Por: Pamela Huerta Bustamante
Publicado el 30 de octubre de 2023
Desde que se declaró el estado de emergencia en San Juan de Lurigancho (SJL) se registraron 11 homicidios en sus calles. El crimen no se detiene, pese a la presencia de soldados, policías y medios de comunicación. Ahora, el distrito más poblado del Perú carga con el estigma de ser también el más inseguro.
“La verdad yo me siento insegura todo el tiempo. Tienes que esconder tus cosas hasta en el tren. No creo que haya cambiado algo con el estado de emergencia, siempre tienes que estar precavida”, advierte Melissa, una joven de 28 años que debe movilizarse fuera de San Juan de Lurigancho para estudiar y trabajar.
Pero esta realidad, aunque se constate en lo cotidiano, está muy alejada del reporte de datos oficiales. Según un análisis elaborado por LR Data, Miraflores es el distrito con mayor número de denuncias por delitos cometidos en proporción a su población, 2.768 denuncias por cada 100.000 habitantes solo entre enero y julio de 2023. Seguido por San Luis, Barranco, Lima Cercado y Jesús María. Mientras que San Juan de Lurigancho solo contabiliza 695 denuncias por cada 100.000 habitantes en el mismo periodo.
Para esto se analizó los reportes de denuncias por delitos en flagrancia, robo agravado, hurto, secuestro y extorsión. El resultado concuerda con el Boletín Estadístico Sectorial de la Policía Nacional del Perú (PNP) del primer semestre del 2023, que coloca a Miraflores, San Luis, Lima Cercado, San Borja y Barranco, en ese orden, como los distritos con mayor tasa de denuncias por delitos cometidos.
Esto no quiere decir que en San Juan de Lurigancho no exista un problema de inseguridad, sino que, más bien, no existen las condiciones para determinar cuál es la verdadera magnitud de este problema. Hablamos aquí de una cuestión mucho más compleja: la desigualdad.
Hay policías, pero mal distribuidos
En la comuna con más de un millón de habitantes, la inseguridad es solo un punto más de su larga lista de asuntos por resolver. La informalidad, la pobreza, la carencia de servicios básicos y la corrupción son problemas que San Juan de Lurigancho arrastra históricamente. La inseguridad es solo un reflejo de este rezago, en una sociedad que acoge a todos los que quieran salir adelante. Los migrantes, por ejemplo. Vengan de donde vengan, una provincia peruana o un país caribeño.
Jesús Maldonado Amao, alcalde de San Juan de Lurigancho, asegura que el principal problema de inseguridad que afecta a sus vecinos es el crimen organizado. Y que, para combatir este flagelo, más allá de un estado de emergencia, que poco a poco se va diluyendo, se necesita apuntar a una Policía más preparada y con más recursos
“Necesitamos que la Policía nos dé resultados en materia de investigación, e insisto con ello, porque el crimen organizado es lo que más problemas nos está generando. Eso tiene que extenderse al Ministerio de Justicia (Minjus) también, porque en el distrito tenemos dos penales que terminan funcionando como locales extorsivos. Muchas de las cosas que están sucediendo en nuestras calles se planifican desde los penales y eso poco se está atendiendo”, asegura el burgomaestre.
El Ministerio del Interior (Mininter) plantea que este contexto crítico de inseguridad —a nivel nacional— se debe, principalmente, al “déficit de policías” que existe en la institución.
“En todo el país, nos faltan un promedio de 50.000 policías”, precisó públicamente el ministro del Interior, Vicente Romero Fernández.
Para suplir esa deuda en los recursos humanos de la PNP se propone crear la Policía del Orden y Seguridad. Esta idea se sostiene, según el informe que presentó el Mininter ante el Congreso de la República, en que Perú solo cuenta 240 efectivos policiales por cada 100.000 habitantes, cuando lo que recomiendan los estándares internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es 300.
Proyecto de ley que plantea la creación de la Policía de Orden y Seguridad
Estas cifras serían falsas, o al menos estarían desactualizadas, ya que, según información proporcionada por Transparencia de la PNP, hasta julio de 2023 el país contaría con 126.367 policías, entre oficiales y suboficiales. Esto representa una tasa de 378 policías por cada 100.000 habitantes a nivel nacional. En Lima Metropolitana, que cuenta con 43.254 policías (35% del total), esto significa una tasa de 432 policías cada 100.000 habitantes.
Para analizar estas cifras aplicamos la fórmula del Observatorio Interamericano de Seguridad de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Según esta entidad, que analizó las cifras hasta el 2020, antes de que la PNP sufriera cientos de bajas por la COVID-19, la tasa era de casi 400 policías cada 100.000 habitantes.
