hero-image

Regiones ejecutaron solo un 31% del presupuesto para mejoramiento en infraestructura en salud

Con un 97% de hospitales en condiciones inadecuadas, el presupuesto de los últimos años no ha tenido mayores avances. Las regiones siguen sin ejecutar el monto total asignado en lo que va de este año.

 

Por: María Morales Isla / Unidad LR Data
Publicado el 27 de octubre de 2022

El Perú cuenta con más de 200 hospitales en funcionamiento, pero el 97% de estos presenta una capacidad insuficiente, según un reporte del Ministerio de Salud (Minsa) a diciembre de 2021. Es decir, casi todos registran una infraestructura precaria y un equipamiento obsoleto o inoperativo. La situación se agudiza en regiones, donde hay menos establecimientos. 

El problema responde a diversos factores, entre ellos la baja ejecución y asignación presupuestal. A tres meses de culminar el 2022, las regiones utilizaron solo el 31% del dinero destinado a mejoramiento y edificación de infraestructuras para el sector salud. 

Presupuesto y ejecución

Una revisión al presupuesto destinado a infraestructura reveló su preocupante asignación y ejecución. En 2020 y 2021, el monto para construcciones en salud —que comprende a centros y hospitales— disminuyó por la pandemia de la COVID-19. En esos años, el gasto alcanzó el 62% y 51%, respectivamente. Esas cifras no varían considerablemente con respecto al  2019 (50%) y 2018 (58%), en tanto que no se logra utilizar en su totalidad.

No obstante, en 2022, el dinero asignado aumentó en comparación con los dos últimos años, aproximadamente unos 251.000 soles más que en 2021. Para este año, las regiones hicieron uso de solo un 31%. Esto es, no se ejecuta la mitad del dinero total, lo que en la práctica implica que los proyectos no serán terminados.

Si observamos la información a detalle, Ica registra un menor gasto con apenas 1% de un presupuesto de 61 millones de soles, según el MEF. La región cuenta con siete proyectos de mejoramiento y fortalecimiento en establecimientos de salud, pero uno fue ejecutado en su totalidad. Se trata de la adquisición de un tomógrafo y la remodelación del ambiente complementario en Nazca. El resto no muestra mayores avances.  

Continúan Amazonas (4%), Piura (9,7%) y Loreto (11%), las cuales, a su vez, presentan menos establecimientos de salud a nivel nacional. Su asignación  fue de más de 100 millones para cada una, un poco más que Ica, pero menor en comparación a otras regiones. En tanto, a nivel de ejecución, San Martín reporta un avance de 64%, porque sus obras en su mayoría son remodelaciones y su presupuesto es de unos 5 millones de soles, muy por debajo del resto. Por otro lado, Junín (60%) y Ayacucho (35%) son las únicas que tienen altos montos asignados y una ejecución considerable.  

En ese panorama, existe una desigual atención a las funciones en salud a nivel regional, situación que afecta a los habitantes de cada región, más aún cuando existen pocos establecimientos.   

LR Data intentó comunicarse con los Gobiernos regionales de Tacna e Ica, pero al cierre de este informe no tuvo respuesta. 

Sin planificación nacional

Por otro lado, si bien los proyectos señalados permiten mejoras en los establecimientos de salud, se trata solo de obras focalizadas o estratégicas, en su mayoría en el primer nivel de atención. En el “Diagnóstico de brechas en infraestructuras del sector salud (2022)”, el Minsa reconoció que este tipo de proyectos no logran cerrar la brecha por ser obras de menor alcance.

Los datos revelan también que hay una asignación y ejecución desigual en la infraestructura destinada para mejoramientos o edificaciones. Alberto Barrenechea, economista en salud, asegura que la baja ejecución responde a las acciones de las autoridades gubernamentales, debido a que estas optan por realizar ampliaciones o edificaciones que implican un menor periodo de tiempo. Es decir, los hospitales no son una prioridad por ser proyectos de larga ejecución.   

En esa línea, el exministro de Salud Víctor Zamora enfatiza que el dinero no gastado regresa al Ejecutivo y nuevamente se asigna para el próximo año, incluso con menor cantidad. 

