Por: Gloria Purizaca Moscoso / Unidad LR Data
Publicado el 18 de noviembre de 2022
El sábado 5 de noviembre, una embarcación con 70 personas fue retenida por casi 30 horas como protesta de la comunidad Kukama ante la inacción del Estado peruano para remediar la contaminación ambiental producida por los derrames de petróleo en Loreto. El último gran suceso, ocurrido el 16 de septiembre en el kilómetro 42+092 del Tramo I del Oleoducto Norperuano (ONP) a cargo de Petroperú, contaminó la quebrada de Cuninico, distrito de Urarinas, y se extendió hasta el río Marañón.
El derrame de septiembre se suma a una serie de infracciones medioambientales cometidas por la empresa estatal en el Oleoducto Norperuano. Según la investigación “La sombra del Petróleo”, se han registrado 474 derrames en los lotes petroleros de la Amazonía y el ONP desde el 2000 hasta el 2019. De estos, 94 ocurrieron en el oleoducto norteño.
LR Data accedió a los registros de las faltas cometidas por Petroperú en la zona del conducto petrolero desde el 2000 hasta junio del 2022. Así, encontró que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) impusieron 66 multas a la empresa estatal, que ascienden a 23.704,21 UIT.
De acuerdo a los datos entregados por OEFA, de las 66 sanciones que se impusieron, solo se pagaron 21, mientras que 38 están impagas y hay una multa parcialmente cancelada. Es decir, del total de multas monetarias, aún faltan abonar 4.778,21 UIT, lo que equivale a casi 22 millones de soles. No obstante, Dorian Choque, director del estudio DChoque Rojas y asesor legal de Puinamudt, remarca que al ser una empresa estatal, este dinero tendrá que salir del bolsillo de todos los peruanos. Eduardo Guevara, ex presidente de Petroperú, lo refuta e indica que las multas de la compañía estatal se pagan con los ingresos que esta genere.
Cuatro de las infracciones recibieron sanciones debido a que Petroperú no realizó acciones de mantenimiento, causas por las que ocurrieron derrames de petróleo que dañaron la flora y fauna del lugar, así como también la salud de las personas que viven en la zona. Ello a pesar de que existe la ley N.º 30993 del 2019, que declara de interés nacional la consolidación y modernización del Oleoducto Norperuano. Choque lamenta que no haya hechos evidentes y concretos de que se venga cumpliendo esa modernización.
Petroperú comunicó a LR Data que, “en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y bajo la supervisión y fiscalización de los organismos técnicos competentes, se ejecutan labores de mantenimiento en la estructura del ONP” pese a lo mencionado líneas arriba.
Asimismo, del total de sanciones impuestas, solo cinco no se apelaron ni se pidieron reconsideraciones. Lo que llama la atención es que, de las 61 apelaciones y reconsideraciones restantes a OEFA, 32 multas fueron disminuidas. La menor fue la reducción sobre el total del monto de 0,01 UIT, mientras que la mayor fue de 1 997,36.
Choque explica que, cuando se agotan los recursos a nivel administrativo, las empresas sancionadas judicializan los casos. Petroperú inició seis procesos, uno de los cuales se resolvió a su favor en el 2019. Así, quedó sin efecto que pague 49 millones de soles por dos derrames de petróleo ocurridos en el 2016 en Chiriaco (Amazonas) y Morona (Loreto).
“Te vas dando cuenta de que la flexibilidad hacia las empresas es tan grande que por eso tenemos tantos pasivos, tantos derrames mal atendidos”, asegura Mario Zúñiga, coautor de la investigación “La sombra del Petróleo”.
El último derrame de petróleo se extendió desde la quebrada de Cuninico hasta el río Marañón, dejando a las comunidades de los alrededores sin agua ni alimentos por la contaminación. Foto: Twitter Petroperú
En tanto, en 44 de las 66 sanciones se determinaron la responsabilidad administrativa, pero sin la imposición de una medida correctiva. Es decir, se aplicó la multa, más no acciones para corregir los efectos nocivos en el medioambiente.
“Mi hipótesis es que las medidas correctivas son más caras que las sanciones que se les ponen. Las medidas correctivas son de remediación, es decir, tienes que hacer algo para revertir la situación del impacto. Empieza el procedimiento administrativo sancionador (...) y el juez establece la medida correctiva o una multa de tanto monto. La empresa puede decir: ‘Ok, esto es inapelable y cumplo’, pero normalmente las empresas no lo hacen”, aclara Zúñiga.
