Malecón Castagnola, una obra que arrastra dudas y cuestionamientos

El pasado 5 de octubre, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, inauguró el nuevo malecón Castagnola, ubicado en Magdalena del Mar. Una obra que ha recibido críticas de especialistas y ciudadanos desde su difusión debido a la ruptura que genera con el paisaje de la Costa Verde, así como por su necesidad como espacio público. Diseñado como un mirador inaccesible desde su concepción, este malecón pone de manifiesto una vez más la desconexión entre los proyectos ejecutados y la planificación urbana.

Su inicio se remonta a junio de 2019, cuando la comuna de Magdalena notificó que más de 500 metros de los 2 kilómetros del paseo marítimo de su distrito se derrumbaron por falta de contención. Dos meses después, un desprendimiento de piedras, tierra y restos de material de construcción ratificó la advertencia.

Frente a este y otros eventos similares, el Gobierno aprobó la declaratoria de emergencia para toda la Costa Verde a través del Decreto Supremo N° 161-2019-PCM. Dicho documento instó a las autoridades a realizar acciones para reducir los accidentes en un plazo de 60 días.

Por la misma fecha, la Ordenanza N° 2184 de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) declaró como bien intangible la plataforma superior del acantilado y prohibió edificaciones, ampliaciones y zonificaciones en un franja de 120 metros de ancho desde la línea del borde. Esta norma precisó la Ordenanza Nº 1414 del 2010 que permitió que las construcciones que se desarrollen sobre la parte superior solo sean proyectos de inversión pública, “salvaguardando la predominancia del paisaje natural”.

Andenes: una solución a medias

Luego de los derrumbes, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), en su informe ‘Evaluación de peligros geológicos por movimientos en masa en el malecón Castagnola’, propuso la construcción de terrazas o trabajos de banqueta y recomendó evitar las edificaciones sobre el depósito antropogénico, incluido el borde del malecón. El  Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) determinó la zona como peligro inminente para la población y encargó la construcción de andenes en diversas partes de la Costa Verde para mitigar la vulnerabilidad de los suelos y eventuales accidentes.

En 2020, a pedido de la comuna, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) publicó una evaluación geofísica de los acantilados del distrito que determinó que la estructura de los suelos presentaba humedad y material de residuo depositado durante muchos años y que el acantilado era una pendiente cercana a la verticalidad. Estas características provocaron el deslizamiento y caída de rocas por la gravedad y, de manera natural, se crearon terrazas.

“Si vemos la inclinación del talud de los acantilados, son verticales. Tienen 70 grados de inclinación. Si son empinados siempre tienen tendencia a caer, sobre todo si no es un material consistente. Con relleno y contenido de agua, (el suelo) tiene mayor carga y peso”, señaló Juan Carlos Gómez, investigador del IGP.

Los estudios mencionados sirvieron para que Magdalena propusiera la estabilización de los taludes en su jurisdicción con el fin de prevenir los deslizamientos y caídas de rocas en esa zona del acantilado.

Para el investigador del IGP, el proyecto inaugurado cumple la función. “La idea es que (el acantilado) tenga un ángulo de 60° y 55°, se hace con terrazas escalonadas, con muros de contención y una zona para drenar el agua, eso evita que se socave el talud. Esa es la función”, sostuvo.

Por su parte, Javier Guembes, especialista del Colegio de Arquitectos del Perú, comentó que la intervención sobre el terreno es desafortunada, ya que no asegura la estabilidad del acantilado. Para ello, propone contactar al Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), pues en un informe técnico de la institución se declaró “intangibles” los acantilados de toda la Costa Verde.

El plan y ejecución de la obra en el malecón Castagnola

Ante lo reportado por Magdalena en 2019, la MML aprobó en octubre de ese mismo la ejecución de la obra ‘Reparación de estabilizador de suelo; en el acantilado del circuito de playas de la Costa Verde distrito Magdalena del Mar, provincia Lima, departamento Lima’ para evitar un derrumbe mayor en el malecón Castagnola.

El monto, estimado en 3 756 027.79 soles, sirvió como punto de partida para el proyecto e incluyó dos consultorías de obra —para el expediente técnico y la supervisión de la obra—, así como la ejecución de esta. Sin embargo, hasta setiembre de 2021 la inversión tuvo seis variaciones sobre el costo inicial y también modificaciones a la idea planteada, cuyo resultado fue presentado por el alcalde Muñoz el 5 de octubre.

 

La empresa realizadora del expediente técnico fue Gallegos, Casabonne, Arango, Quedada, Ingenieros Civiles S.A.C. (G.C.A.Q. Ingenieros Civiles S.A.C.) por invitación y contratación directa, de acuerdo a los registros del Sistema de Seguimiento de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Para febrero de 2020, esta organización presentó el expediente técnico que indicó las recomendaciones, observaciones, planos, tiempos estimados, presupuesto y más sobre el área a trabajar. De acuerdo a lo planteado por G.C.A.Q. Ingenieros Civiles S.A.C., la duración de la obra debía ser de 180 días y el presupuesto de 6 840 701.53 soles.

Diseño propuesto por Gallegos, Casabonne, Arango, Quedada, Ingenieros Civiles S.A.C. sobre el malecón Castagnola que incluye acceso a dos andenes.

En junio de 2020, la MML aprobó el expediente técnico para la ejecución en la zona mediante la Resolución de Administración Nº 041-2020-MML-GA. Tres meses después se adjudicó la realización de los trabajos sobre el malecón Castagnola al Consorcio Circuito, conformado por el Grupo H Y S S.R.L y RCH Contratistas Generales Sociedad Anónima.

