Por: María Morales Isla/ Unidad LR Data
Publicado el 28 de julio de 2022
Un año ha pasado desde que el maestro rural Pedro Castillo asumió la presidencia del Perú. Sus primeros 12 meses estuvieron enmarañados por irregularidades, silencios hacia la prensa y presuntos vínculos con la corrupción, en medio de una confrontación constante con un Congreso que pide su vacancia. Pero no es lo único que lo caracteriza: el jefe de Estado apenas pudo cumplir con algunas de sus promesas anunciadas en los 100 primeros días de su mandato.
En ese entonces, Castillo resaltó como logros de su Gobierno la vacunación, el retorno a clases, el inicio de la descentralización y un proyecto ley para que acusados no puedan postular. Sin embargo, esas metas fueron abandonadas pocos meses después, con cambios ministeriales, brechas de inmunización, dificultades en el sector educativo y el incremento de conflictos sociales. Además, ahora propone leyes con nombre propio para huir de las imputaciones que se le acusan.
La vacunación: una meta cumplida a medias
El Perú fue el país que lideró la mayor tasa de mortalidad por coronavirus a nivel mundial. El proceso de vacunación, iniciado por Francisco Sagasti, era uno de los retos que debía continuar Pedro Castillo. Para los 100 días de su gestión, el mandatario logró alcanzar el 60% de inmunizados, una cifra que después incrementó a 80% para finales del 2021.
No obstante, el avance de la inmunización se ha ralentizado, tanto que aún existen tres millones de peruanos sin ninguna dosis. A ello se suman las brechas de vacunación en tercera dosis, mientras el Minsa incluye a más grupos para la segunda dosis de refuerzo.
Esas dificultades se reforzaron con los cambios de ministros. Es preciso recordar que Hernando Cevallos, quien asumió la cartera, dejó el cargo en febrero, mes en el que la vacunación comenzó a disminuir. Luego asumió Hernan Condori, cuestionado por promocionar agua arracimada, un producto calificado de pseudociencia. Semanas después fue censurado por el Congreso. Finalmente, ingresó Jorge López, quien hasta el día de hoy no brinda entrevistas a la prensa. Al igual que el presidente, se refugia en el silencio.
Otra de las promesas del mandatario fue la creación de un sistema único de salud, a fin de propiciar la atención oportuna. Sin embargo, dicho propósito fue abandonado, pues no se llegó a presentar el proyecto para su planificación. Lo único vinculado a esa materia es la Política General del Gobierno 2021-2026, en la que se trata de enfatizar esa propuesta.
En ese escenario, el Ejecutivo también dejó de lado una serie de necesidades urgentes para la salud física y mental. En informes anteriores, LR Data reveló las complicaciones que existen en la desatención de ciertas enfermedades y condiciones que, a pesar de que venían de décadas atrás, también hay una responsabilidad de la gestión actual. Por ejemplo, el presupuesto se redujo para dos problemas latentes: el dengue y la salud mental; también figura el incumplimiento de la ley de cáncer infantil.
Educación en riesgo
En su informe de 100 días, Castillo anunció que su gestión continúa la promoción de la educación bilingüe en el Perú. Sin embargo, su ministro de Educación, Rosendo Serna, sostuvo que recategorizar o reducir el número de colegios de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) es la solución para cubrir las más de 25.000 plazas requeridas de docentes especialistas.
A inicios de año, la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural (Digeibira) emitió un oficio en el que solicitaba a todas las Direcciones Regionales de Educación (DRE) quitarles a los colegios la categoría IEB para “facilitar la contratación oportuna de docentes” que no hablen una lengua originaria.
La Defensoría y asociaciones de comunidades indígenas se manifestaron en contra del documento. Tras ello, el Minedu dio marcha atrás. Pero aún existen otros problemas latentes, como la reducción del presupuesto destinado para el 2022, que es el menor de los últimos seis años. El monto disminuyó cada año y con el presidente Castillo no fue la excepción.
