Mariscal Ramón Castilla, la provincia peruana que enfrenta la pandemia en total abandono

El viaje para llegar a la provincia peruana Mariscal Ramón Castilla (MRC), ubicada en un extremo de Loreto, puede durar hasta un día, si se toma la ruta que atraviesa el río Amazonas. Este lugar es un punto neurálgico para el Perú, pues a solo un par de horas de su capital, Caballococha, se encuentra la triple frontera que lo separa de Brasil y Colombia. Hace poco más de un año, a través de esta ruta que no conoce de controles fronterizos, ingresaba la COVID-19 y, consigo, iniciaba una crisis sanitaria que evidenciaría la crítica situación de un sistema de salud en abandono crónico.

Natanael Martínez, morador y naturista de la comunidad indígena Bellavista Callaru, se enfrentó cara a cara con este precario panorama y tuvo que convertirse en médico de la noche a la mañana. Al ver a sus “hermanos indígenas” enfermos a causa del coronavirus, desempolvó las enseñanzas de su abuelo, encendió el fuego y empezó a atenderlos con preparados a base de flores de chiric sanango, cáscaras de remo caspi y hojas de cordoncillo. De esa manera, casa por casa, combatió la enfermedad, pues en su comunidad no había médico alguno al que pudieran acudir.

“Nosotros sentimos el primer día dolor de huesos, dolor de cabeza, algo de gripe, pérdida del olfato y gusto. Como el personal de salud —un enfermero para toda la comunidad— ya nos había dado indicaciones de cómo eran los síntomas (del coronavirus), entonces entendí y pude hacer un remedio. Con eso ya lo prevenimos. Necesitábamos hacer algo porque el centro de salud no…(se daba abasto)”, cuenta Natanael, un hombre delgado y bajito que pudo salvar muchas vidas gracias a su sabiduría ancestral.

Por increíble que parezca, MRC no cuenta con un solo hospital para sus más de 73 mil habitantes y apenas tiene 10 médicos dispersos en 32 establecimientos de salud de cuatro distritos diferentes, todos con problemas graves de accesibilidad. La Dirección Regional de Salud (Diresa) de Loreto indica que deberían destinarse al menos 17 médicos más a la provincia y complementar los servicios de salud con personal de otras áreas. Pero a este déficit se suma una carente infraestructura sanitaria: la construcción de su tan ansiado hospital podría tardar hasta 10 años.

Establecimientos de salud y médicos en Mariscal Ramón Castilla

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Correspone a los centros de salud, centro médicos, centro médicos especializados y policlínicos.

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Correspone a los centros de salud, centro médicos, centro médicos especializados y policlínicos.

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Correspone a los centros de salud, centro médicos, centro médicos especializados y policlínicos.

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Correspone a los centros de salud, centro médicos, centro médicos especializados y policlínicos.

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Correspone a los centros de salud, centro médicos, centro médicos especializados y policlínicos.

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Puesto de salud, posta de salud o consultorio con profesionales de salud no médicos.

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Puesto de salud, posta de salud o consultorio con profesionales de salud no médicos.

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Puesto de salud, posta de salud o consultorio con profesionales de salud no médicos.

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Puesto de salud, posta de salud o consultorio con profesionales de salud no médicos.

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Puesto de salud, posta de salud o consultorio con profesionales de salud no médicos.

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Puesto de salud, posta de salud o consultorio con profesionales de salud no médicos.

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Puesto de salud, posta de salud o consultorio con profesionales de salud no médicos.

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Puesto de salud, posta de salud o consultorio con profesionales de salud no médicos.

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Puesto de salud, posta de salud o consultorio con profesionales de salud no médicos.

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Puesto de salud, posta de salud o consultorio con profesionales de salud no médicos.

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Puesto de salud, posta de salud o consultorio con profesionales de salud no médicos.

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Puesto de salud, posta de salud o consultorio con profesionales de salud no médicos.

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Puesto de salud, posta de salud o consultorio con profesionales de salud no médicos.

