El gran problema es que la Ley de Pasivos Ambientales Mineros nació deforme y desde 2004 ha tenido varias modificaciones. El primer texto contenía vacíos legales que permitieron a las empresas evadir su responsabilidad. Así lo resalta Julio Mejía Tapia, abogado constitucionalista y experto en temas ambientales, quien explica que esta norma jurídica permitía que las empresas mineras renunciaran a sus derechos mineros para así evitar la recuperación de los pasivos. “El Estado asumirá progresivamente los pasivos ambientales en abandono de los titulares no identificados o de aquellos que cancelen su derecho a (de) concesión minera”, decía el artículo 5.

“Este párrafo tuvo vigencia de un año, pero fue suficiente para que la gran mayoría de las empresas mineras se acogieran y se desentendieran de los pasivos que generaron”, acota Mejía. Hasta hoy, el Estado no puede hacerlas responsables. En mayo de 2005, el Gobierno tomó nota del error y el texto fue modificado al señalar que, aunque las mineras perdieran su derecho minero, seguirían siendo responsables de los pasivos. Además, ahora estas deben presentar planes de cierre, con el fin de no seguir incrementando los residuos.

Adicionalmente, otro problema es que no se está cumpliendo su función de detectar todos los pasivos mineros del país. El especialista Alejandro Berrospi calcula que deben existir más de 15.000. “En los últimos años se ha descuidado la detección de más pasivos alegando problemas de presupuesto, pero es una política de Gobierno no seguir fiscalizando”, añade.

“Hablamos de décadas con empresas mineras sin ninguna regulación. Muchos de los pasivos se generaron antes de 2004 y las empresas que explotaron se acogieron al primer texto de la ley, otras ya se fueron o cambiaron de nombre para seguir operando", apunta Berrospi. Además, las instituciones que no lograron aprovechar el vacío iniciaron juicios contra el Estado para evadir su responsabilidad. Por este motivo hay 204 pasivos en litigio.

Con los años, la ley fue mejorando, pero aún tiene debilidades que permiten que los residuos mineros sigan contaminando. Así lo resalta un estudio realizado en 2019 por la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas. Como una forma de invocar la buena voluntad de las empresas mineras, el Gobierno incluyó una cláusula de “remediación voluntaria” de los pasivos. Pero no ha funcionado porque, como destaca con desánimo el especialista de la Red Muqui, nadie se ha acogido a esta figura.

Otro vacío que detectó la CEPAL es que el Gobierno no ha asumido plenamente la responsabilidad de remediar los pasivos mineros. Especialmente a la hora de poner dinero. Solo permite que los fondos para la ejecución de proyectos de remediación provengan del aporte de contribuciones privadas o en casos extremos de transferencias extraordinarias del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La CEPAL recomienda que se apliquen otras medidas para eliminar los residuos contaminantes. Como, por ejemplo, obras por impuestos, incremento de presupuesto público, un impuesto especial para pasivos mineros o la asignación de una parte de las multas por contaminación. También sugiere incentivos a las mineras para que hagan remediación.

Lo que sí ha dado algunos resultados es la reutilización y el reaprovechamiento de los pasivos mineros. En estos casos, las empresas pueden extraer mineral de los residuos, como darle una última exprimida para sacar el jugo, a la par que se comprometen a cerrarlos en forma paulatina. El problema es que estas están adquiriendo más derechos y algunas ya operan a pleno extrayendo rocas de las montañas para expandir su labor en el sector.

El Ramis, una serpiente de agua tóxica

De entre todas las regiones del Perú, Puno es la que tiene más tasa de irresponsabilidad, pues, en el 97,7% de los pasivos, el Gobierno no ha podido señalar a la empresa contaminadora. Además, es la tercera región con más pasivos contaminantes, después de Cajamarca y Ancash.

En Puno, el Ramis es el río que tiene más problemas. Desde el cielo se asemeja a una serpiente, reptando entre los Andes peruanos por más de 300 kilómetros. Viaja desde la cima del apu Ananea al Titicaca —el lago navegable más alto del mundo— y cruza ocho de las 13 provincias de la región altiplánica, como se le conoce por su ubicación a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y al igual que este reptil, las aguas del río son tóxicas y, como un veneno perpetuo, matan de a pocos a las comunidades que viven cerca a sus orillas.

