Por: María Morales Isla / Unidad LR Data
Publicado el 9 de mayo de 2022
En Perú, la brecha de acceso a la salud mental superaba el 70% antes de la pandemia, según un informe del Ministerio de Salud. Por ello, para mejorar la oferta, en el 2019 se promulgó una nueva ley sobre el tema (Ley n.° 30947), que propuso un enfoque comunitario y aprobó que las aseguradoras privadas incluyan tratamientos para trastornos mentales en sus pólizas.
A tres años de su promulgación, la oferta sanitaria aún arrastra grandes dificultades. Las aseguradoras no han cumplido con la medida, mientras que la atención pública no se da abasto. Desde el Estado, además, la salud mental enfrenta la reducción de su presupuesto, un déficit de profesionales y de centros comunitarios para atender la actual demanda de pacientes.
Sin seguros para la salud mental
Las personas aseguradas en servicios privados de salud recurren al Estado o a pagos externos para poder seguir un tratamiento, a pesar de que la ley vigente estipula que este sea incluido en las pólizas.
Eduardo Morón, presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), que reúne a aseguradoras privadas de Lima Metropolitana, sostiene que sí cubren casos de depresión, ansiedad, psicosis y adicciones. Sin embargo, asegura que para otras condiciones aún falta el desarrollo de la guía práctica clínica, que está a cargo del Minsa; sobre este aspecto, hace dos años informaron que solo requerían la actualización del Plan de Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), que se hizo en 2021.
En esa línea, enfatiza que las aseguradas están ejecutando mecanismos para resolver dicho vacío, pero “es complejo” porque solo pueden avanzar parcialmente, dado que la obligación es del ente rector.
“Las IAFAS (Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento) privadas vienen trabajando en ello activamente. Ya tienen contratos firmados con proveedores de salud mental y están buscando que la oferta de atención pueda ser más flexible, incluyendo la atención por telemedicina, para ampliar la cobertura de atención en ámbitos fuera de la capital”, sostiene.
Pero lo cierto es que la cobertura de Rímac, Mapfre, La Positiva y Pacífico Seguros, que forman parte de la Apeseg, no incluye el tratamiento de pacientes con trastornos mentales, tampoco el de personas drogodependientes, aunque este ítem sí forma parte del plan de salud mental.
Una revisión a Mapfre evidencia que solo sus planes trébol y familiar mencionan los servicios de salud mental. Sin embargo, al indagar en los términos y condiciones se observa la exclusión de las hospitalizaciones, los medicamentos y tratamientos por emergencia. Un panorama similar ocurre con las otras empresas de seguro privado.
Contradictoriamente, Morón señala que sí se atienden estas problemáticas en entidades prestadores de salud (EPS), las cuales brindan servicios a trabajadores. No obstante, reconoce que aún existen limitaciones. “El Minsa no ha cumplido con el reglamento. Si lo hace, aceleraría el proceso de implementación en EPS y empresas de seguros”, reitera.
Un centro comunitario para cada 158.000 peruanos
De acuerdo con el psicólogo Manuel Saravia, la situación de la salud mental ya era dramática, pues el 20% de la ciudadanía padecía de algún tipo de trastorno. Pero la cifra se ha incrementado con la pandemia de la COVID-19. Su ascenso se debe a la carencia de servicios públicos para 33 millones de peruanos y peruanas.
En efecto, en el “Plan de fortalecimiento de servicios de salud mental comunitaria 2018-2021”, el Minsa reconoce que se requieren alrededor de 315 centros comunitarios para atender a la población, es decir, uno por cada 100.000 habitantes. La meta era contar para el 2021 con 241. Sin embargo, a la fecha, solo se cuenta con 208 (1 por 158.000 personas). Todavía falta avanzar en un 34%.
Otro de los problemas es que, durante los últimos dos años, la mayoría de los centros comunitarios cerraron por la emergencia sanitaria. Por ello, en marzo de 2020, fecha en la que se declara la cuarentena, las atenciones cayeron significativamente, aunque se retomaron meses después de manera virtual. “No todas las personas tienen acceso a internet; los abordajes por teléfonos o vía zoom han sido limitantes”, agrega Saravia.
