Por: María Morales Isla / Unidad LR Data
Publicado el 6 de junio de 2022
Este martes se publicarán las listas oficiales para las Elecciones Municipales y Regionales 2022. Sin embargo, el resultado no será una sorpresa, debido a que la mayoría de partidos presentó listas únicas. En ese escenario, Perú Libre espera ocupar 23 de 26 Gobiernos regionales con candidatos sentenciados y acusados.
Una revisión de LR Data detectó que los postulantes cumplieron penas por peculado y difamación. Asimismo, otros ocuparon puestos en Gobiernos regionales vinculados a casos de corrupción. A ello se sumó la presencia de clanes familiares en la región Apurímac, maestros sancionados y aspirantes que no brindaron información financiera sobre sus campañas políticas.
Los especialistas responsabilizan a las “élites partidarias” o “dueños” de partidos por la opaca y escasa oferta electoral. Además, insisten en que la labor del Congreso en contra de las reformas electorales fomenta un escenario propenso a reproducir Gobiernos con corrupción.
Los perulibristas sentenciados y denunciados
Perú Libre presenta 48 postulantes a gobernadores y vicegobernadores regionales, quienes están agrupados en listas únicas —excepto en Lima, donde figuran dos candidaturas—. De ese número, un grupo cuenta con antecedentes judiciales y penales.
En Áncash, el aspirante a vicegobernador Virgilio Leopoldo Huerta Jara fue sentenciado por peculado en 2002, con una pena de un año en modalidad suspendida. Además, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sancionó a Huerta por no brindar información sobre el financiamiento de su campaña. Él acompaña la candidatura de Ana María Rueda López, quien se afilió este año y no presenta antecedentes políticos, según el Registro de Organizaciones Políticas del JNE.
Una situación similar tiene lugar en Apurímac, donde Ynocencio Willer Taipe Huamani encabeza la lista para el Gobierno regional. Taipe tuvo un proceso por el delito de omisión a la asistencia familiar. Este hecho llegó al Tribunal Constitucional, el mismo que declaró infundado su pedido para librarse de la condena.
Otra de las críticas hacia el mencionado aspirante surge por su relación con el exgobernador de Apurímac David Salazar Morote, quien fue sentenciado a 3 años de prisión suspendida por irregularidades en la obra de saneamiento y desagüe en el distrito de Ongoy en 2009. En ese suceso estuvo involucrada Nelly Callalli Caytuiro, quien —de acuerdo con el medio regional Radio Titanka— es esposa de Taipe Huamani.
Pero sus vínculos no terminan allí. Su hermano Anastacio Taipe Huamani también ha sido procesado por delito de peculado, con prisión suspendida de 3 años. Además, Jacinto Taipe Huamani, su otro hermano, figura como candidato para el municipio de Aymaraes. Ellos son tíos de la actual congresista de Perú Libre Elizabeth Taipe Coronado.
En ese panorama, Jorge Jáuregui, especialista en materia electoral y exvocero del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), resalta que los dueños de las organizaciones políticas deciden la oferta electoral, los cuales no necesariamente están regidos por una lógica democrática, motivo por el que existen listas únicas en elecciones internas o agrupaciones políticas integradas por amigos o familiares. “Si hablamos de un partido así, estamos observando organizaciones con un poder centralizado, caudillista, como si fueran empresas. Eso no es lo ideal de un partido”, acota.
Del mismo modo, José Tello, presidente del Instituto de Derecho Electoral, enfatiza en que los partidos o movimientos regionales manejan y califican a sus candidatos, debido a que la intervención del Jurado Electoral Especial se realiza tras contar con las listas oficiales. En este caso, es probable que se tache a aspirantes con sentencias activas o proscritas, ya que la norma prohíbe sus postulaciones.
Existen otros delitos que rodean a los candidatos de Perú Libre. El postulante al Gobierno Regional de Arequipa Vladimir Huaranca fue denunciado por encubrir la violencia sexual que sufrió una miembro del partido. El hecho ocurrió presuntamente en la fiesta de cumpleaños del mencionado y aún está en investigación.
Por otro lado, en Ayacucho, Rosa María Muñoz Pizarro lleva como vicegobernador a Julián Huamaní Flores, acusado de negligencia administrativa en el desempeño de sus funciones como director del Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado (Prider).
En Cajamarca, la fórmula electoral es liderada por Jorge Ramón Spelucín Aliaga, quien estuvo detenido en el penal de Huacariz en 2015 tras ser juzgado con una prisión preventiva de 6 meses. Spelucín fue acusado de usurpación agravada y desobediencia a la autoridad en paros indefinidos. Además, fue investigado por bloquear carreteras y ocasionar disturbios, los cuales dieron origen a otros procesos por delitos de extorsión y entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, según las fiscalías provinciales.
En su mayoría, las listas son encabezadas por hombres, mientras que las mujeres son aspirantes a vicegobernación. En Huancavelica, la candidata Herlinda Betzabe Almidón Romero fue procesada por el Gobierno regional por la presunta comisión del delito de peculado. Ella, junto a otros directores educativos, debía ejecutar los gastos de mantenimiento de las instituciones públicas; sin embargo, no realizó dicha acción y tampoco rindió información sobre los gastos.