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Puesto de salud, posta de salud o consultorio con profesionales de salud no médicos.

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Puesto de salud, posta de salud o consultorio con profesionales de salud no médicos.

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Puesto de salud, posta de salud o consultorio con profesionales de salud no médicos.

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Puesto de salud, posta de salud o consultorio con profesionales de salud no médicos.

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Puesto de salud, posta de salud o consultorio con profesionales de salud no médicos.

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Puesto de salud, posta de salud o consultorio con profesionales de salud no médicos.

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Puesto de salud, posta de salud o consultorio con profesionales de salud no médicos.

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Puesto de salud, posta de salud o consultorio con profesionales de salud no médicos.

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Puesto de salud, posta de salud o consultorio con profesionales de salud no médicos.

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Puesto de salud o posta de salud (con médico). Además de los consultorios médicos (con médicos con o sin especialidad).

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Puesto de salud o posta de salud (con médico). Además de los consultorios médicos (con médicos con o sin especialidad).

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Puesto de salud o posta de salud (con médico). Además de los consultorios médicos (con médicos con o sin especialidad).

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Agrupan los centros de salud y los centros médicos con camas de internamiento.

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Establecimiento de salud según categoría.

Establecimiento de salud

Médico en establecimiento de salud

El inicio de obra de este nosocomio estaba previsto para el 2022; sin embargo, deberá entrar a lista de espera debido a la aprobación de una ley promovida por el excongresista y exgobernador regional de Loreto, Fernándo Meléndez. Dicha norma elimina la capacidad de endeudamiento mediante el fideicomiso regional y restringe el 60% de los fondos para cualquier tipo de infraestructura que no implique la construcción de puentes o carreteras. Según Óscar Llapapasca, representante del Gobierno Regional (GORE) de Loreto, esto “retrasará sobremanera la ejecución del proyecto”.

Otras versiones recogidas señalan que esta regulación era necesaria porque se hacía uso indiscriminado de los recursos del fideicomiso; sin embargo, en medio de una pandemia, no haber considerado la infraestructura de salud como prioridad resulta por lo menos cuestionable. Las otras posibilidades que quedan para no retrasar tantos años la obra son: que se destinen recursos del presupuesto nacional o que se modifique la norma aprobada.

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La Ley 31274 modifica la Ley 30897 modificando el artículo 6 y derogando el 7 y 8, con los cuales se prioriza la infraestructura de conectividad.

En lo que va de la pandemia, MRC ha contabilizado un total de 6.708 contagios y 134 muertes de acuerdo a las cifras que reporta la Diresa al cierre de esta edición. Sin embargo, el alcalde de la provincia, Rodolfo Díaz Soto, calcula que al menos el 80% de la población total ya ha tenido COVID-19. Explica que “muchas de las comunidades indígenas no salen a los centros de salud a registrarse por creencias o temas culturales”.

Por “temas culturales” podría entenderse, en primera instancia, a las tradiciones propias de las diferentes etnias —ticuna, yagua y bora principalmente— que habitan la provincia. Pero no es así, pues en estos territorios existe una importante influencia de la religión evangélica que es determinante en sus acciones. Así lo confirma Hernando Canchari Pinedo, pastor evangélico en Cushillococha, una de las comunidades indígenas más cercanas a Caballococha, capital de la provincia.

“Acá en Cushillococha nadie anda con mascarillas, eso quiere decir que casi el 90% ya no sentimos el golpe de la enfermedad. Eso es porque como nosotros siempre profesamos la fe, tenemos un Dios que nos cubre, nos protege y creemos que él ha protegido al pueblo ticuna de Cushillococha y de esa manera ha dado sabiduría para que curen con sus cortezas y medicinas naturales”, alega.

