Por: Pamela Huerta Bustamante / Unidad LR Data
Publicado el 14 de octubre de 2022
El último 3 de octubre, asesinaron a José Becerra (24) en Trujillo, La Libertad. El joven era sindicado como el líder de la banda criminal de extorsionadores ‘Los Ochentas’, un puesto heredado por su madre —María del Pilar Espejo, alias la ‘Tía Pili’—, quien ahora se encuentra presa. Las primeras investigaciones apuntan a que se trató de un ajuste de cuentas a cargo de ‘Los Pulpos’ por disputas territoriales. Así se vive la violencia desatada por los extorsionadores en esta región del norte, con sicarios vestidos de policías, que ajustician al enemigo frente a una docena de testigos y sin temor a las consecuencias. Ya son 1.160 denuncias por extorsión entre enero y julio de 2022, recabadas por la Policía Nacional del Perú (PNP) en La Libertad, una cifra que supera el registro anual de la región en el 2021.
En todo el Perú, los números no son más alentadores, pues hay 6.843 denuncias registradas solo entre enero y julio del 2022, unas 2.532 más que en todo el 2021. Lima encabeza esta lista con 3.004 casos reportados ante la PNP. No obstante, teniendo en cuenta que el miedo es la principal arma de los extorsionadores, estas estadísticas representan apenas una pequeña parte de esta pavorosa realidad. Ese podría ser el caso de un transportista de mudanzas en Ate, un joven empresario en Carabayllo o los ciudadanos de un asentamiento humano entero en el Callao, los cuales, ante la desesperación, acuden a los medios de comunicación para pedir ayuda.
Según Jorge Nureña, historiador y especialista en criminalidad de Trujillo, en los distritos Florencia de Mora, El Porvenir y La Esperanza se da origen al fenómeno criminal de la extorsión. Esto, después de que bandas y pandillas dedicadas al robo agravado, especialmente de vehículos, saturaran el mercado negro de autopartes. Sin su principal comprador, tuvieron que replantear el negocio y establecerse en este nuevo rubro. “Encuentran un mejor negocio en el rescate de carros robados. De ahí pasan al sticker, que se trata de brindar protección a unidades o empresas de transporte identificadas con un determinado logotipo. Es así que ven en las extorsiones una forma muy rentable y con menos riesgos a la hora de delinquir”, explica.
Control territorial
Las bandas de extorsionadores tienen en la intimidación a su mejor aliado; sin embargo, es el control territorial lo que determina su existencia. En el artículo “Crimen organizado en Perú: crecimiento y expansión del fenómeno extorsivo a nivel nacional”, de Julio Corcuera Portugal, especialista en seguridad pública, se explica cómo estos colectivos criminales tienen espacios y acuerdos muy bien estructurados que les permiten coexistir con sus enemigos. Este equilibrio se rompe cuando alguno decide no respetar su palabra y ‘choca’ con la cartera de clientes o el territorio del otro. Así se presume que pasó con José Becerra, asesinado en Trujillo. En tal sentido, La Libertad se convirtió rápidamente en una región muy pequeña ante el abanico de posibilidades para delinquir que se abría con este ilícito negocio.
De ese modo, empiezan expandiéndose primero a las regiones colindantes, principalmente Piura —la tercera con más casos denunciados en el territorio nacional— y Lambayeque, para luego dirigirse al norte chico y pronto establecerse en Lima. “Llegan a Lima porque en algunos casos tenían redes familiares establecidas o corridos por autoridades u otros delincuentes. Siempre hubo conexión entre Trujillo y Lima en el mundo del hampa”, afirma Nureña.
De acuerdo a información del Ministerio Público (MP), se contabilizaron 2.719 denuncias en la capital entre enero y agosto de 2022. Las zonas este, norte y sur son los lugares en donde se concentra el mayor número de estas.
Asimismo, la versatilidad de este delito permitió una amplia diversificación. Ya no solo apuntaban a choferes o comerciantes, pues su espectro de víctimas se amplió a cualquier persona cuyos datos estuvieran expuestos de algún modo. Entre las modalidades de extorsión más conocidas, se encuentran el ‘gota a gota’, el ‘chalequeo’, el ‘sticker’, el rescate de vehículos, y el cobro de cupos de construcción civil y a trabajadoras sexuales.
Otro factor que permite que las extorsiones sean un negocio redondo es que pueden ejecutarse desde cualquier parte. En muchos casos, incluso desde los penales. Para Nureña, “las cárceles son uno de los principales puntos de operaciones para las bandas que se dedican a este ilícito”. Esto, señala, porque solo requieren un celular para intimidar a sus víctimas y lo pueden hacer desde la comodidad de sus celdas, ya que en la mayoría de cárceles los bloqueadores de señal no funcionan. Según reportes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), entre enero y septiembre de 2022, se han incautado 232 teléfonos inmersos en este delito durante intervenciones policiales.
Es necesario mencionar también que, debido a su índole delictiva, la extorsión presentaría un alto subregistro. Dicho de otro modo, habría un gran número de ciudadanos que no denuncian ser víctima de extorsionadores por miedo a sufrir represalias. “Es un delito que tiene bastante cifra negra. ¿Qué es? Una cifra de personas que no denuncian ser víctimas de extorsión por temor, porque los intimidan. Si bien la Policía ha ido mejorando su papel frente a este delito, no pueden garantizar protección a la gente y eso los coloca en una situación de alta vulnerabilidad”, concluye Nureña.
Cabe mencionar que LR Data solicitó en varias ocasiones una entrevista con la Unidad de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la Dirincri —a cargo del coronel PNP Johnny Huamán— para que brinden alcances sobre las acciones tomadas a fin de reducir este delito; sin embargo, al cierre de edición de este informe, no se ha recibido respuesta.
