Por: Pamela Huerta Bustamante / Unidad LR Data
Publicado el 9 de julio de 2022
El último 16 de junio, el Congreso de la República aprobó por insistencia la Ley 31494, que reconoce a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural (CAD) y los incorpora en el sistema de seguridad ciudadana. La norma modifica el marco legal vigente para otorgar nuevas y cuestionadas prerrogativas; no obstante, esta sería inconstitucional y abriría la puerta al paramilitarismo, de acuerdo a diversos especialistas que se han pronunciado públicamente en contra.
Si bien son organizaciones reconocidas por el Gobierno desde 1991 y están facultadas para emplear armamento civil en zonas declaradas en estado de emergencia, el dilema en la aprobación de esta nueva ley es que se desvirtúa su origen, ya que los CAD aparecen a modo de resistencia en medio del conflicto armado para asignarles funciones en el control del orden interno.
La Defensoría del Pueblo manifestó que es necesario contar con un nuevo marco legal, pero que este no puede ir en contra de la Constitución Política vigente. “Resulta inaceptable, dado que se faculta a estas organizaciones civiles a un mayor uso de armas de fuego y se les traslada la responsabilidad estatal de garantizar la seguridad ciudadana. Esto supone concederles atribuciones propias de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF. AA.)”, advirtió.
Paramilitares
No resultaría ser un gran problema si la norma en discusión se limitara al reconocimiento de los CAD. Contrario a eso, permite la creación de nuevos en las mismas condiciones que hace 30 años. En otras palabras, puede facilitar el origen de grupos paramilitares por todo el país, que —en el cumplimiento de sus funciones— podrían adquirir armas al apelar al artículo ocho de la nueva ley.
Actualmente, existen 915 Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural acreditados por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CC. FF. AA.) y se ubican en las regiones de Junín, Ayacucho, Huancavelica y Cusco, según informó el Ministerio de Defensa (Mindef) a La República. Esta parte del país es conocida como Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) y tiene provincias y distritos que se encuentran en estado de emergencia desde hace más de 10 años.
La nueva norma los reconoce en su tercer artículo como “organizaciones civiles, pacíficas y democráticas de las comunidades campesinas, nativas y centros poblados rurales, surgidos espontánea, libre y voluntariamente”. Con aquel marco legal vigente, podrían incrementarse a más de 77.049, número de centros poblados rurales existentes a nivel nacional, de acuerdo al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).
Para Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), esta norma representa la claudicación del Gobierno en su tarea de resguardar el orden interno del país. “Esta norma genera paramilitarismo. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en la selva central? Tienen colonos, cocaleros, traficantes de tierras, mineros ilegales y otros que están empezando a ejercer presión en los territorios de las comunidades. Entonces, el Estado debe garantizar la seguridad de esta gente, pero —como no pueden— lo que hacen es lavarse las manos”, indicó para este medio.
En ese sentido, el especialista agregó que es necesario analizar la norma bajo el cristal de la constitucionalidad y la conveniencia. Esto último en referencia a lo que se vive en el Vraem. “Creo que ahí estaría justificado, pero igual hay varias preocupaciones. Hay dos maneras de analizar la norma: si es constitucional y si es conveniente. Hasta ahora lo conversado es conveniente. Pero un problema serio es que las Fuerzas Armadas (FF. AA.) (por los estados de emergencia prolongados) están cooptando el orden interno, algo que solo debería hacer la Policía. Otro punto es que no se hizo consulta previa pese a que la norma afecta a pueblos indígenas”, advirtió Ruiz.
Anteponer realidades
En medio del acervo de opiniones opositoras a la norma, esta se convierte en una oportunidad para los CAD acreditados actualmente en el Vraem. Irupe Cañari, asesora legal de la Central Asháninka del Río Ene (CARE), señaló que la organización regional a la que representa se encuentra a favor de la nueva norma. Esta se conforma por 35 Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural acreditados sobre 19 comunidades y 33 anexos.
Además, Cañari aclaró que su postura responde a un análisis realizado a la realidad que sus bases deben enfrentar, que no es la misma que vive en el resto del país. “Vemos que es beneficiosa para esta realidad porque estamos en estado de emergencia por más de 15 años. El narcotráfico genera zozobra, miedo, amenazas al interior de las comunidades y vulneración al territorio de las comunidades. Inclusive, los mochileros pasan por territorio indígena”, declaró.