Animales que enferman o mueren luego de beber, niños que se rascan la piel después de bañarse, bebés que nacen con males congénitos, reducción de las cosechas y desaparición de especies acuáticas son algunas de las consecuencias que se presentan por la contaminación de esta cuenca enferma debido a las operaciones mineras ubicadas en la cima de los apus.

Puno también concentra varios problemas socioambientales por temas mineros. En esta región, la Defensoría del Pueblo detectó ocho conflictos solo en este año. Además, la pobreza y la desnutrición son alarmantes. En un informe de 2021, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) alertó que 17 de cada 100 niños sufren de desnutrición crónica y el 76% de los menores de 3 años tiene anemia.

Desde un puente colgante en la comunidad campesina San Isidro, ubicada en el distrito de San Antón (Azángaro), Jesús Turpo observa con nostalgia al Ramis. Recuerda que, de pequeño, él y sus amigos se bañaban en las aguas y atrapaban truchas para comer. Este hombre de piel cobriza, curtida por el frío y por el radiante sol, es vicepresidente de la comunidad San Isidro y afirma que hay dos fuentes de contaminación.

La primera es La Rinconada, una zona tomada por mineros artesanales informales que escarban el cerro en busca de oro. Utilizan insumos como el mercurio y el arsénico para separar el metal precioso de la roca. La otra es San Rafael, una mina antigua comprada por Minsur SA en los años 70 y ubicada en el distrito de Antauta. En su momento, la empresa se comprometió a cerrar varios pasivos, pero ha mantenido depósitos de desechos, a los que se conoce como pozas de relaves, de donde obtiene estaño, un metal usado en los aparatos electrónicos.

Minsur SA pertenece al Grupo Breca, conglomerado empresarial liderado por la familia Brescia-Cafferata, dueña del 90% de las acciones del banco BBVA Continental y su aseguradora Rimac, así como de hoteles y otros intereses en los sectores de la construcción y la industria pesquera. También cuenta con varios denuncios y operaciones mineras en el Perú. La principal es la mina San Rafael, a la cual han posicionado como tercer productor de estaño en el mundo y como miembro del Consejo Internacional de Minería y Metales.

El vicepresidente Turpo también cuenta que, en la época de lluvias, Minsur, que opera la mina San Rafael, y los mineros informales de La Rinconada dejan salir sus relaves que se confunden con las aguas de las torrenteras que bajan de las montañas. Prueba de ello son los Estudios de Calidad de Aguas (ECAs) que realiza la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en la cuenca del Ramis. Se puede verificar que metales pesados como el arsénico, manganeso, hierro, aluminio, plomo o cobre sobrepasan los niveles permitidos para el consumo humano y el de animales. Igual pasa con la acidez de las aguas, que ha provocado la desaparición de especies acuáticas, como la trucha y las ranas.

Hoy, Minsur ha expandido sus operaciones en San Rafael y abre la montaña para extraer y pulverizar rocas con el fin de obtener más estaño. En este caso existe una contradicción de la empresa: en una infografía publicada en su web señala que usan azufre y arsénico, que son nocivos para la salud; no obstante, para este trabajo periodístico envió un comunicado asegurando que utiliza alcoholes y otros compuestos orgánicos que no contaminan.

Esos residuos de la poza de relaves, sin embargo, son tratados y vertidos a la quebrada Chogñacota, que luego se une con el río Antauta y este, a su vez, se junta con el Ramis a unos 15 kilómetros. De acuerdo con estudios que la ANA hizo en esta zona, los niveles de pH (acidez de las aguas), así como de oxígeno disuelto, aluminio, cobre, hierro, manganeso, y hasta sulfatos y nitritos, estuvieron fuera de los máximos permitidos para la salud de las personas e incluso la bebida de animales. Por algún motivo, la zona dejó de ser evaluada por la ANA desde 2015. Este medio no pudo obtener respuesta de esta institución al respecto.

Ahora Minsur realiza sus propias evaluaciones de calidad de agua en la quebrada Chogñota y asegura que no están contaminadas. Envió sus informes para esta investigación periodística. “Se hacen con laboratorios autorizados. Las aguas sirven para el uso agrícola, pero para el consumo humano requieren tratamiento previo", indicó en una entrevista Pedro Maguiña, jefe de Asuntos Ambientales de la empresa.

