Por: Gloria Purizaca / Unidad LR Data
Publicado el 30 de diciembre de 2022
Este 2022 cierra con una cadena de propuestas antiderechos que afectan a las mujeres y poblaciones vulnerables, como niños, niñas y adolescentes. Congresistas de Renovación Popular, Fuerza Popular, Somos Perú y Perú Libre fueron los encargados de poner aún más en riesgo la vida de este sector, que es víctima de violencia y discriminación.
Las leyes y proyectos que impiden la prevención de la violencia, atentan contra los derechos sexuales y reproductivos, y buscan desconocer el machismo estructural que existe contra las mujeres en el Perú no son más que un reflejo del deseo de mantener el status quo patriarcal al anular la posibilidad de que las peruanas puedan vivir una vida libre de roles y estigmas de género, según las especialistas consultadas.
Ley que pone en riesgo el enfoque de género y la educación sexual en los textos escolares
El congresista por Somos Perú Esdras Medina presentó en diciembre del 2021 el proyecto de ley 904, el cual obliga al Ministerio de Educación (Minedu) a consultar a padres y madres sobre el contenido del currículo escolar.
Aquel ahora es la Ley 31498, aprobada por el Pleno del Congreso de la República, y permite que colectivos antiderechos, como Con Mis Hijos No Te Metas u otros grupos conservadores, tengan poder para modificar los textos escolares y así impedir la aplicación del enfoque de género y educación sexual integral.
“La Defensoría nunca se ha opuesto a que padres y madres den su opinión, participen en todo lo que el marco normativo les permita, pero no pueden subrogarse la facultad que tiene el Estado a través de sus órganos técnicos, como en este caso el Minedu, de ser el órgano rector de toda la política educativa”, declara Matilde Cobeña, adjunta de la Defensoría del Pueblo para la Niñez y Adolescencia.
La ley ordena sancionar a las y los funcionarios del sector educativo que no cumplan con los principios que establece, como el “pleno respeto de la libertad religiosa o convicciones morales de los educandos y los padres”.
Una encuesta de Ipsos del 2019 señala que el 82% de peruanos y peruanas están a favor de la aplicación del enfoque de género. Es el mismo porcentaje de aprobación que tiene la implementación de la educación sexual integral, de acuerdo al sondeo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) al 2022.
“Toda la redacción de la norma apunta a vetar aquellos contenidos que les parecen inadecuados a los padres, cuando en realidad a los niños, desde muy pequeños y de acuerdo a su edad, hay que hablarles sobre estos temas. No se está ideologizando. Al contrario, lo que se quiere es formarlos en igualdad y educarlos”, enfatiza Cobeña.
Una de las razones más urgentes para aplicar el enfoque de género en las políticas públicas es la prevención de la violencia y discriminación. En tanto, la educación sexual integral permite que infancias y jóvenes protejan su salud y bienestar al ejercer plena autonomía sobre sus cuerpos y tomar las mejores decisiones para ellos y ellas.
Ley de tenencia compartida obligatoria
Desde el 26 de diciembre se oficializó la Ley 31590, presentada por el congresista por Fuerza Popular Alejandro Aguinaga. Esta deberá otorgar, como primera opción, la tenencia compartida cuando ocurra una separación, con lo que se modifica así el Código de Niños, Niñas y Adolescentes.
Dicho texto, además de vulnerar el derecho de las y los menores a que su interés superior sea considerado primordial —y al no tomar en cuenta cada caso en particular—, tiene un impacto negativo en las madres sobrevivientes a violencia, ya que los agresores pueden usar este recurso de tenencia compartida para continuar con el círculo violento.
“La ley de tenencia compartida presupone que las familias viven en un contexto de igualdad y libre de violencia; y esa no es la realidad, eso no es lo que las cifras de alto índice de denuncias nos comunican. Está manteniéndose una mecánica de machismo y discriminación que se fomenta en la propia familia. Hay violencia física, sexual, psicológica y económica dentro de estas y, lamentablemente, eso afecta directamente a niñas, adolescentes y mujeres adultas”, advierte Cynthia Silva, directora de DEMUS-Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer.
De acuerdo a cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), de los 143.211 casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar atendidos en los Centros de Emergencia Mujer (CEM) a nivel nacional hasta noviembre de este año, el 35,1% de las víctimas son niños, niñas y adolescentes. Cabe precisar que el 88% de las personas agresoras son hombres.
“Las niñas y niños deben relacionarse con sus padres. Es positivo siempre y cuando estos tengan las condiciones para una crianza positiva de ellos sin violencia, sin que ellos se encuentren expuestos en estos conflictos. La tenencia compartida ya estaba regulada. Prácticamente, han cambiado toda la forma de evaluación que hacía un juez, donde se tenía que evaluar previamente cada caso concreto, fundamentar rigurosamente qué era lo más favorable para el niño o niña y de acuerdo a eso decidir si había tenencia compartida o no”, señala la adjunta de la Defensoría.