Otro de los aspectos de sus promesas a los 100 días de Gobierno es el retorno seguro a las escuelas. Si bien los centros educativos ya se encuentran en la presencialidad, hay otras problemáticas que preocupan. En las últimas semanas, y producto de la cuarta ola de la COVID-19, los casos por coronavirus ascendieron de manera sostenida, incluso en la edad escolar. Cabe precisar que aún las medidas entre Minsa y Minedu no son las más adecuadas. Tampoco se ha autorizado la inmunización en las escuelas.
Por otro lado, el Gobierno no hizo suyo un compromiso con la educación y las mujeres del país. Pese al aumento de violaciones a menores de edad, no se observó el PL aprobado por el Congreso que frena la educación sexual e integral. En su momento, Serna arguyó que no lo hizo para no “mostrar confrontación”.
Descentralización y conflictos sociales
Uno de los aspectos centrales del Gobierno de Pedro Castillo es la organización de reuniones descentralizadas. De hecho, fue una propuesta que mencionó durante su balance de 100 días de Gobierno. Sin embargo, lejos de mejorar la comunicación con las regiones, los encuentros no tuvieron mayor impacto, solo promesas.
Así, se tuvieron 18 consejos descentralizados en 18 regiones del país. Pese a ello, el diálogo con los gobernadores regionales no ha sido fructífero. En junio, 20 gobernadores regionales acudieron a Palacio para manifestar su malestar con el incumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado.
En ese escenario, la Segunda Reforma Agraria se convirtió en la bandera de los consejos. No obstante, un año después, la reforma no cuenta con presupuesto, ni especialistas y menos aún diálogo constante con las regiones por los cambios de ministros (cinco estuvieron en la cartera de Agricultura). A ello se suma el problema de los fertilizantes y la falta de prevención del Ejecutivo, en el que hubo irregularidades en el proceso de compra, por lo que se tuvo que anular. Tampoco se cuenta con un proyecto de ley en el Congreso por parte del jefe de Estado, solo se tienen dos propuestas de parlamentarios de Perú Libre.
En tanto, la masificación del gas aún es una tarea pendiente. Si bien se presentó el PL, el Parlamento ha realizado modificaciones que afectan a un grupo de regiones que no ha sido incluida. Así, Tumbes, Áncash, La Libertad, Lambayeque, Cajamarca, Arequipa, Moquegua, Ica y Tacna no saldrían beneficiadas. La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) advirtió que se desvirtúa la iniciativa.
Anticorrupción: medidas diluidas
Desde su asunción a la presidencia, Castillo enfatizó su lucha contra la corrupción y propuso una ley para que las personas acusadas por esta modalidad no puedan ejercer cargos públicos. Sin embargo, el proyecto se presentó, pero los intereses del mandatario han cambiado con el descubrimiento de sus presuntos actos ilícitos.
Antes de culminar el 2021, el Ejecutivo entregó nueve proyectos de ley ante el Congreso de la República. Uno de ellos fue el PL 0067/2021-PE, el cual planteaba prohibiciones de incompatibilidades en el sector público y privado. En otras palabras, establece que personas vinculadas con la corrupción no ejerzan un puesto laboral. La norma ha sido reenviada al Ejecutivo tras pasar por modificaciones en el Congreso.
En junio, el mandatario envió otro PL sobre la modificación del antejuicio y juicio político. El PL quedó en la Comisión de Constitución del Congreso de la República. Así como este, más de una veintena de proyectos del Ejecutivo se archivaron.
Ahora, con la serie de acusaciones en su contra, Pedro Castillo buscaba obtener una salida a las revelaciones periodísticas sobre sus presuntos vínculos con la corrupción. Hace tres semanas, sus ministros anunciaron una propuesta para penalizar la “difusión de información reservada”. Cabe resaltar que solo ha quedado en declaración.
El mandatario aún presenta unas deudas con sus compromisos asumidos a 100 días de su gestión, incluso desde campaña. El escenario de Castillo no ha cambiado. Las modificaciones ministeriales, la falta de transparencia, la carente gestión pública y los presuntos vínculos de corrupción impiden su avance.
