Por: Pamela Huerta Bustamante / Unidad LR Data
Publicado el 17 de diciembre de 2022
El Perú atraviesa una crisis política e institucional grave y el punto de quiebre es la violencia que se disgrega. Algo que ya se advertía en los escenarios de conflictividad social. “Hay una tendencia al crecimiento de la conflictividad social en el Perú y especialmente de los hechos de violencia”, afirma Rolando Luque, adjunto para la prevención de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo. Según un análisis de LR Data, hay hasta un 70% de mesas de diálogo que fueron antecedidas por algún hecho de violencia entre enero y noviembre de 2022.
Pero el diálogo no es una varita mágica que aparece de repente, sino un mecanismo que surge de la crisis para atender una demanda. El problema es que una vez resueltos los conflictos, los acuerdos previstos no se cumplen o se cumplen parcialmente. La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) reporta que el 45,48% de acuerdos obtenidos en procesos de diálogo no se cumplen.
El epicentro de los compromisos incumplidos es el sur
El conflicto social es un proceso complejo que plantea demandas colectivas de diversa índole y que suelen tener dinámicas poco predecibles. Es decir, si bien su desarrollo no es un hecho violento en sí mismo, este puede alcanzar un punto crítico en cualquier momento. Por ello, los procesos de diálogo sirven para prevenir o solucionar. Actualmente, hay 107 conflictos sociales que se encuentran en procesos de diálogo, de acuerdo al último reporte de la Defensoría del Pueblo. Esto representa el 65% de los 161 casos activos contabilizados a nivel nacional.
Sin embargo, el real problema de los procesos de diálogo es el incumplimiento de los acuerdos que se asumen en la resolución del conflicto social. Según el consolidado histórico de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD) de la PCM, entre el 2011 y septiembre de 2022, de 5.756 acuerdos derivados de espacios de diálogo, 2.618 están abiertos y 3.138 cerrados. Aunque cabe aclarar que los acuerdos cerrados no necesariamente han sido atendidos, sino que también pueden haberse incumplido, desestimado, redefinido o renegociado.
Estas definiciones de análisis generan un problema de ambigüedad en la lectura de los datos, por lo que la Defensoría del Pueblo analizó las cifras entre el 2010 y el 2019, determinando que el 54,5% de los compromisos asumidos se incumplieron. Así, la institución advirtió que se pueden debilitar los espacios de diálogo, afectar la legitimidad de las entidades estatales y profundizar la desconfianza del ciudadano hacia el Estado, con posibilidad de abrir las puertas al reinicio de acciones colectivas de protesta que podrían intensificarse a partir de la frustración colectiva.
Entre enero y septiembre de este año, hay 637 nuevos compromisos asumidos en mesas de diálogo, según Willaqniki, una publicación de trazabilidad de la PCM. De estos, 324 (50,8%) se contrajeron en el sur del país, una zona conformada por las unidades territoriales (UT) suroeste (Arequipa, Moquegua y Tacna), sureste (Apurímac, Cusco, Madre de Dios, Puno) y el corredor vial sur (CVS). Asimismo, del consolidado histórico de 2.655 compromisos abiertos entre el 2011 y septiembre de 2022, hay 1.169 (44%) que esperan ser resueltos en esta misma zona.
Fausto Torres, dirigente de la Federación de Comunidades Campesinas y Agropecuarias de Apurímac (FERCCAPA), tiene experiencia en mesas de diálogo y está convencido de que ese es el camino para resolver los conflictos sociales. Sin embargo, ha visto también que las autoridades no responden las solicitudes de los ciudadanos si no es hasta que se produce una situación crítica. Un ejemplo claro de ello es lo que viven sus paisanos en Cotabambas, quienes están en constante fricción con la minera MMG La Bambas.
“En Cotabambas, las comunidades son afectadas por la actividad minera. Ellos solo están pidiendo que la empresa y el Gobierno cumplan con sus compromisos. Existen mesas técnicas, mesas de diálogo, pero no están dando resultados”, afirma el dirigente campesino de 73 años, a quien el Ministerio Público le notificó que si las manifestaciones políticas en contra del gobierno de Dina Boluarte llegan a alcanzar a la minera Las Bambas, sería procesado por disturbios, robo y hasta homicidio.