A ello se agrega que las leyes peruanas también se pueden usar a favor de las empresas extractivas. Choque cuenta que, debido a que no hay un límite de sanciones acumuladas para que una compañía ya no vuelva a contratar con el Estado, estas siguen cometiendo infracciones, solo pagan sus multas y luego continúan explotando los recursos.
Desde el área de prensa de OEFA detallaron que estos castigos monetarios sirven para financiar las acciones de fiscalización ambiental de dicho organismo, pero no para la reparación de daños ejercidos hacia el medio ambiente.
Las medidas de protesta adoptadas llevaron a que se acuerde una mesa de diálogo con diferentes actores del Gobierno peruano para el X14 de noviembre, aunque esta no se logró realizar en dicha fecha. Juan Balmaceda, asesor legal de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap), informó que fue reprogramada para el 19, poco más de dos meses después de ocurrido el desastre ambiental y a dos semanas de la retención de pasajeros.
Responsabilidad ante los derrames de petróleo
Ante la fuga de crudo de septiembre, Petroperú comunicó a través de su cuenta oficial de Twitter que “fue resultado de un corte intencional de 21 cm al oleoducto”. La empresa estatal argumentó que, en los últimos 10 años, el 63% de las contingencias fue por cortes intencionales, 12% por fenómeno geodinámico, 15% por interferencias eléctricas y 7% por aspecto técnico. En la misma línea, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, acusó a comuneros indígenas de ejecutar este tajo.
Sin embargo, esta no es la primera vez que la compañía pública de hidrocarburos realiza esta afirmación. En la zona ocurrió un derrame de cerca de 2.500 barriles de petróleo en junio del 2014, ante lo cual alegaron el mismo motivo que el señalado por el de septiembre. No obstante, el OEFA resolvió en el 2015 que la responsabilidad es de Petroperú ante la ausencia de mantenimiento de la compañía estatal al ONP.
“Esta narrativa del sabotaje es tan perversa como infundada y lamentablemente tiene una serie de impactos negativos concretos y potentes para las comunidades”, explica la investigación.
En efecto, el documento detalla que la responsabilidad sobre la gran mayoría de derrames “recae sobre las operadoras, sea porque ocurren fallas operativas o por falta de medidas preventivas y predictivas que conllevan procesos corrosivos en la infraestructura petrolera”.
De acuerdo a las cifras que presentan, el 49,4% de los derrames ocurridos en el Oleoducto Norperuano es producto de la corrosión de los ductos y de fallas operativas, mientras que un 34,8% es causado por terceros. El 15,7% restante se debe a causas naturales.
“Hablar de derrames por terceros no puede ser equiparado a decir derrames causados por las comunidades indígenas, aun cuando esta es la lectura mediática y que guía las acciones de Petroperú y de algunas instituciones estatales”, indica la investigación. “No es fácil determinar quiénes son estos terceros”, recalca Eduardo Guevara.
El estudio también cita un informe del Congreso elaborado en 2017 en el que vinculan a estos denominados “terceros” a las empresas contratadas encargadas de intentar remediar el daño. La comisión denunció que podrían existir casos de colusión entre estas compañías, lo cual devela que existirían intereses aún más grandes detrás de los derrames de crudo, los cuales no benefician en absoluto a un medioambiente cada vez más perjudicado.
“El petróleo nos está dejando una deuda ambiental. Podemos hablar de beneficios monetarios de las ventas de los hidrocarburos, pero —cuando comparas y valorizas el impacto ambiental en términos de valorización ambiental— la comparación es sumamente inequitativa”, concluye Mario Zúñiga.
Respuesta a Petroperú
Actualización al 23 de noviembre
La empresa estatal Petroperú envió el último martes 22 de noviembre un documento para solicitar la rectificación de determinadas partes del presente informe. Ante ello, respondemos sobre cada uno de los puntos expuestos en su carta.