La idea de estar “protegidos por Dios” prevalece en la mayoría de comunidades indígenas, pero también en zonas urbanas, donde la Misión Israelita por el Nuevo Pacto Universal (AEMINPU) tiene mayor presencia. La fe de ningún ciudadano debería representar mayor problema, a menos que esta implique ponerse y poner a los demás en riesgo a causa de un avasallador virus que ha cobrado la vida de millones de personas en el mundo. Cabe precisar que no existe un ente vertical que represente a las diversas iglesias evangélicas del territorio; sin embargo, los testimonios coinciden en que hay congregaciones que inhiben la vacunación para sus simpatizantes.

De acuerdo con el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (REUNIS), la provincia de MRC es la segunda con menos cobertura de vacunas en toda la región. A la fecha, solo 5.160 personas han completado sus dos dosis, lo que representa el 8,4% de la población total. Un escenario más alarmante es el de su población indígena, donde apenas el 3,5% ha completado el esquema de vacunación. Para darle dimensión, el 33,8% de la población en todo el país ya cuenta con la vacuna completa, algo similar a lo que sucede en Lima, donde el 34,97% de sus habitantes ya recibió las dos dosis.

Teniendo en cuenta que el caso cero y la variante Gamma ingresaron a esta provincia a través de la triple frontera, priorizar el enfoque territorial en el proceso de vacunación era fundamental para reducir riesgos de una posible tercera ola. En el papel, al menos, este factor se contempló con la aprobación de la directiva sanitaria de vacunación contra la COVID-19 del Ministerio de Salud (Minsa).

Según este documento, las comunidades indígenas debieron ser vacunadas en la segunda fase de aplicación. Es decir, tenían que haber sido inmunizadas antes de comenzar con las personas menores de 60 años, pero en la práctica esto no se ha respetado. Además, teniendo en cuenta el factor religioso, avanzar será más que complicado porque hasta el momento no existen medidas focalizadas ni se involucran a los actores religiosos como parte de esta tarea.

La directiva sanitaria 129-2021 del MINSA especifica que las poblaciones indígenas deberían ser vacunadas en el segundo grupo de prioridad.

“Hay algunos (pastores) que dicen que no debemos vacunarnos porque hay muchos comentarios de que es el chip, el control y por todo eso la mayoría tiene temor de ponerse la vacuna. Por eso quisiéramos que el Estado tuviera más interés en difundir información en las comunidades para que sean inmunizadas”, afirma Hernando Canchari Pinedo, quien no comparte el discurso de otros pastores, pues considera que Dios también ha enviado a los médicos y las vacunas para protegerlos.

Para el doctor Carlos Calampa del Águila, director general de la Diresa Loreto, este problema se debe a dos factores: la inaccesibilidad del territorio y la falta de recursos humanos. Frente a un mapa de Loreto que el galeno tiene en su oficina, describe lo complicado que es movilizarse por la región. “Debes armar brigadas de intervención, contratar deslizadores y tener recursos humanos”, manifiesta. Actualmente les hacen falta 669 médicos, además de especialistas, ya que solo cuentan con 520 para atender toda la demanda regional. De este número, solo 10 se encuentran destacados en MRC.

“Tenemos los recursos económicos que el gobierno nos ha asignado para 80 enfermeras y solo hemos podido contratar 20. 60 enfermeras no se han presentado. Nos han asignado (presupuesto) para 30 médicos y solo se han presentado siete. Ese es el gran problema que tenemos para los contratos”, detalla. Esta asignación presupuestal que refiere tiene otro inconveniente: la estandarización de los sueldos. No existen incentivos para que los médicos quieran trabajar en zonas alejadas como MRC, pues ganarían 9 mil soles, al igual que si se quedaran en Iquitos, la capital de la región.

Pero existe otra dificultad: la información para promover el proceso de vacunación, más aún cuando hablamos de la región con mayor población indígena del Perú. De acuerdo al doctor Calampa, esta responsabilidad es del Ministerio de Cultura (Mincul) y no de la Diresa Loreto. “Nosotros trabajamos con los gobiernos locales, pero esperamos también que Cultura haga su trabajo de comunicación, de información, de orientación y decirle a la población lo que se necesita. Todo se espera del Minsa, pero nosotros no podemos ir a un viaje para informar y otro viaje para vacunar”, sentencia el director general de la institución.