Los especialistas advierten también que la falta de gasto responde a otros factores, como la judicialización de la obra, los problemas legales de los contratistas y la elección de las autoridades. A ello se suma la inestabilidad política.

Hace solo unos días, el entonces ministro Jorge López fue cesado del sector salud tras una denuncia de ‘pitufeo’. Con su salida, la cartera suma su cuarto titular en poco más de un año. En tanto, según la Consulta Amigable del Ministerio de Economía (MEF), el Minsa ha gastado un 50% en lo que respecta a mejoramientos y construcción de edificaciones. La unidad ejecutora con menor gasto es el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (11%). 

El exministro de Salud señala que la creación de una unidad ejecutora encargada únicamente para la infraestructura contribuirá a una mejor planificación.

“La infraestructura en salud debería seguir un plan de inversiones porque no todas las provincias o regiones necesitan hospitales especializados. La mayoría solo necesita hospitales generales. Pero esto debería estar escrito en un plan; eso no existe. No tenemos una herramienta que nos diga dónde invertir”, agrega.

Sin embargo, ya existe el Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis) del Minsa, encargada de esa materia.

En ese aspecto, el Minsa informó a este medio que el Pronis solo tiene bajo su responsabilidad menos del 50% de las obras en salud en el país. Asimismo, destacó que la mayoría recae en los Gobiernos nacionales y locales. En estos últimos, como han advertido los especialistas, las autoridades priorizan proyectos de menor envergadura, lo que dificulta el avance. 

Atendidos en la precariedad

La desidia de las autoridades sobre la baja ejecución presupuestal se refleja en la precaria e inadecuada infraestructura a nivel nacional. Una revisión al panorama estatal da cuenta de que a la fecha existen 261 nosocomios en el país; sin embargo, casi todos se acercan al 100% de capacidad inadecuada, incluyendo en su mayoría a Lima, que tiene 47 hospitales (18% del total).

En el caso de las regiones, La Libertad (27) y Puno (15) son las que registran un mayor número de centros hospitalarios, pero son a su vez las que tienen un alto nivel de capacidad inadecuada. El resto cuenta con menos de 10 hospitales.

Según el “Diagnóstico de brechas en infraestructuras del sector salud”, ya se había proyectado que, en 2021, cerca del 95% presentaría una capacidad inadecuada —manifestada en la precariedad de la infraestructura, equipamiento obsoleto, inoperativo o insuficiente—. Pero lo cierto es que en ese mismo informe se reconoce que la cifra se incrementó a 97% para ese año.

Lo anterior se agrava en regiones como Madre de Dios, que cuenta con solo dos nosocomios para una población de 188.075 habitantes. Una situación similar ocurre en Tacna (2), Tumbes (3) y Ucayali (3), en donde todos los centros hospitalarios han sido catalogados con capacidad inadecuada.

En el mismo informe, el Minsa argumenta que los factores que incidieron en incrementar la brecha estuvieron relacionados con la pandemia de la COVID-19, que ocasionó la paralización o los retrasos de los proyectos. Así, se señala a la emergencia sanitaria como el principal motivo.

Si bien la situación se agudizó con la pandemia, lo cierto es que la brecha en infraestructura tiene un largo historial sin soluciones concretas, como se ha evidenciado con la ejecución presupuestal de los años anteriores.

Barrenechea reconoce que la emergencia sanitaria perjudicó el avance de los proyectos y los recursos en esta materia. Sin embargo, afirma que los retrasos no han cambiado con las alternancias de gobiernos, al margen de la COVID-19.

“No se puede cubrir todas las necesidades de las regiones. No se pueden presupuestar. Por eso, se hace un tira y afloja entre el gobernador y el Ministerio de Economía”, agrega. 

Ante esa falencia, se asigna el presupuesto para algunos proyectos de mejoramientos o construcciones de hospitales o infraestructura en salud. Pero, aun así, estos no están a tiempo por la escasez de dinero o problemas legales, mientras que los pacientes continúan a la espera.