Por otro lado, en el caso de las personas que carecen de apoyo familiar y presentan un trastorno moderado, la normativa actual estipula su traslado a hogares protegidos, de los cuales solo existen 52 de los 241 requeridos. Además, según la Contraloría, un porcentaje de ellos no cumple con las medidas adecuadas; por ejemplo, el establecimiento Wiñay de Comas tenía una infraestructura precaria.
La nueva ley de salud mental está orientada al cierre del internamiento psiquiátrico, por lo que se prioriza la atención comunitaria y una hospitalización temporal por 45 días. Sin embargo, a la fecha, solo 31 hospitales están habilitados para recibir a estos pacientes. De esa cifra, los más especializados se encuentran en Lima: el Larco Herrera y el Hemilio Valdizán, así como el Instituto Nacional de Salud Mental.
Más demanda, menos presupuesto y déficit de profesionales
A la falta de infraestructura se suma la reducción del presupuesto y el déficit de profesionales. Para este año, el presupuesto institucional de apertura (PIA) en salud mental se redujo en 14% con respecto al año anterior, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La mayor reducción se observa en el monto destinado para el tratamiento de personas con trastornos mentales judicializadas —ciudadanos con procesos judiciales y/o penales por haber cometido un delito y que tienen un diagnóstico agudo o crónico—. En este caso, la disminución representa un 89%. Lo mismo sucede con la atención a pacientes con trastornos afectivos y de ansiedad tratados oportunamente, que sufrió una pérdida del 41%, sin importar que, según un informe de la Dirección de Salud Mental del Minsa, se atendieron 300.000 casos de ansiedad solo en 2021, una cifra que supera en 12% la etapa prepandemia.
En ese panorama, María Isabel León, especialista de la Defensoría del Pueblo, resalta que los recursos económicos destinados a la salud mental no logran superar el 2% del presupuesto total del sector sanitario. Este año, el monto representa el 1,95% de la cartera.
Asimismo, León resalta que esta desproporcionalidad en la asignación del presupuesto no tiene en cuenta que los problemas de salud mental son más frecuentes en la población, sobre todo ahora que siete de cada 10 peruanos o peruanas sufre de algún trastorno.
En tanto, Saravia lamenta la desidia de las autoridades, incluso en el panorama actual, en el cual existe un elevado número de personas con depresión o ansiedad. “No hay intención del Estado. (…) Debería haber un viceministerio de salud mental para que haya mayor presupuesto. ¿Cómo vamos a poder implementar un enfoque comunitario?”, agrega, en referencia también a la nueva ley.
Las brechas de acceso a la salud mental se incrementan por la falta de profesionales dedicados a esta área. Según el Colegio de Psicólogos del Perú, solo existen 30.000 psicólogos y 1.196 psiquiatras para toda la población, y la mayoría se concentra en Lima.
“Se mutila la labor del psicólogo clínico. Ya tenemos suficientes problemas por la falta de especialistas en psiquiatría. Hay muchas zonas del país que no cuentan con médicos psiquiatras”, resalta Saravia.
En 2020, el Partido Morado presentó un proyecto para modificar la ley a fin de que puedan ser incluidos los psicólogos, pero la propuesta fue archivada. Desde entonces, no hubo otra iniciativa.
La Defensoría señala que la desatención de la salud mental se debe a falta de políticas públicas. Ello se evidencia en el hecho de que no ha sido incluida dentro de la política nacional multisectorial de salud 2030 “Perú, País Saludable”. Además, según Saravia, aún no hay un plan nacional para este año.
El último plan es el destinado para el periodo 2020-2021, que supuso una modificación en el tratamiento de la salud por medio de la orientación virtual, a través de la línea 113.
La República intentó comunicarse con la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud para conocer sus medidas ante la brecha de acceso a servicios, pero no obtuvo respuesta.