La cuna de Perú Libre tampoco escapa a las acusaciones. En Junín, el actual gobernador regional Fernando Pool Orihuela Rojas busca continuar en el cargo a pesar de que presenta 10 investigaciones por delitos contra la administración pública, entre ellos el caso La Gran Familia. Es preciso recordar que, según investigaciones fiscales, en la gestión de Cerrón y Orihuela se favoreció con contrataciones por más de 5,2 millones a empresas proveedoras que serían miembros de la familia de Orihuela.
Aunque en la mayoría de regiones predominan los candidatos únicos, en Lima existen dos listas, pero los voceados para el Gobierno y el vicegobierno regionales han sido procesados. La primera está conformada por Mariela Prado Linares, quien no cuenta con historial partidario ni penal, y Víctor Vilca Uribe, condenado a 2 años de prisión por difamación. La segunda incluye a Jorge Andrade Julca, sentenciado por delitos contra el patrimonio. Él está acompañado de Ysabela Cabrel Nonato, afiliada este año y sin antecedentes judiciales.
Con respecto a los acusados, Jáuregui aclara que la norma no prohíbe sus candidaturas debido a la presunción de inocencia. No obstante, su presencia evidencia la falta de idoneidad y democracia al no optar por candidatos sin antecedentes penales o judiciales.
Según Tello, los partidos políticos consideran que pueden poner a cualquier postulante, precisamente por la ausencia de control de la ciudadanía. “No nos deben presentar a cualquier improvisado”, agrega.
Los cuestionados y sancionados
Existe un grupo de candidatos que, si bien no cuenta con sentencias, ha sido criticado por ciertas irregularidades en la ocupación de cargos públicos.
En Huancavelica, el aspirante a vicegobernador Ángel Chancha Cabrera ya se desempeñó en el puesto de alcalde en 1995 y de director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de la región. En este último obtuvo una sanción y un cese temporal por vulnerar el principio de lealtad y obediencia, luego de que no acatara dos resoluciones emitidas por el gerente regional de Huancavelica, con los cuales el Gobierno regional cambiaba a dos funcionarios de la UGEL.
En Huánuco, la docente Mercedes Ramos Villanueva fue denunciada en 2019 por los padres de familias por no asistir a clases durante un mes. Ellos señalaron que la entonces maestra priorizó realizar su campaña política. A ella la acompaña Harry Falcón Mallqui, sancionado por el Jurado Nacional de Elecciones tras no brindar información financiera acerca de su campaña.
Del mismo modo, Yeni Prado Cucho, candidata al Gobierno de Ica, fue sancionada por el JNE por no indicar el financiamiento de su postulación.
Los especialistas coinciden también en la importancia de brindar información sobre los financiamientos de campaña, ya que define el escenario político. “En estas elecciones, por la forma que ha establecido el Congreso, vamos a ver que se van a reproducir gobernadores con tramas de corrupción”, sostiene Jáuregui.
Para el Gobierno de La Libertad, Perú Libre presenta a Adolfo Valverde Calipuy, quien estuvo a favor de ampliar la ley de formalización minera, la misma que fue cuestionada por favorecer la minería ilegal. Incluso se reunió un grupo de congresistas para promoverla. Valverde proviene, además, del partido político Avanza País, en el que permaneció hasta el 2020.
Entre los aspirantes también figuran opositores de Pedro Castillo y Dina Boluarte. Uno de ellos es Saúl Sánchez Santos de Cusco, quien solicitó la expulsión del presidente y la vicepresidenta por no seguir el programa de Vladimir Cerrón. Del mismo modo, en Lambayeque, Humberto Heredia Morales pidió al mandatario que renuncie a su militancia en Perú Libre.
No obstante, hay dos postulantes que buscaron ocupar cargos públicos en la gestión de Pedro Castillo. Este es el caso de Julio Adolfo Iruri Dávila y Natalia Jiménez Velásquez, candidatos de Puno y Tumbes, respectivamente. Iruri Dávila envió una carta al ministro de Vivienda, Geiner Alvarado, en la cual se propuso para el viceministerio de la cartera. Por su parte, Jiménez Velásquez fue designada como directora de Provías Descentralizado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero fue cesada por no cumplir con la experiencia solicitada.
Con una oferta electoral escasa, Jáuregui enfatiza en la necesidad de mejorar el sistema electoral, el mismo que es diseñado a medida del Congreso con las contrarreformas aprobadas. Además, alega que el mecanismo de las elecciones internas se vio afectado tras la suspensión de las primarias.
En tanto, Tello increpa a la ciudadanía que investigue y sea más crítica con sus funcionarios y candidatos. De ese modo, agrega, los partidos evitarán imponer a cualquier candidato.
La República intentó comunicarse con los voceros de Perú Libre, pero al cierre de este informe no obtuvo respuesta.