En esta zona del Vraem no solo deben hacerle frente a los remanentes de Sendero Luminoso, sino que también al narcotráfico, que amenaza sus territorios, su integridad y sus costumbres. De acuerdo a la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), en esta área geográfica se concentra la mayor cantidad de hoja de coca destinada en todo el país a esta actividad ilícita. Para el 2020, se contabilizaron 27.994 hectáreas de superficie cultivada con este ancestral arbusto. Una imagen semejante a casi 40.000 estadios de fútbol llenos de sembríos, muchos de los cuales se encuentran en territorios indígenas invadidos.
En la cuenca del río Ene, el último 19 de junio, en Unión Puerto Asháninka (UPA), tras una intervención del CC. FF. AA. a una embarcación que transportaba droga, integrantes del CAD capturaron a dos de los tres tripulantes que huyeron de dicho operativo. Sin embargo, al avisar a la Policía y a los militares, sus llamadas nunca fueron atendidas, por lo que liberaron y expulsaron de sus territorios a los implicados. La base militar más cercana a la cuenca del río Ene se encuentra a unas 10 horas vía ruta fluvial o carretera.
Ausencia estatal
La situación en el Vraem es tan compleja que la noción de un proceso de pacificación nacional resulta excluyente. “El escenario no es el mismo”, argumentan algunas voces en contra de la Ley 31494, las cuales hacen referencia a los años 80 y 90, cuando el país se desangraba a causa del terrorismo. No obstante, el panorama tampoco es el mismo por el incremento exponencial del narcotráfico en los últimos 20 años. Conforme al último reporte de Devida (2020), en esta parte del país hay una producción potencial de cocaína de 301,4 toneladas anuales.
Para Angela Vilca, antropóloga sanmarquina e investigadora en la selva central, es comprensible la desconfianza a esta nueva norma, pero consideró también que es necesario implementar mecanismos para fortalecer a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural ante la ausencia estatal. “Otro punto es que en los últimos años se ha reducido la presencia del personal de la PNP y FF. AA. en el Vraem. Entonces, con esta norma podrían absorberlos como una especie de reserva y, teniendo en cuenta las condiciones en las que trabajan las mismas FF. AA., no hay ningún tipo de garantía para los CAD”, añadió.
Asimismo, exhortó al menester de que se convoque a estas agrupaciones para construir las normas que los vinculen y que se eleve el nivel técnico de las mismas. “Considero que lo adecuado hubiera sido mejorar la ley que ya existe antes de crear una nueva”, mencionó. Agregó que “es importante la implementación de una política de reparación para los integrantes de los CAD que combatieron en la época del terrorismo”. “El Estado sigue en deuda con ellos”, precisó.
Lo mismo piensa Américo Salcedo, presidente de los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural de la cuenca del río Ene. Él detalló que en su labor ha tenido que enfrentar muchas situaciones de riesgo en absoluta orfandad estatal. “Nuestro objetivo es vigilar nuestro territorio, articulando con la PNP y las FF. AA. que se hagan presentes, porque dentro de las comunidades hay muchos problemas. No solamente por terrorismo, sino también por invasiones y narcotráfico. Es demasiado en la cuenca”, expresó.
- ¿Considera necesario que los armen para continuar su labor como CAD?
- En mi experiencia, yo, que vivo en carne y hueso estas actividades ilícitas, siempre habrá problemas. A nosotros vienen a amenazarnos, amedrentarnos. Los narcoterroristas están acá, pero el armamento nos sirve para defendernos por si vienen.
Salcedo finalizó la entrevista al solicitar a las autoridades reparación para los exintegrantes de los CAD y sus deudos. “El Gobierno debe recompensar a los excombatientes. Se han olvidado de ellos, deberían atenderlos”, manifestó.
En medio de aquel olvido y la estigmatización que han generado los miedos frente a la nueva ley, la Comisión de Defensa del Congreso ha anunciado que revisará el artículo ocho para restringir el uso de armamento a estas agrupaciones. Nuevamente, de espaldas a los principales actores involucrados, quienes se encuentran cansados de reconocimientos que no atienden sus verdaderas necesidades.
