Por: Pamela Huerta / Unidad LR Data
Publicado el 16 de junio de 2022
En el 2002 se incluyó por primera vez a nuestro sistema electoral la cuota indígena, una medida que establece que por lo menos el 15% de candidatos en las listas a consejo regional y regiduría provincial pertenezca a una comunidad indígena o campesina. De este modo se buscó promover la participación y representación de estos ciudadanos en los asuntos públicos del país. Sin embargo, tras cuatro procesos electorales (2006, 2010, 2014 y 2018), solo 440 de 8.796 autoridades subnacionales electas pertenecían a un pueblo originario, un promedio del 6% en todo el país.
Se plantea entonces un serio cuestionamiento a esta cuota, ya que, a 20 años de ser aprobada, no logra garantizar la representación. Según un análisis de Maritza Paredes en el libro “Representación política indígena” (2015), el problema radica en si esta medida debe aplicarse en las listas de postulantes o en los cargos de elección, debido a que, ante la falta de regulaciones en la actual norma, los partidos políticos incluyen candidatos indígenas o campesinos solo como “relleno”; es decir, en posiciones relegadas.
Los últimos de la lista
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) indicó que, en las ERM del 2018, de 1.038 candidatos indígenas que postularon a consejerías regionales, 764 fueron ubicados en la segunda mitad de sus listas. En el caso de las regidurías provinciales, de 2.800 aspirantes, 1.032 fueron colocados en el tercer tercio de sus listas. Así, los partidos políticos reducen sistemáticamente las posibilidades de que los postulantes indígenas o campesinos puedan ser elegidos. Al estar en medio de un nuevo proceso electoral, los datos analizados para este informe nos confirman que esta situación se volverá a repetir.
Los registros del JNE arrojaron que, para las próximas ERM 2022, de 2.309 precandidatos nativos para consejo regional, solo 394 tienen el número uno de lista. La situación en las regidurías provinciales es aún más crítica, ya que apenas 167 de 3.008 candidatos encabezan una lista. Cabe mencionar que estos números se reducirán aún más cuando se culminen los filtros institucionales correspondientes. Para Nelly Aedo Rueda, jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, estas ‘sacadas de vuelta’ a la norma no permiten que cumpla su objetivo.
“Hemos observado algunas situaciones que no facilitan que este mecanismo se aplique de manera eficiente y permita una mayor promoción de los derechos. En primer lugar, se suelen poner las candidaturas indígenas en los últimos lugares de las listas de candidatos. Incluso, cuando estaba vigente la cuota joven, mujer e indígena, advertimos que, con una sola candidatura, por ejemplo, de una mujer indígena joven, podían cumplirse las tres cuotas. Eso es hacer trampa y no cumplir la finalidad para la que se ha diseñado esta cuota”, explicó.
Asimismo, precisó que debe considerarse que en todas las regiones donde se aplica se incrementó el número de representantes para consejo regional y regiduría provincial. “No es que el candidato indígena le está quitando un escaño definido para la población general, sino que se ampliaron los escaños con el fin de que se pueda contar con esta medida afirmativa”, agregó.
Democracia sin representación
En el Perú, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 25,8% de la población se identifica como parte de un pueblo indígena andino o amazónico. Pese a esto, su representación en cargos de elección popular sigue siendo ínfima. La principal consecuencia bajo este contexto es una falsa democracia en la que personas ajenas a las realidades de dichas comunidades terminan tomando decisiones en su nombre.
El JNE, consultado por La República para este artículo, señaló que la representación de este sector poblacional es fundamental para mejorar las condiciones estructurales en las que se encuentran y que los colocan en la postergación.
“En un régimen democrático, todas las voces deben estar representadas. Siendo un país pluricultural con 55 pueblos originarios, la posibilidad de contar con autoridades indígenas permitirá no solo una representación descriptiva, sino sustantiva, y que existan oportunidades en las que las demandas de este sector importante de la ciudadanía se vean reflejadas en medidas y políticas públicas que cierren las enormes brechas de desigualdad social, económica y política aún persistentes”, afirmó la entidad.
Para apuntar en este camino no existe otra forma que modificar el marco normativo. Los intentos por cambiar la Ley de Elecciones Regionales (N.° 27683) se han presentado, entre el 2016 y 2017, hasta en tres oportunidades al Congreso de la República. La respuesta en todas aquellas ocasiones fue la misma: la indiferencia. El consejo directivo, presidido por la excongresista fujimorista Luz Salgado Rubianes, acordó archivar todas las propuestas. El último intento fue en el 2017, con el Proyecto de Ley N.° 2098 presentado por el JNE. Se buscaba modificar el artículo 8 de esta norma al plantear que el cálculo de la cifra repartidora sea de manera diferenciada para candidatos indígenas y no indígenas.
Sistema discriminatorio
Tania Pariona Tarqui, excongresista y lideresa indígena quechua, aseguró que los cambios requeridos no se han concretado porque la discriminación se encuentra arraigada en nuestro sistema político. Esto se puede sustentar en la encuesta “Percepciones y actitudes sobre diversidad cultural y discriminación étnico racial” del Ministerio de Cultura (2018), que evidenció que el 58% de peruanos considera que los indígenas andinos y amazónicos son discriminados por su forma de hablar, lengua y vestimenta.
“Estamos todavía ante un Estado racista, aunque a mucha gente le cueste creer. Tenemos un estamento de poder como el Parlamento, que ha tratado a los pueblos indígenas como aquellos que no merecen estar ahí y que ya tienen garantizadas sus voces porque ellos (los no indígenas) llegaron”, expresó Pariona a este medio.
Apuntó, además, que las agrupaciones convocan a aspirantes indígenas o campesinos solo para cumplir con el requerimiento legal y administrativo de la cuota, y no porque piensen en la representación subnacional de los pueblos. “Son escasísimos los partidos políticos que realmente consideran que la representación indígena es fundamental para la democracia y el ejercicio de nuestros derechos políticos como ciudadanos y ciudadanas”, aclaró.
Cambiar las cosas respecto a la representatividad de las comunidades indígenas y campesinas, afirmó Pariona, pasa no solo por hacer variaciones en la norma, sino también por modificar los paradigmas en la formación política. Mientras tanto, la cuota indígena confirma que no es una medida garante para la representación de los pueblos originarios. Esto parece no importarle mucho al Congreso de la República, menos aún a los partidos políticos que instrumentalizan a los ciudadanos indígenas al ubicarlos en lo recóndito de sus listas de candidatos.
