este informe.