Turpo está preocupado por las consecuencias que provoca la contaminación en su pueblo. Dice que los niños son quienes más se suelen bañar en el río Ramis y terminan con rasca rasca (ardor en la piel). Además, los peces y las ranas han desaparecido, además de que la producción de papa también se ha reducido. “Este es un río muerto. Nada vive. Ya no hay truchas ni ranas. Ni siquiera sapos”, lamenta el vicepresidente mientras muestra en sus manos el fango verdoso que reposa en el fondo del río. Cuando los animales lo pisan, terminan con llagas en las patas. Él debe lavarse las manos con jabón para evitar que se irriten.

Los comuneros de San Isidro han vivido con toda esta contaminación durante años y sufren las consecuencias. A las enfermedades de la piel y la muerte de los animales hay que añadirle la afectación a la agricultura. Ellos viven de la producción de Chuño (papa deshidratada), pero —debido a la contaminación— la obtención ya no es la misma, pues la mitad de las plantas se pudren antes de cosechar. Además, antes sumergían la papa en el río para hacer el chuño, pero al estar contaminado deben subir a las montañas en busca de pequeños ojos de agua que no permiten la elaboración en grandes cantidades.

Pablo Soncco, enfermero del centro de salud, dice que cada año los niños presentan cuadros más severos de diarreas, alergias y otros males, como anemia y desnutrición. Además, cuenta algo más grave: desde hace cinco años estos nacen con males congénitos y no viven más allá de unos días. “Uno nació sin fosas nasales, otro sin un ojo, una sin boca y hace dos años un bebé sirena, con las extremidades inferiores pegadas. Eran madres gestantes de San Isidro, que fueron enviadas al hospital de Azángaro”, explica.

De acuerdo con el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), en la provincia de Azángaro se han registrado 29 muertes de recién nacidos por males congénitos desde 2017. Todos en pueblos por donde fluye el río Ramis.

El médico del centro de salud del distrito de San Antón Máximo Mamani también cuenta de otros dos casos de menores que nacieron sin dedos o con estos pegados entre sí. “Están vivos, pero sus familiares no quieren que se sepa. Pasó hace pocos años”, dice.

Ambos especialistas coinciden en que se debe realizar un estudio a fondo para determinar el nivel de relación entre todos estos males y el río contaminado. Advierten que es un factor determinante, puesto que la afectación es un hecho innegable. Así lo señala también el Plan de Acción para la Prevención y Recuperación Ambiental de la Cuenca del lago Titicaca, realizado en el 2020, el cual concluye que "los resultados del monitoreo de calidad del agua, en el ámbito de intervención, evidencian concentración de metales pesados y metaloides en diferentes puntos de los ríos afluentes del lago Titicaca asociados a la composición geológica local, la presencia de pasivos ambientales y el desarrollo de actividades mineras". Uno de esos ríos es el Ramis.

Asimismo, muchos comuneros consumen esa agua tras ser sometida a un tratamiento de potabilización, pero este solo elimina las bacterias, ya que los metales pesados permanecen. Los pobladores piden exámenes de orina y sangre en los niños, con el fin de conocer el daño real que les ocasiona al organismo.

Minsur: común denominador

La mañana del 23 de junio del 2011, Paulina Luicho convocó a sus paisanos para ir a protestar contra la contaminación del río Ramis. Ella es dirigente de la comunidad Catuyo Condoriri (distrito de San Antón), en la provincia de Azángaro, en Puno. Ese año, cuenta, el afluente no dejó de bajar con un tono rojizo, signo del daño por relaves. Los animales que consumían el agua morían en unos días y los comuneros enfermaban.

Cansados, los comuneros de la cuenca del Ramis reclamaron con el fin de que las autoridades nacionales y regionales los escucharan. El paro se realizó en la ciudad de Juliaca, eje del comercio en la región Puno. Así lo recuerda Paulina, una anciana de 70 años vestida con ropa abrigadora para protegerse del frío de la tarde. Rememora que fueron miles los que llegaron hasta Juliaca ese año. La tarde del 24 de junio, la protesta se intensificó y los pobladores decidieron acudir al ingreso del aeropuerto Inca Manco Capac con el fin de tomarlo y así presionar a las autoridades para que los escucharan.