Es cierto que la ley establece que el Mincul es el ente rector en materia de pueblos indígenas u originarios, lo que quiere decir que tiene a su cargo esta tarea. No obstante, la presencia de esta institución en los territorios indígenas es intermitente y su legitimidad es puesta en discusión por organizaciones que agrupan a las comunidades indígenas, además de sus autoridades locales.

El pasado 21 de junio, La República consultó al Mincul sobre las acciones realizadas para promover el proceso de vacunación informada en MRC; sin embargo, respondieron que recién estaban por realizarlas.

Más de un mes después de esa consulta, el alcalde de la comunidad indígena Bellavista Callaru, Ángel Román Rubens, indicó que “una señorita del Mincul” llegó a dejarles unos audios y folletos en idioma ticuna, pero nada más. Él mismo no tenía claro si se vacunaría porque tenía muchas dudas al respecto. El alcalde provincial, Rodolfo Díaz Soto, quien estuvo presente en la reunión, precisó que se hicieron dos visitas que no congregaron más de 100 personas cada una.

“Esta vez nos han enviado una señorita que ha venido desde Lima, imagínese. Para hacerle comprender a ellos (la población indígena) su realidad es bastante difícil, entonces para eso tendríamos que utilizar gente similar a ellos, que hablen su lengua, prepararlos, darles todo el material necesario para que ellos puedan hacerlos entender”, agrega el burgomaestre.

Tras consultar nuevamente al Mincul, informaron que hicieron las visitas solo desde julio de este año, más de seis meses después de que empezó la vacunación en el Perú y un mes después de la consulta de este medio. Según la entidad, se hicieron 18 visitas de sensibilización a localidades indígenas a través de brigadas multisectoriales y con pertinencia cultural y lingüística.

Gonzalo Marsá, representante de la Organización de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) en el Comando COVID indígena de Loreto (CCIL), considera que el origen del problema es que la Diresa Loreto no reconoce al movimiento indigena como actor político, social y con autonomía de sus territorios. “En la práctica (Diresa) no reconocen al movimiento indigena. Ellos trabajan con una lógica clínica donde existen pacientes. No existen pueblos, derechos colectivos o voluntades, existen pacientes y se les trata como a tales. Entonces, como solo existen pacientes, yo me acerco, hago un abordaje y le pregunto a cada uno de ellos si quiere o no una vacunación consentida y listo”, expresa.

Este medio también consultó al Minsa respecto a la situación de precariedad y rezago en la que se encuentra su sector en MRC; sin embargo, pese a la insistencia y a cumplir los requerimientos para que nos atendieran, se negaron a hacerlo. Según fuentes de La República, el ministro Hernando Cevallos se reunió con el CCIL el lunes 13 de setiembre y habría increpado al coordinador de pueblos indígenas de la institución, Julio Mendigure, por el lento proceso de vacunación en la región Loreto.

En este contexto, el miércoles 15 de setiembre se anunció la renovación del Plan Amazónico de Salud, al cual se destinarían 23 millones de soles —poco más de 5.5 millones de dólares— que deberán ser aprobados previamente por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La representación indígena espera que, después de seis largos meses de espera, esta vez los compromisos de la nueva gestión sí sean cumplidos. De lo contrario, ante la posibilidad de que la desidia y el olvido se mantengan, apelarán a otras instancias para ser escuchados.

Pero mientras ello ocurre, el virus avanza, los recursos no fluyen y el abandono se hace cada vez más visible en un territorio estratégico para contener la pandemia. De ese modo, a los ciudadanos en Mariscal Ramón Castilla les toca presenciar cómo las instituciones que deberían atender sus demandas siguen sin ponerse de acuerdo para solucionar la compleja situación de su desatendido sistema de salud y quedan resignados a sobrevivir mientras el Estado apenas recuerda que existen.