Por: María Morales Isla / Unidad LR Data
Publicado el 21 de mayo de 2022
Este domingo se realizará la segunda jornada de elecciones internas y tras ella se definirán las listas oficiales para las Elecciones Regionales y Municipales 2022. Sin embargo, la oferta sigue siendo escasa. En muchos casos, los y las aspirantes provienen de comicios anteriores y solo varían los partidos con los que se postulan.
Una revisión a los distritos de Lima Metropolitana evidencia que hay postulantes recurrentes y exfuncionarios que buscan nuevamente ocupar un cargo público. Los especialistas coinciden en que los aspirantes se trasladan de un partido a otro para mantenerse vigentes en los comicios y alcanzar un puesto. De allí que, en su mayoría, los precandidatos no cumplen ni un año de afiliados o cuentan en su haber con más de tres agrupaciones políticas en su trayectoria.
El panorama expone la falta de consistencia e institucionalidad partidaria, lo que en la práctica es la utilización de los partidos como “vientres de alquiler”.
Afiliaciones políticas inmediatas
En estas elecciones internas predominan las listas únicas, salvo algunas excepciones. En ese sentido, los candidatos ya están prácticamente establecidos para los comicios de junio de 2022.
A su turno, La República efectuó una revisión de los precandidatos para las alcaldías de los 43 distritos de Lima Metropolitana. A partir del Observatorio para la Gobernabilidad y el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, se pudo constatar que 615 precandidatos se disputan los sillones municipales de los distritos limeños. De esa cifra, 430 recién se afiliaron entre julio de 2021 y enero de 2022. Es decir, más de la mitad lleva menos de un año inscritos en los partidos con los que postulan.
José Tello, presidente del Instituto de Derecho Electoral, indica que los números demuestran la falta de consistencia partidaria y la orientación de los mismos para buscar solo un resultado electoral. En otras palabras, el elector recibe una figura, pero no una propuesta seria orientada a un programa, una ideología y un proyecto de político.
A ello se suma que, de la cifra total de precandidatos, 340 tentaron ocupar cargos públicos anteriormente, de los cuales 137 son exfuncionarios. Todos ellos fueron o intentaron ser legisladores, regidores y alcaldes distritales a través de diferentes partidos.
Karin Guevara, experta en derecho electoral, sostiene que no existe una vida política activa, pues los candidatos se acercan a la propuesta que más les favorezca para obtener la alcaldía o el gobierno regional. “No se termina decidiendo por ideología, identidad partidaria o tu distrito. Simplemente, tengo que recuperar lo invertido”, agrega.
Candidatos sin identidad partidaria
Los precandidatos provienen de diferentes partidos, pero su ideología o identidad se difumina cuando el objetivo es ocupar un cargo público. Así, se trasladan de una lista a otra a pesar de que se contradicen entre sí. En estas circunstancias, no importa la trayectoria partidaria ni el programa político.
Este es el caso de la precandidata Carmela Fernández Sánchez, quien encabeza una de las listas de Juntos Por el Perú (JPP) para ser aspirante al sillón municipal de Carabayllo. Según el Registro de Organizaciones Políticas, Fernández pertenece a la agrupación izquierdista desde octubre de 2021. Sin embargo, a inicios de 2022, intentó afiliarse a Fuerza Popular —cuyo programa es opuesto—, pero al no cumplir los requisitos continuó en JPP.
Un repaso por otros distritos exhibe que la situación es recurrente. En Cieneguilla, el único postulante del mismo partido de izquierda, José Luis Landeo Muñoz, cuenta con experiencia partidaria. En 2014 se postuló como regidor distrital, pero por Alianza para el Progreso. Del mismo modo, en Comas, José Antonio Huamán Villanueva y Juan Luis Soto Hani, ambos de JPP, provienen del partido Avanza País, en el que estuvieron hasta el año pasado.
Ante los reiterados casos de Juntos por el Perú, La República se comunicó con Raúl del Castillo, secretario nacional del partido, quien desconocía de la trayectoria partidaria de sus precandidatos y aseguró que no los avalaría: “Es una preocupación”. Así, enfatizó que los delegados enmendarán y evaluarán la elección de los cuadros del partido, en el que se considerará la coherencia con la agrupación.