Allí, la Policía los esperaba e intentó replegarlos con bombas lacrimógenas, disparándoles con escopetas de perdigones de goma. Al ver la masa de manifestantes, algunos efectivos no dudaron en desenfundar sus pistolas y disparar a quemarropa. El resultado fueron seis comuneros asesinados y más de 30 heridos.

Paulina, al igual que todos los que declararon para esta investigación periodística, acusa a La Rinconada y a Minsur como los principales contaminadores. Explica que la comunidad Catuyo Condoriri construyó piscigranjas donde criaban truchas, pero la contaminación del río terminó matando el proyecto de desarrollo de la comunidad. De pie y con la mirada triste, observa la infraestructura abandonada hace ya varios años.

“El agua contaminada mató todas las truchas, la vida de nuestro río. Aquí teníamos piscigranjas y comíamos trucha, pero la contaminación acabó con todo. Por eso protestamos en junio del 2011. Mataron a comuneros. Fuimos hasta Lima, pero nadie nos soluciona hasta el momento. A mí me golpearon en la pierna y desde entonces siempre me duele”, narra Paulina en quechua, la lengua de los incas.

Las empresas mineras del Grupo Breca no solo aportan en la contaminación de la cuenca del Ramis. De acuerdo con el catastro minero, sus subsidiarias Compañía Minera Raura, Compañía Minera Barbastro, Minera Sillustani, Minera Carabaya y otras más pequeñas son titulares en la tercera parte; es decir, 307 (33,5%) de los 916 pasivos mineros ubicados en Puno. De ellos, 22 han sido calificados con riesgo alto y muy alto, y están ubicados en las cuencas de los ríos Putina, Huancané y Cabanillas, que también desembocan en el lago Titicaca.

Al respecto, Minsur niega todo. Mediante un escrito asegura: “No existe ningún problema real de contaminación y mucho menos en San Antón”, ubicado a 40 kilómetros de la operación minera. Además, afirma que San Rafael “es la mina de estaño con los mayores estándares ambientales en la industria a nivel mundial”. La empresa señala que realizan evaluaciones permanentes con laboratorios certificados y las aguas que vierten son aptas para el uso agrícola, pero deben ser tratadas para el consumo humano. También alega que es fiscalizada de forma permanente por las autoridades de materia ambiental. “(Nuestras operaciones) no registran procesos sancionadores relacionados con contaminación ambiental”, dice la firma.

Esto último no es cierto. Minsur acumula siete sanciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por sus trabajos en la mina San Rafael. Cuatro de estas fueron aceptadas por la misma compañía, pero solo pagó alrededor de 100.000 dólares de multas por dos operaciones. La multa más grave fue por exceder los límites máximos permitidos en calidad del agua, que data de 2011, y pagó alrededor de 50.000 dólares. En el resto de los casos, las autoridades fiscalizadoras fueron indulgentes y la empresa no tuvo mayor sanción pecuniaria.

Otra pena impuesta contra Minsur fue por el abandono de la remediación de pasivos. Esta infracción fue detectada en 2015, luego de que un equipo del OEFA supervisara la zona donde la compañía se comprometió a remediar. La resolución de sanción 628-2018 de esta entidad fiscalizadora indica que la empresa debió cerrar dos montículos de tierra removida. Pero, en cambio, los habría trasladado hacia otra zona. La empresa apeló, pero la entidad pública ratificó su decisión. El problema es que la minera simplemente no pagó un centavo por esta falta, desde el Gobierno solo lo amonestó por escrito, advirtiéndole que no reincidiera.

En el distrito de Santa Lucía, en la provincia de Lampa, Minsur es titular de la Unidad Minera Santa Bárbara, donde se ubican nueve pasivos. Si bien la empresa adquirió la mina con los residuos, existía el compromiso de remediarlos, pero hasta el momento no ha cumplido. Prueba de ello es que siguen listados por el Ministerio de Energía y Minas como pasivos que persisten. Es más, de acuerdo con el documento, Minsur no figura como responsable de remediarlos. En verdad, los pasivos están abandonados.

