Por: María Morales Isla / Unidad LR Data
Publicado el 27 de enero de 2023
“Somos los olvidados”, reclama el ayacuchano Ronald Oré, quien llegó a la ciudad limeña hace más de una semana para la Toma de Lima. Así como él, cientos de manifestantes continúan su desplazamiento hacia la capital en busca de concretar su consigna: la renuncia de la presidenta Dina Boluarte tras medio centenar de fallecidos. Pero ese pedido, que resuena y agita a las regiones del país, exclama también una serie de demandas marcadas por la desigualdad y el aislamiento: “El Estado no nos cuenta. Estamos indignados en muchos aspectos”, reitera el también agricultor.
La mayoría de manifestantes instalados en Lima provienen, en su mayoría, de Cusco, Apurímac, Huancavelica, Puno y Cajamarca. Precisamente, esta parte del país registra altos índices de pobreza monetaria y trabajos informales, según los reportes del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) al 2021.
Los especialistas sostienen que estas regiones presentan menores niveles de integración económica y estatal. Además, señalan que, con el autogolpe de Pedro Castillo y la posterior crisis política, estas zonas empobrecidas observaron que se diluyó la resolución de su problema de falta de desarrollo. Esa insatisfacción gatilló las movilizaciones a nivel nacional.
Regiones en pobreza
Para entender el descontento de la población, es necesario realizar una mirada a su contexto socioeconómico. Por ello, LR Data analizó los últimos boletines del INEI sobre pobreza monetaria en el país (2010-2021). Los números no fueron alentadores.
En 2021, el Perú registró una pobreza de 25,9%. Es decir, la población se encuentra en un periodo similar al 2012, con un retroceso de 11 años. La cifra es aún más desalentadora en las zonas rurales, donde se duplica y supera con creces el promedio nacional: se obtuvo cerca del 39%.
De acuerdo con Javier Herrera, especialista del Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD), la pobreza monetaria a nivel nacional presentó una reducción significativa entre 2004 y 2016. Sin embargo, agrega, la cifra se estancó en los últimos años y se agudizó en las regiones del sur, donde un grupo de estas permanecen constantemente en la carencia económica.
En efecto, Ayacucho, Huancavelica y Puno superan el promedio nacional con una pobreza que oscila entre el 36,7% y 40,6%. En esta cifra también se incluye a Cajamarca, ubicada al norte del país. Aunque su cifra ha variado en los últimos años, se mantienen en el grupo con mayor incidencia desde hace más de 10 años, de acuerdo con la data oficial. Ello implica que, en estas zonas, los gastos de los peruanos son insuficientes para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias, entiéndase en salud, educación, vestimenta, transporte, entre otros aspectos.
Lo anterior, según Herrera, se expresa sobre todo en la periferia, no en las grandes ciudades regionales, debido a que hay un avance heterogéneo en cada una de ellas. Sobre la base del censo, el también economista enfatiza que hubo una pérdida de población a favor de las capitales. “Justo donde se están generando los problemas, los bloqueos o movilizaciones, se encuentran los pueblos secundarios que están olvidados de políticas públicas y regionales. Están reclamando problemas de atrás, de ausencia del Estado”, enfatiza.
En esa línea, Efraín Gonzales de Olarte, economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), afirma que las regiones protestantes son las menos desarrolladas y más rurales del Perú, dedicadas a la agricultura y ganadería. “Son las que tienen menores niveles de integración a la economía de mercado y al Estado, por ello, la alta tasa de informalidad, que se traduce en bajas productividades, bajos ingresos (pobreza) y débil integración a los servicios del Estado (carreteras, educación y salud)”, agrega.
Empleos vulnerables e informales
Esa pobreza se manifiesta en la empleabilidad. Los trabajos vulnerables en estas zonas superan el 70%, según cifras del INEI. Huancavelica lidera la cifra con 75%. Luego, le siguen Apurímac (69%), Cusco (69%) y Cajamarca (68,1%). La mayoría de personas se sostienen económicamente como familias no remuneradas o en una labor independiente.
Con respecto a la tasa de empleo informal, los datos alcanzan su total porcentual, cercano a un 100%. Es así que nuevamente las regiones antes mencionadas comienzan a figurar primeras. Por ejemplo, Huancavelica ocupa el primer lugar con un 94,8%. En tanto, continúan Apurímac y Puno con un 90,6% y 90,4%, respectivamente. Estas tres superan el promedio nacional (74%).