Fausto Torres se identifica como luchador social desde los 15 años y sabe que el escenario político afectará los procesos de diálogo avanzados. “Se paralizan. Como federación hace tiempo que pedimos que atienda nuestras demandas, pero con cada cambio de ministro los avances vuelven a cero. Ahora será peor”, indica.
Para el adjunto de la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque, el diálogo —mal que bien— sigue funcionando en el Perú. “El pueblo en general tiene todavía la expectativa de resolver pacíficamente los problemas a través del diálogo. Lo he podido observar personalmente en el caso de las comunidades nativas de la Amazonía”, señala.
La violencia no debería servir para nada
En los últimos días, se han oído llamados al diálogo repetidas veces, como si se tratara de una varita mágica que no necesita una trayectoria previa para definir sus condiciones. Las autoridades y la opinión pública han apelado a este mecanismo para intentar enrumbar la crisis que implosiona al país, sin tomar en cuenta que muchas veces son antecedidos por hechos de violencia. Muestra de ello son los conflictos sociales.
En el Perú, los indicadores de conflictividad social han ido en aumento en los últimos años. A noviembre de 2022, hay 221 conflictos sociales. Loreto, Cusco y Apurímac son las regiones con mayor incidencia. En estos se plantean demandas de proyectos de inversión pública (PIP) como construcción de carreteras, electrificación, agua o saneamiento. También mejores servicios de salud, educación o medioambiente. Pedidos catalogados como servicios básicos, pero que para un sector mayoritario de la población nacional son anhelos por los que deben luchar.
Un hecho resaltante es que de los 107 conflictos sociales que se encuentran en procesos de diálogo, 73 pasaron a esta etapa después de un hecho de violencia. Esto es el 68,2% del total. Sucede a efecto del hartazgo ciudadano por no ser escuchado, atendido o reivindicado. Pero no se llega ahí de un momento a otro, pues lo preceden, por ejemplo, acciones colectivas de protesta. En el último mes, se han registrado 361 a nivel nacional. Estas se desarrollan dentro del marco legal, pacíficamente, pero pocas veces logran hacer eco de sus demandas.
“Aún no tenemos las cifras anuales; sin embargo, lo que se observa ahora es una tendencia al crecimiento de la conflictividad social en el Perú y especialmente de los hechos de violencia. Hay una agitación social cada vez mayor que puede obedecer a que el Estado va perdiendo autoridad debido, principalmente, a los cambios constantes de funcionarios públicos que generan incertidumbre y afectan la confianza de los procesos de diálogo”, declara Rolando Luque.
Para Giselle Huamaní, especialista en análisis y resolución de conflictos, el hecho de enfrentar escenarios de violencia antes que el diálogo como primera opción tiene origen en la falta de herramientas para expresarnos y, sobre todo, escuchar al otro.
“No somos una sociedad que haya aprendido a utilizar los procesos de diálogo de una manera madura y temprana. No somos entrenados desde jóvenes a hacer valer nuestra palabra y a utilizarla con persuasión. Tenemos que recuperar esa capacidad en nuestro ejercicio democrático y rechazar la violencia de todos lados”, indica.
Aclara además que, así como hay violencia espontánea, también existe violencia organizada. “Esta también puede venir del Estado que a veces se excede y no es proporcional con el uso de la fuerza”, precisa. Otro elemento a resaltar, añade, tiene que ver con la edad de los actores, “porque el manejo emocional de la frustración por parte de determinados grupos generacionales es algo que se debe tomar en cuenta”.
La conflictividad social ha dado señales anticipadas de lo que vivimos actualmente a causa de la crisis política y nadie quiso verlas, así lo interpreta Rolando Luque en representación de la Defensoría del Pueblo. “Cada vez era más frecuente que los temas políticos no se canalizarán por los procedimientos institucionales, sino que tuvieran expresiones —en algunos casos violentas— en varias zonas del país”, refiere. En otras palabras, es consecuencia de una serie de hechos desafortunados que por lo menos se remontan al 2016. Por ello, es necesario entender que, así como debe condenarse la violencia en cualquier circunstancia, esto debe hacerse analizando la raíz de la misma y así, aprender de la historia para evitar repetirla.