Mejor negociemos
El señor Marco, de quien reservaremos sus apellidos para resguardar su identidad, es un joven empresario que se ha enfrentado a extorsionadores en dos ocasiones. La primera, bajo la modalidad del rescate de su vehículo. “Me llaman diciendo que han encontrado mi vehículo, que para devolvérmelo debo pagarles 4.000 soles. Yo estaba en una reunión y no me había dado cuenta de que me lo habían robado”, declaró. Tras tomar conocimiento de este hecho, fue a colocar la denuncia a una comisaría donde no se hizo mayor trámite. Sus familiares, quienes habían tenido experiencias similares, le recomendaron que mejor negocie con los extorsionadores.
“Fue un tío quien se encargó de todo. Nos pidieron el dinero de la recompensa y, además, conseguir garantes para el intercambio en la 50 (conocido mercado de autopartes en Lima norte). Los garantes cobraron 400 soles, más o menos, y nos pidieron que no los ‘soplemos’. Ya después ellos se encargaron de todo”, narró. Tras el trámite correspondiente, le devolvieron su vehículo.
Según el código penal, los extorsionadores y quienes hacen las veces de “garantes”, deberían enfrentar entre 10 y 15 años de pena privativa de la libertad. Eso se conseguiría si las autoridades hubieran hecho algo más que solo asentar la denuncia.
Para Abel Gamarra, viceministro de Orden Interno del Mininter, actualmente “estamos viviendo una delincuencia muy violenta que no tiene escrúpulos para hacer daño”. Sin embargo, resalta que la Policía hace grandes esfuerzos para contrarrestar este escenario que perturba la tranquilidad de los ciudadanos. Esto se debe a que existe un marco normativo garantista que “protege más al delincuente que a la víctima”, y afirma que desde su despacho trabajan para plantear las modificaciones necesarias que cambien dicha situación.
“Hay extorsiones, asesinatos, gente que usa armas de fuego, que ni siquiera es denunciada. La policía los captura, la Fiscalía dice ‘remítase el informe al despacho’ y después de dos días o 48 horas recién hay carpeta fiscal. Para eso, el delincuente ya no es ubicable”, explica el viceministro.
—¿Por qué se ha incrementado de esta manera el número de extorsiones?
—Hay muchas organizaciones que se dedican a este tipo de actividades y están tratando de ocupar espacios territoriales. Es por eso que los delincuentes se están victimando unos a otros, disputando territorios. Por eso, con este cambio de normas necesitamos que los extranjeros que lleguen a nuestro país vivan de forma pacífica y no como están ahora. Al delincuente extranjero no se le puede siquiera expulsar, salvo que hayan sido sentenciados porque están como refugiados. Entonces, la Policía hace grandes esfuerzos, pero tenemos normas en el país que necesitan ser cambiadas porque nos está ganando la violencia. Necesitamos poner un poco más de orden.
Durante la entrevista con LR Data, afirmó que el 99% de los casos de extorsión eran cometidos por extranjeros, pero no es así. De acuerdo a estadísticas de la Dirincri que nos proporcionó el Mininter, de las 93 personas detenidas por extorsión, en lo que va del 2022, solo el 34% son extranjeros. La mayor parte es de nacionalidad venezolana y hay —en menor medida— colombianos y ecuatorianos.
La segunda vez que extorsionaron a Marco lo hicieron bajo la modalidad del ‘cupo de construcción civil’. Le detuvieron un proyecto que realizaba para un centro comercial en el Callao porque no había cumplido con el pago del cupo. “Fueron varias veces durante la obra, pero pude esquivarlos. Lamentablemente, justo el día que se tenía que descargar brea y no podíamos parar, llega este tipo armado. No tuve otra que negociar. Ya estábamos acabando la obra y no había opción de retrasarla”, señala. Agrega, con tono de resignación, que en el rubro no tienen otra opción que pagar porque todo está lotizado por sindicatos. “Es mejor evitarse problemas”, manifiesta.
Para el viceministro Gamarra, “las personas que son víctimas de estos delitos —robo, extorsión— son cinco veces víctimas. Son víctimas porque sufren el trauma del robo o la extorsión (1), pierden sus recursos (2), llegan a la comisaría y el fiscal llama un defensor de oficio para que garantice los derechos del delincuente y no para defender los derechos de la víctima (3), ven cómo la fiscal suelta al delincuente (4) y al final del día todo queda impune (5)”.
Sostiene también que actualmente el sistema funciona como una puerta giratoria por donde el delincuente ingresa tranquilo sabiendo que saldrá sin problema. “El delincuente debe ingresar y no salir”, sentencia.
Es necesario señalar que, al consultarle respecto a las políticas que se vienen implementado para reducir y prevenir las extorsiones, solo mencionó la inauguración de brigadas contra el crimen, una ya establecida en San Juan de Lurigancho y otras tres más por crearse próximamente. “Esperamos que estas brigadas puedan reducir un poco la violencia delincuencial”, reiteró el viceministro. En consecuencia, según Nureña y diversas investigaciones consultadas, las extorsiones se manejan como parte de un paquete de delitos contra el patrimonio o como un problema de seguridad ciudadana, sin tomar en cuenta las estructuras de organización criminal que presentan. En ese sentido, ante su potencial riesgo y demostrado alcance, deberían repensarse las estrategias antes de que sea demasiado tarde.
Para este informe, se solicitó al Poder Judicial el número de procesos pendientes y sentencias emitidas por el delito de extorsión en lo que va del año; sin embargo, pese a la confirmación de la solicitud y a haberse vencido el plazo establecido por ley, no han emitido respuesta alguna.
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