Resalta que para este caso no debe primar el derecho de los adultos, sino los de los niños, niñas y adolescentes, por lo que, además de no tomar en cuenta la normativa peruana, se incumple la Convención sobre los Derechos del Niño.
Proyectos de ley que obstaculizan el acceso al aborto terapéutico
De espaldas al 53% de la población peruana que cree que el aborto debería permitirse en todas (15%) o ciertas circunstancias (39%) —como en casos de violación sexual—, la congresista por Renovación Popular María Jáuregui presentó en noviembre del 2021 el proyecto de ley 785, con el cual se anularía la decisión de las personas gestantes sobre sus cuerpos al únicamente “reconocer el derecho al concebido”. Dicha iniciativa fue aprobada por mayoría en la Comisión de Justicia este 2022.
En la misma línea, Rosángela Barbarán, de Fuerza Popular, también ingresó en marzo del 2022 la iniciativa legislativa 1520, que “promueve la protección del embarazo, de la madre gestante, del niño por nacer y su entorno familiar”.
“Detrás de estos intereses no está la protección de la vida humana, sino la imposición de una valoración de qué vida es más importante basada en posturas conservadoras respecto a que las mujeres no somos sujetas de derecho, sino de los mandatos sociales, uno de ellos la maternidad”, detalla Brenda Álvarez, abogada y presidenta de Proyecto Igualdad.
Solo en el 2021, 1.430 menores de 15 años se convirtieron en madres, 272 casos más que en 2020, según un informe del Instituto de Estadística e Informática (INEI). El embarazo y maternidad en niñas es una problemática social y de salud física y mental, ya que, debido a que sus cuerpos no están preparados para estos procesos, un 37,5% de ellas tuvo que dar a luz por cesárea.
Pero las afectaciones no solo se dan en menores, sino también en las mujeres que son obligadas a llevar a cabo un embarazo no deseado. Álvarez explica que la criminalización estigmatiza a quienes deciden abortar, lo que produce que no acudan a establecimientos de salud, y, por ende, las orilla a procesos inseguros que, en algunos casos, las terminan llevando a la muerte.
Pese a que las personas gestantes tienen el derecho de acceder al aborto terapéutico en Perú hace ya casi 100 años, la investigación Nacer con Útero revela que la criminalización de este procedimiento es ejercida en buena parte por el personal de salud, que no solo juzga, sino también amenaza con denunciarlas o, en efecto, lo hace.
“Lo que se está regulando son aspectos relacionados con la salud sexual y reproductiva de las mujeres en todo su ciclo de vida y también están desconociendo los estándares internacionales de los derechos humanos de las mujeres, que ya han sido aprobados”, recalca Cobeña.
El proyecto de Renovación Popular fue aprobado por mayoría en la Comisión de Justicia, mientras que el de Fuerza Popular se debatió en el pleno y se pidió que retorne a la Comisión de Salud, por lo que Barbarán pidió que se reconsidere la votación y se está a la espera de ello.
Proyecto de ley que busca cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
El congresista por Perú Libre, Américo Gonza, presentó en febrero del 2022 el proyecto de ley 1229, que busca cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) por “Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables”. Con ello, propone que el viceministerio de esta cartera también se cambie por Viceministerio de la Familia.
La propuesta sostiene que este cambio generaría la “igualdad de atención a los ciudadanos, independientemente del género”. Sin embargo, como explica la Defensoría, no se toma en cuenta que, de aprobarse esta norma, implicaría desconocer toda la discriminación y violencia estructural contra las mujeres desde que nacen, que hace que se vulneren diversos derechos fundamentales de ellas debido a estos roles tradicionales que siempre se les ha relegado.
Pocas esperanzas para el futuro en materia de género
Pese a los datos y encuestas realizadas en las que se refleja la postura de la población frente a la defensa de los derechos de las mujeres, el Congreso da la espalda y aun así se aprueban legislaciones que van en contra de los derechos humanos.
“Hay un escenario que está permitiendo y acomodándose para retroceder en mucha mayor magnitud en políticas de género que ya estaban por lo menos aprobadas”, indica la directora de DEMUS.
Pero estos bloqueos en el avance hacia la igualdad de género no solo se han generado por parte del Poder Legislativo, sino que el Poder Ejecutivo también ha fallado en la defensa de las políticas de género que ya estaban aprobadas. Silva acota que hay un déficit muy grande en cuanto a la implementación de la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia y la Política Nacional de Igualdad de Género. “No se ha avanzado absolutamente nada”.
“Lamentablemente, tampoco tenemos un Tribunal Constitucional con una composición que nos muestre que habrá una defensa jurídica del más alto nivel constitucional en esa materia. Eso forma parte de lo que vamos a enfrentar en los próximos años”, agrega.
Las expertas consultadas coinciden en que el panorama futuro en materia de género no es alentador, pero es necesario persistir en alzar la voz para luchar por un mañana que asegure una vida libre de violencia para todos y todas.