Al respecto, desde la empresa respondieron lo siguiente: “Se trata de una mina que Minsur adquirió como parte del paquete con San Rafael. Se trataba de una operación en declive que dejó de operar en los 90 y cuyo cierre minero concluyó hacia fines de esta década. El cierre se realizó de acuerdo a ley y fue aprobado por el Minem. Cabe señalar que el campamento minero fue entregado a la comunidad a solicitud de esta”.

Otros pasivos que Minsur se comprometió a solucionar se encuentran en la Unidad Minera Regina, ubicada en el distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina. Allí existen 18 pasivos mineros que no han sido solucionados por su subsidiaria Minera Sillustani SA. Se trata de relaves, bocaminas, plantas de procesamiento, desmontes, entre otros. La principal comunidad afectada es Condoraque. De acuerdo con el reporte del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, la empresa se comprometió a resolver primero los pasivos, para luego iniciar sus labores de exploración.

Sin embargo, esos pasivos siguen contaminando los ríos Putina y Huancané, que desembocan en el Titicaca. El problema es que Minsur se ha negado a remediar más allá de lo que se comprometió con el Estado peruano cuando compró la mina, lo que mantiene el conflicto vivo. Los comuneros de Condoraque denuncian que siguen bajando aguas con relaves por los afluentes.

Sobre este tema, la empresa respondió: “Minsur adquirió, a través de su subsidiaria Sillustani SAC (hoy Cumbres del Sur), esta operación en el año 2006, que era considerada como uno de los pasivos ambientales más graves en el Perú. Desde el 2014, luego de cerrar negociaciones con las comunidades, se inició el cierre de pasivos, invirtiendo a la fecha un aproximado de US$ 30 millones para lograr una remediación que ha sido considerada como un caso emblemático de buena gestión de cierre. Cabe señalar que este espacio no ha sido operado en ningún momento por Minsur o sus subsidiarias, pues el primer compromiso era remediar lo que las operaciones anteriores habían dejado”.

Vale resaltar que Sillustani SAC también tiene sanciones por abandono de la remediación de pasivos mineros y excesos en los límites máximos permisibles de la calidad de las aguas. Y solo ha recibido sanción pecuniaria en una, por un valor aproximado de 24.000 dólares. [Respuesta documentada de Minsur SA]

Lenta remediación de los pasivos

Durante 40 años, la comunidad campesina de Cari Cari vivió contaminada por bocaminas, desmontes y pozas con residuos que abandonaron mineros informales. Guillermo Gonzales es el presidente de este pueblo y recuerda que, en cada temporada de lluvia, la contaminación empeoraba.

“La lluvia cargaba las pozas, se desbordaban y contaminaban el río Illpa, que llega hasta el lago Titicaca. Aquí ya no hay peces ni sapos. Muchos comuneros se fueron porque los animales morían o abortaban. Aquí criamos vacas para leche y carne, pero ya no es igual que antes”, cuenta este hombre de 60 años señalando un grupo de casas y un complejo. Allí, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, viven las 40 familias que no han migrado y que aún insisten en vivir en Cari Cari.

Mientras sube hasta lo que era una bocamina que usaban los mineros para extraer rocas de las entrañas de una montaña, Gonzales recuerda que los mineros llenaban unas pozas gigantes donde aplicaban mercurio y otros insumos tóxicos para obtener oro y plata. Estos depósitos estaban a menos de 200 metros de las casas de Cari Cari.

Hace 10 años, los comuneros decidieron acudir al Minem. Alguien les informó que podían lograr la remediación de los pasivos mineros, pero no sabían mucho sobre el procedimiento. Se organizaron y lograron que el ministerio tomara su caso. Tuvieron que juntar el poco dinero que les generaba su ganadería para viajar hasta Lima y realizar las gestiones. En 2016, la institución aprobó la remediación. “Aunque solo para nosotros. Ríos abajo hay otros pueblos afectados, pero el Minem dice que solo puede ayudarnos a nosotros, porque somos comunidad campesina. Los otros son privados”, explica Gonzales.