Por su lado, en Lurín, Perú Libre tiene como precandidata para alcaldesa a Ninfa Alarcón Monroy, quien estuvo por un periodo de tres años en Alianza por el Progreso y se desafilió recién el año pasado. Ella, además, ingresó al partido de Gobierno en enero de 2022, hace solo cuatro meses.
Los datos reflejan que los partidos tienen un periodo inmediato y no se prioriza la trayectoria política. Por ese motivo, los periodos de estancia en una agrupación oscilan entre los tres meses y los tres años. Ello expone, a su vez, que los partidos dejan de ser identificables para el elector.
Tello sostiene que los partidos funcionan como “vientres de alquiler”; es decir, se alquilan al mejor postor, sea de izquierda o derecha, para obtener el cargo público.
“Lo que pasa es que no tenemos partidos ideológicos, sino un ‘atrápalo todo’. Ellos simplemente piensan que la política no se ve como un servicio social, tampoco como una búsqueda del bien en base de pensamiento ideológicos”, explica.
En tanto, Guevara afirma que el traslado de un partido a otro expone que los grupos y postulantes no son identificables, toda vez que no responden a una ideología ni se deben a un programa político. De esa manera, no cumplen las propuestas esperadas y se desconocen sus intereses cuando ya son elegidos.
La exigencia de mejores candidatos
En ese escenario, existen también exfuncionarios que buscan sacarle la vuelta a la norma electoral de la no reelección. El exalcalde de Chilca Alfredo Rosas Chauca Navarra, quien fue suspendido por hechos irregulares en su gestión, pretende regresar a la alcaldía. En esta ocasión a Pachacamac, a través de Alianza para el Progreso.
Lo mismo sucede con el exburgomaestre de Chorrillos Augusto Miyashiro, quien ha estado por más de cinco periodos en el distrito, incluso su hijo lo sucedió en el cargo. Él, al igual que otros, busca obtener el cargo público, a pesar de contar con una sentencia. Según Tello, en este caso, el Jurado Electoral Especial desestimará la postulación porque la norma lo prohíbe.
Del mismo modo, unos 16 exparlamentarios quieren sentarse en un sillón municipal. Entre ellos figuran Isaís Pinedo (Frepap), quien salió electo en 2020 y esta vez es precandidato del mismo partido. A ellos se suman, Luis Iberico (APP), Robinson Dociteo Gupioc Ríos (Podemos Perú), Edmundo del Aguila Herrera (Acción Popular), Guillermo Aliaga (Somos Perú), Franco Salinas (Acción Popular), Rennan Espinoza (Somos Perú), Cecilia Chacón, Milagros Salazar y Roy Ventura (Fuerza Popular), el otrora fujimorista Franceso Petrozzi (APP), Carlos Bruce (Avanza País), Salvador Heresi (Podemos Perú), Luis Castillo (Podemos Perú), César Combina (Fuerza Popular) y Manuel Masías (APP). Todos ellos pasaron por diversos partidos para mantenerse vigentes en las elecciones.
En esa línea, la especialista en derecho electoral resalta que los candidatos buscan repetir sus funciones ediles, pero no por un objetivo social, sino meramente de poder político.
Para Tello, la solución es volver al origen de los partidos, lo cual implica que el votante no se fije en la figura del candidato, sino en el programa y la agrupación política que lo alberga. Lo anterior implica una verificación de la hoja de vida de los candidatos.
Guevara asegura que existe una crisis de valores y una desvinculación del ciudadano con su sociedad, por lo que no reconoce su valor cívico para involucrarse de manera activa en la política. Ello, agrega, se refleja también en los candidatos, quienes no tienen identidad ni formación. “La forma de mejorar la oferta electoral es incentivar a la gente a participar en la vida política”, enfatiza.
Ante este camino trazado, los especialistas coinciden en la necesidad de que el elector sea más crítico y sesudo al momento de elegir a sus representantes políticos. En un plazo inmediato, exigen que el ciudadano sea capaz de realizar una revisión de sus candidatos.