Pero el Grupo H Y S S.R.L., integrado por Hilda Villavicencio Ampuero y Sabina Villavicencio Ampuero, arrastra una serie de irregularidades. La institución fue incluida por la fiscalía anticorrupción de Abancay como parte de una presunta red de empresas dedicadas al rubro de la construcción y estar vinculadas a la familia del exalcalde Noe Villavicencio Ampuero, investigado por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, colusión agravada, falsificación y uso de documentos probados falso. El proceso sigue en juicio.

Otras irregularidades halladas indican que el Grupo H Y S S.R.L. afectó al asentamiento Santa Rosa en el Callao por una obra inconclusa y fue inhabilitada por 36 meses al ser parte del Consorcio Vial Santa Anita y presentar documentos falsos o adulterados, según la Resolución Nº 0703-2019-TCE-S4. Sin embargo, la empresa de las hermanas Villavicencio Ampuero solicitó la individualización de la responsabilidad de los documentos falsos al no ser la responsable de la elaboración y presentación de la oferta. Por ello, continuó participando en licitaciones con el Estado.

Recientemente, una investigación de la Procuraduría Anticorrupción informó que la licitación ganada por el Consorcio Parque Central, integrado por las empresas Ingecol Sucursal de Perú y el Grupo H Y S S.R.L., para la ejecución del Parque Central en Gregorio Albarracín de Tacna tiene indicios de colusión.

Otro punto a destacar sobre la ejecución del proyecto es que el ganador de la consultoría de supervisión de la obra, Iván Fernando Fuentes Vilchez, tiene dos sanciones y dos penalidades registradas en el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE): de diciembre de 2013 a junio de 2014 por no mantener la oferta del contrato y de agosto de 2017 a setiembre de 2020 por presentar documentos falsos o adulterados.

 

Una obra sin seguridad ni accesibilidad: una tarea pendiente

Si bien el proyecto se concibió como una reparación de estabilización de suelos, derivó en un espacio público. Laura Lozada, especialista en UrbesLab, señaló que esta obra no presenta ninguna funcionalidad, debido a que no conecta con otro lugar como la playa o un puente. Es decir, está aislada y traslada al público hacia una zona que cumple el mismo rol que el malecón de arriba: ser un mirador.

Asimismo, indicó que hay puntos ciegos en las construcciones, lo que implica contar con personal de seguridad durante las 24 horas para evitar accidentes o robos. Además, precisó que, ante un eventual caso de riesgo en la zona baja, sería difícil para una persona comunicarse con alguien en la parte superior.
 
“Creo que lo ideal era que modifiquen el espacio de arriba para que se quede como el mirador, y abajo solo tratar de estabilizar el deslizamiento. ¿Para qué se ha creado otro espacio público que no conecta con nada?”, cuestionó.

Adicional a esta problemática, el nuevo mirador presenta solo una escalera angosta. En términos de accesibilidad, de acuerdo a Lozada, las personas con discapacidad o adultos mayores no podrán hacer uso de esta vía. A ello se suma que, en caso de sismo, solo hay un medio de evacuación.

Inaccesible. Adultos mayores y personas con discapacidad no pueden trasladarse al mirador.

Pero la inseguridad no termina allí. El plan de prevención y reducción del riesgo de desastres en la Costa Verde 2020-2023, aprobado por la comuna limeña, informó que, en la zona del acantilado de Magdalena del Mar, 498 habitantes se encuentran en un nivel IV de riesgo ante el peligro sísmico, es decir, con viviendas en posible daño severo, y otras 2.311 con un nivel III (daño moderado). En cuanto a las casas expuestas, el mismo informe  detalló que 171 presentan daño severo (nivel IV), 738 con daño moderado (nivel III) y 160 con eventual daño leve. 

“Hay un tema aparte en la gestión de riesgo de desastre, está el uso que se le está dando al espacio y cómo queda esto dentro del contexto, porque al lado hay un edificio que prácticamente se ha quedado sin borde con un riesgo alto (de colapso)”, advirtió Guembes. Desde el IGP recalcó que si bien se ha tratado de solucionar el tema de los andenes, se creó otra dificultad.

Disrupción paisajística 

Para Lozada, la obra destruye la visión del paisaje, dado que se muestra como una interrupción, un hueco con césped artificial, cuando debería haberse contado con plantas naturales y con un sistema de regadío adecuado para la zona. 

“No creo que la recomendación sea que no haya áreas verdes, sino que deberían ser plantas que se adecúen al espacio. O, bueno, si no tengo dinero para poner las plantas, las dejo como están, sin ellas, porque así es el acantilado”, precisó.  

En tanto, Gómez reiteró que la zona sí puede contar con áreas verdes, siempre y cuando las andenerías presenten una sistema de regadío adecuado. “Normalmente cuando se diseñan, al final de cada escalón hay zonas de drenaje para que toda el agua vaya por ahí, hacia una canaleta, de tal modo que no se infiltre al acantilado. Eso debería estar dentro del diseño”, añadió. 

Casas vulnerables. En el lado derecho, un edificio está a punto de caer al abismo.

Pero más allá de las áreas verdes. El lugar no es estratégico ni atractivo para los turistas y ciudadanos, porque no cuenta con sombra para los días de verano. “Nadie va a querer sentarse (...) Es una obra que no se debe replicar”, finalizó Lozada.

La República intentó comunicarse con la MML, pero al cierre de esta nota no tuvo éxito.