En 2006, a pedido del Minem, se creó la empresa estatal Activos Mineros SAC (AMSAC) con el fin de remediar pasivos mineros. Su gerente de Operaciones, Ysmael Ormeño Zender, explica para esta investigación periodística que, en Cari Cari, el primer paso fue elaborar un expediente para determinar lo que debían remediar. En total encontraron 24 pasivos, entre bocaminas, desmontes y pozas de desechos tóxicos. La intervención real inició en 2020, con un presupuesto de unos 10 millones de dólares. AMSAC contrató al Consorcio Santo Toribio para esta labor, que recién finalizó en julio, pues la pandemia de la COVID-19 obligó a paralizar por algunos meses. AMSAC realizará monitoreos por cinco años más.

Este caso de remediación en Cari Cari es una excepción entre tantos pasivos detectados oficialmente por el Gobierno. De acuerdo con su memoria anual 2021, hasta ese momento, AMSAC apenas había intervenido 958 pasivos en todo el país, lo que representaba el 12,5% de todo lo encontrado por el Minem y el 6% de los más de 15.000 pasivos que la Red Muqui estima que existen en el Perú. El resto siguen abandonados y contaminando los ríos.

En Puno, AMSAC también interviene otros 135 pasivos que pertenecen a la exunidad minera Esquilache, en el distrito de San Antonio, al sur de Mañazo. En suma, la empresa estatal está remediando solo 159 de los 958 pasivos que existen en toda región altiplánica.

Ormeño Zender acepta que el trabajo de remediación es lento y explica que no depende de Activos Mineros, sino del Minem, ya que son los funcionarios del ministerio quienes determinan la política de remediaciones, de acuerdo al riesgo y a la necesidad. Sin embargo, también depende de si las comunidades reclaman o no. “Como dice el dicho: guagua que llora mama. Si no hubiésemos ido a tocar las puertas del ministerio, creo que seguiríamos igual”, explica Guillermo Gonzales ya en la cima del cerro. Allí el Consorcio Santo Toribio está terminando de cubrir con tierra y rocas el depósito donde aislaron los pasivos ambientales.

Mientras una retroexcavadora nivela la tierra que va dejando un volquete, el ingeniero Jorge Velarde, representante de la empresa, explica que al finalizar los cerros tendrán nuevamente ichu, una especie de pasto andino, y la vegetación silvestre que existía antes de las operaciones mineras. Activos Mineros realizará el monitoreo poscierre durante cinco años. Luego, las tierras volverán a manos de la comunidad, pero posiblemente no podrán cultivar jamás productos alimenticios, como la avena o la cebada, que sirven de forraje para sus animales.

El ingeniero Velarde explica que, al haber encapsulado los pasivos mineros para aislarlos del suelo, queda una mínima posibilidad de que alguna vez puedan filtrarse; por ello es que estas tierras no deben usarse para cultivar. Además, resalta que el objetivo de la intervención no es entregar áreas de cultivo, sino recuperar el paisaje que existía antes de que se realizaran las operaciones mineras.

Fuera de esto, el panorama en Cari Cari ha cambiado drásticamente. Las fotos del antes y después hechas con drones revelan cómo ha mejorado el aspecto de la comunidad. Guillermo Gonzales tiene la esperanza de que la remediación les permita mejorar sus condiciones de vida. Al menos durante la obra, la empresa contrató a un comunero por cada familia para que laboraran como obreros. Ellos mismos han construido canales alrededor del área intervenida, cuyo fin es que, en la época de lluvias, las torrenteras que se forman no destruyan lo remediado.

El problema, dice Gonzales, con un poco de tristeza, es que aún persisten denuncios mineros dentro y alrededor del pueblo. Pedro Brescia Moreyra, uno de los dueños del Grupo Breca y dueño de Minsur, también tiene concesiones de minas en esa zona. Aunque no queda claro si alguna vez se animará a iniciar una operación en esta industria. “No queremos más mina. No tendría sentido que hayamos puesto tanto esfuerzo en recuperar la naturaleza para luego permitir un nuevo proyecto minero que podría volver a contaminarnos”, señala Gonzales mientras camina por el campo de ichu que sembraron sobre lo que antes eran pasivos. Sueña con el día en que recuperarán la producción ganadera que tuvieron antes de la minería.

Para este informe se solicitó entrevistas a los representantes de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y al Viceministerio del Ambiente. Sin embargo, nunca respondieron.