Sobre la expresión “la inacción del Estado peruano para remediar la contaminación ambiental producida por los derrames de petróleo en Loreto”, la compañía estatal afirma que “carece de sustento fáctico y resulta contraria a la verdad”. Expresamos, en respuesta, que son de conocimiento público las declaraciones brindadas por diferentes apus de las comunidades indígenas de la zona a diferentes medios de comunicación. Estos sostienen que las autoridades estatales no han atendido sus demandas a raíz del derrame de petróleo.
Para esta respuesta, se contactó a la presidenta de la Organización de Mujeres Nativas del Marañón (Orgamunama), Sara Vásquez, quien confirmó que el pedido de las comunidades al Estado es “remediación del derrame de petróleo, salud, educación, alimentos y agua permanente”.
“Esta medida, que se da por segunda vez, es por los constantes derrames de petróleo que se vienen dando en las comunidades nativas. (…) Hemos ido a la embarcación para informarles (a los turistas) por qué se está haciendo esto: por la desatención del presidente”, declaró el apu Watson Trujillo a RPP el 4 de noviembre. A ello añadió: “Ninguna autoridad se ha comunicado con nosotros, solo la Defensoría del Pueblo”.
Asimismo, Petroperú detalla en su carta que el informe habla sobre “supuestas inacciones a cargo de PETROPERÚ para atender el derrame”, cuando a lo largo de la publicación no se emite tal afirmación, pues no se menciona siquiera si la compañía realizó o no la atención inmediata del esparcimiento del crudo. Cabe precisar que, el 18 de septiembre de 2022, la Defensoría se pronunció sobre este hecho a través de sus canales oficiales y solicitó “acelerar e intensificar las acciones de contención y limpieza”. “En supervisión en la zona afectada, advertimos insuficientes acciones desplegadas en Cuninico”, acotó la entidad.
De igual manera, la institución manifiesta que el párrafo en el que se indica que “el derrame de septiembre se suma a una serie de infracciones medioambientales cometidas por la empresa estatal” busca “confundir al público sobre la responsabilidad en el origen de los eventos que se han producido en el transcurso del presente año en el Tramo I del ONP”. Ante ello, tal como se menciona en el texto publicado por LR Data, las sanciones señaladas en el informe no corresponden solo a hechos de este año, sino a un total de infracciones identificadas por el OEFA desde que este fue creado hasta el 2022.
Igualmente, detallan que “no existe responsabilidad alguna” de Petroperú debido a las diligencias realizadas por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), que especifica que el derrame fue producto de un corte en el ducto. LR Data contactó al fiscal de la FEMA Nauta-Iquitos, Felix Castro, quien detalló que el caso fue declarado complejo y aún sigue en investigación preliminar. Es decir, aún no hay una sentencia firme que exima de toda responsabilidad a la empresa estatal ni la determine como culpable.
El texto elaborado tampoco asegura que Petroperú haya responsabilizado a las comunidades indígenas de los cortes. Cuando se mencionan a los terceros, no se hace referencia a esta población, sino a personas no identificadas, tal como Petroperú y los informes de investigación detallan. Incluso se incluye la declaración del expresidente de la compañía, Eduardo Guevara, quien asegura que es complicado determinar quiénes son estos terceros.
Más bien, se cita la investigación “La sombra del petróleo” —elaborada por Oxfam y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos con base en datos del OEFA y Osinergmin— para resaltar que esta narrativa se ha usado para casos en que luego se ha determinado la responsabilidad de Petroperú, como en el derrame ocurrido en el 2014 en Cuninico, tal como también lo cita una publicación de Mongabay del 19 de julio del 2017.
Asimismo, en dicho estudio se incluyeron algunas conclusiones del “Informe multipartidario del Congreso de la República para determinar las responsabilidades de los funcionarios y personas naturales e instituciones públicas y privadas que resulten responsables por los derrames de petróleo ocurridos en el Oleoducto Norperuano”, en el que vinculan a estos terceros a las firmas contratadas para realizar la limpieza de derrames.
Sobre el dinero con el que se pagan las multas, la cita del abogado Dorian Choque se contrarresta con lo explicado por Guevara, que mantiene una posición contraria a la del hombre de letras.
Con esta respuesta, la Unidad LR Data de La República cumple con responder a la carta GCRI-1524-2022 y aclarar cada punto expuesto por Petroperú. Reiteramos y reafirmamos nuestro compromiso como medio periodístico a seguir investigando e informando sobre las diversas problemáticas que afectan a la ciudadanía.