Precisamente, la informalidad alcanza niveles elevados por ser sobre todo rurales, ya que son trabajadores independientes y sin beneficios sociales. Gonzáles aclara que su crecimiento es el resultado del “achicamiento del Estado”, debido a que la presión tributaria —el aporte de empresas al Estado— sobre el PBI es del 15%, una de las más bajas de América Latina; a ello se suma que hay una menor inversión en sectores como la agricultura, la industria y los servicios.
En ese aspecto, el economista profundiza también en que la informalidad no genera un tejido social (gremios, asociaciones, partidos políticos, entre otros), debido a que mantienen trabajos precarios, son independientes o tienen microempresas familiares.
“La densidad social se diluye y quizás la única manera de ser tomados en cuenta es tomar carreteras, ciudades. Obviamente, hay una minoría delincuencial e ilegales que aprovechan del descontento para sus propios beneficios”, añade en referencia también a las manifestaciones.
Para Herrera, la informalidad es un problema estructural vinculado a la ausencia del desarrollo de las fuerzas productivas en zonas rurales. “Estas no generan suficiente valor agregado para que las microempresas se conviertan en explotaciones más dinámicas y no estén en modo de supervivencia. Su desarrollo tiene que ver con una innovación tecnológica, que tiene que ver con políticas de Estado”, sostiene.
Estos factores contribuyen a tener una baja población ocupada asalariada en esta parte del país. En Huancavelica, la cifra apenas alcanza el 23,5%, casi la mitad del promedio nacional (45%).
El panorama se agudiza por los bajos salarios de estas regiones. Huancavelica y Puno reportan que su remuneración es menor al sueldo mínimo. Los varones obtienen un monto de 900 y 937 soles, respectivamente. Pero existe a su vez una brecha salarial de género que evidencia los montos desiguales entre hombres y mujeres, siendo estas últimas las menos pagadas, con poco más de 600 soles. Nuevamente ambos por debajo del promedio nacional. Así, según Gonzáles, la población no está siendo integrada al mercado del trabajo.
Lento progreso social
Aunque las cifras del INEI están al 2021, el Gobierno advirtió que no hubo variaciones significativas en 2022. Es decir, la pobreza y la vulnerabilidad laboral se mantienen. Ello refleja también el avance social de cada región. Con esas cifras a la baja, las demandas no logran ser satisfechas.
El estudio “Índice de progreso social regional 2022”, de Centrum PUCP, revela que las regiones presentan un progreso lento en bienestar y oportunidad para sus ciudadanos. Huancavelica, por ejemplo, registra un 53% en la cobertura de las necesidades básicas y 48% en fundamentos del bienestar. Ello se traduce en que existe una alta dispersión para satisfacer aspectos fundamentales (agua, vivienda y seguridad) y otros vinculados a la educación y la salud.
De allí que estas regiones presenten altos índices de anemia, trabajo infantil y baja calidad educativa. Asimismo, no todas tienen agua potable o conexión a una red pública con excretas. Esos problemas se han reflejado en conflictos sociales. Para Herrera, “este siempre ha sido un potente factor de movilidad social. Pero lo que es nuevo es la brecha que hay entre las expectativas generadas y la no resolución de las mismas, tanto por los gobiernos regionales y el central”.
Del mismo modo, Gonzáles añade que a estas regiones Castillo les ofreció -demagógicamente- mejorar su falta de desarrollo, pero, con el autogolpe del exmandatario, la población entendió que el Congreso lo vacó. “Pareciera que las anularon sus esperanzas de mejorar, como consecuencia comenzaron a protestar y luego a pedir la renuncia de la presidenta Boluarte, el cierre del Congreso y nuevas elecciones”, reflexiona.
Esa desigualdad detonó la actual crisis política contra el Gobierno de Dina Boluarte. En ese panorama, los especialistas reiteran la necesidad y oportunidad para replantear las políticas de desarrollo, el modelo económico y la participación del Estado.
En tanto, un grupo de manifestantes pide una asamblea constituyente para encaminar sus demandas sociales no atendidas. Pero lejos de abordar las propuestas sobre la mesa, la mandataria ha militarizado Puno, precisamente una de las regiones empobrecidas, y señaló que “no es el Perú”. El descontento va en aumento.