¿De dónde salen las cifras que plantean la necesidad de un mayor número de policías? Solo lo pueden explicar la PNP y el Mininter. LR Data se puso en contacto con ambas instituciones para solicitar una entrevista, pero al cierre de esta publicación no pudieron atendernos.
La otra revelación que arrojó el análisis de datos es que en la capital hay una distribución desigual de policías. Volviendo a San Juan de Lurigancho, existe un déficit de, por lo menos, 2.000 policías para cubrir adecuadamente la seguridad de la comuna. Lo mismo que sucede en otros 24 distritos de similares características. Sin embargo, en jurisdicciones como Miraflores, San Isidro, Barranco, Magdalena o Jesús María, se supera la tasa establecida por los estándares internacionales.
A esto se le suma la situación de las comisarías y la cobertura que estas ofrecen. En Lima Metropolitana existen 113 comisarías, entre tipo A, B y C. Estas categorías determinan el número de personas que pueden cubrir en una determinada jurisdicción, 160.000, 80.000 y 40.000 personas respectivamente. San Juan de Lurigancho, Comas, Villa María del Triunfo, Ate y San Juan de Miraflores son los distritos con menos cobertura. En otras palabras, las comisarías que hay no dan abasto.
El verdadero problema
Rubén Vargas Céspedes, exministro del Interior y experto en tema de seguridad, afirma que cuando los gobiernos recurren al estado de emergencia para resolver la inseguridad, le están diciendo a la ciudadanía que no saben cómo enfrentar el problema. De este modo, utilizan la medida como una “receta mágica”, sacando de foco los problemas estructurales que desencadenan la inseguridad.
“Lo que tendría que considerar los aspectos estructurales de la seguridad es la implementación de un proceso de reforma policial, como el que se propuso en el gobierno de Francisco Sagasti. Ahí se recogió una propuesta integral, con componentes como infraestructura, logística, formación en las escuelas, etcétera. Eso tiene que ver con la decisión política de un gobierno que está bastante lejos del actual. Atender estos problemas estructurales es atender en serio el problema de inseguridad. Eso es lo que se tiene que hacer”, añade Vargas.
Esto significa que no se debería pensar en la inseguridad de San Juan de Lurigancho, Lima o el Perú, sin antes poner sobre la mesa las condiciones de desigualdad que los afectan. Manuel Dammert Guardia, sociólogo experto en temas de desigualdad urbana, considera que se evita esta discusión porque, en términos de comunicación política, resulta más eficiente anunciar medidas para combatir la inseguridad que ponerse a reflexionar sobre el contexto en que esta se reproduce.
“Cuando hablamos de desigualdad, el problema no es alguien externo; somos nosotros. Es el Estado y la distribución de recursos. Es la municipalidad que tiene más presupuesto que otra. Es mucho más fácil discutir cómo vamos a enfrentar un punitivismo penal en contra de los extranjeros (señalados constantemente como responsables de la inseguridad en esta coyuntura) que discutir cómo pensamos una mejor repartición de recursos municipales para desarrollar programas de seguridad a nivel local”, desarrolla el especialista.
El último 8 de octubre, en una de las zonas más exclusivas de La Molina, se descubrió una red internacional de trata de personas con fines de explotación laboral, que tenía a casi 50 extranjeros asiáticos en cautiverio. “En ese caso nadie se preguntó si este distrito era el más peligroso de Lima”, apunta el especialista. Y tampoco se pensó en declararlo en estado de emergencia.
Esto lleva a preguntarse cuáles son los parámetros técnicos que se utilizan para declarar a una jurisdicción en estado de emergencia. Cómo se piensan las estrategias para hacer que el estado de emergencia sea una medida eficiente y por qué, a pesar de que el ‘Plan Boluarte’ es el segundo que se pone en marcha para combatir la inseguridad durante el 2023 (antes fue el Plan Abanico Verde*), nada parece funcionar en contra del delito de oportunidad —robo de celulares, raqueteo, etcétera—, ni el crimen organizado.
“Esa es la gran tragedia en la que nos encontramos los peruanos en este momento. Estamos ante un gobierno que no entiende la naturaleza y la magnitud de la inseguridad, de la criminalidad”, afirma Rubén Vargas. Lamentablemente, advierte, sin una estrategia clara e ignorando los problemas estructurales de desigualdad, la situación solo podría empeorar con el tiempo.
*LR Data solicitó información sobre el Plan Abanico Verde a la PNP, pero esta ha sido negada en reiteradas ocasiones, pese a contar con una orden del Tribunal de Transparencia. Habiéndose vencido los plazos establecidos por ley, la institución policial continúa sin responder los requerimientos.