Por: María Morales Isla / Unidad LR Data
Publicado el 24 de febrero de 2023
En las orillas del río Chillón, en la zona de Comas, más de 100 personas se encuentran en el asentamiento humano Nueva Esperanza. Contradictoriamente a su nombre, los habitantes viven en zozobra desde que se incrementó el caudal y las riberas se desgastaron. Producto de esa corrosión, dos viviendas y una olla común que alimenta a la comunidad quedaron afectadas. El riesgo de inundación y erosión fluvial está presente, pero hasta ahora nadie se ha acercado a ayudarlos: “Que se apiaden de nosotros”, reclaman.
Según los especialistas, en Lima Metropolitana existe una escasa preparación y continuidad municipal para la gestión de desastres naturales pese a que la temporada de lluvias ocurre cada año y las zonas críticas ya están ubicadas. Ese desconocimiento trae como consecuencia que más de 154.000 personas se encuentren expuestas a este tipo de eventos solo en la capital.
Fenómenos recurrentes
Los factores que influyen en contar con zonas más propensas a inundaciones son la geomorfología del territorio y, sobre todo, la expansión territorial de viviendas informales ubicadas en los márgenes de los ríos que atraviesan la capital.
De acuerdo con Segundo Núñez, especialista del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), existe un desconocimiento de la misma población y las autoridades, que no cuentan con información sobre la ocurrencia de desastres en las zonas donde se asientan. “En muchos casos, las personas llevan viviendo cinco años o menos y no saben qué pasó antes. Hay un crecimiento sin control”, reitera.
En efecto, un informe de Senamhi (2021) sobre el historial de inundaciones a nivel nacional revela que hubo 46 en Lima Metropolitana entre 2004 y 2020. En muchos casos, los distritos donde ocurrió el desastre no están catalogados como puntos críticos hoy en día, pero son zonas que pueden volver a activarse. Sus antecedentes lo indican.
De acuerdo con el mismo documento, la cifra puede ser mayor, dado que existen limitaciones para acceder al historial de datos sobre este tipo de desastres naturales. Ello se debe a que los eventos de inundación se informan de distinta manera a nivel nacional, regional y local; además, solo hace uso de la data disponible públicamente. Pese a lo anterior, el historial contribuye a graficar que la ocurrencia es constante en ciertos distritos, con daños a viviendas y personas.
La mayoría se concentró en Ate (10), Puente Piedra (6), Chorrillos (5), Lima (5), Carabayllo (3), Chaclacayo (3) y Lurigancho (3). Precisamente, estos distritos se encuentran próximos a los ríos Chillón, Rímac y Lurín, así como a quebradas.
Karina Obregón, especialista del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), resalta que las poblaciones ubicadas en los cauces de quebradas son las más vulnerables no solo ante posibles inundaciones, sino también ante eventuales huaicos o deslizamientos.
Zonas críticas
Una revisión de LR Data a los boletines de Ingemmet y a la base de datos de puntos críticos revela que son nueve los sectores con mayor peligro por inundaciones, de acuerdo con la actualización al 2020. De esa cifra, siete áreas están exclusivamente conformadas por viviendas al borde de los ríos.
Se trata de Lurín (1), Rímac (1), Carabayllo (1), San Martín de Porres (2), San Juan de Lurigancho (2) y Lurigancho (3). Allí las recomendaciones se centran en evitar la construcción en las riberas, limpiar el río y mejorar las defensas ribereñas. Sin embargo, los expertos advierten de que no hubo modificaciones hasta la actualidad.
Existen variaciones con respecto a la identificación de zonas inundables debido a que unas están más críticas que otras. En esa línea, el Plan de prevención y reducción de riesgo de desastres de Lima Metropolitana (2019-2022) revela que, en realidad, 15 distritos están expuestos a inundaciones, lo que pone en riesgo a un total de 154.890 personas. De ese dato, Lurigancho-Chosica y San Juan de Lurigancho tienen dos grupos de poblaciones propensas por ubicarse en el río Rímac y cerca de la quebrada Huaycoloro, que desemboca en ese río. Su vulnerabilidad es mayor.
Mario Casaretto, gerente de Gestión de Desastres de la Municipalidad de Lima Metropolitana, sostiene que los desastres no se anuncian y pueden ocurrir en cualquier lado. “Sin embargo, vamos a prepararnos. (Por ejemplo) no teníamos mapeado Cieneguilla y se desbordaron por las quebradas”, enfatiza. Asegura también que está en reuniones con las autoridades correspondientes.
Pese a ello, las áreas sujetas a este tipo de desastres son identificables por su recurrencia. ¿Qué hace que no haya una preparación o prevención? La representante de Cenepred sostiene que la mayor responsabilidad recae en los Gobiernos locales y regionales, los cuales se encargan de elaborar junto con la institución planes de prevención, pero no siempre se ejecutan o no lo solicitan.
“Allí es donde tenemos un poco de retraso por las instituciones. Cenepred brinda la asistencia técnica a todas las instituciones que soliciten los planes de prevención, pero han sido muy pocas autoridades locales que se acercaron”, dice Obregón.
Solo el 4% de las autoridades en el ámbito nacional respondieron la información enviada por Cenepred sobre los reportes meteorológicos.
En diálogo con LR Data, Jesús Maldonado, alcalde de San Juan de Lurigancho, afirma que, en la transferencia de gestión, no se le entregó ningún diagnóstico o informe sobre la prevención de desastres, por lo que no pudo haber continuidad. Cabe precisar que este distrito no cuenta con un plan de prevención de desastres.
“Hemos tenido que construir una base de datos y (realizar) evaluaciones en zonas de riesgo. (...) Estamos elaborando un plan de contingencia con Cenepred”, asegura.
Falta de prevención
Una revisión a los planes de prevención de Lima Metropolitana revela que solo 8 de 15 distritos expuestos cuentan con estos, pese a que existen estudios más profundos sobre la geografía de la capital en comparación con otras ciudades y regiones, advierte la especialista de Cenepred. Se trata de Ate, Carabayllo, Chaclacayo, Comas, Lima, Los Olivos, Lurigancho y San Martín de Porres.
Las medidas para gestionar los desastres incluyen la reubicación de viviendas cercanas a los ríos. Por ejemplo, en Cercado de Lima existen 22 puntos críticos de erosiones fluviales e inundaciones. El plan de prevención 2021-2023 de ese distrito recomienda la reubicación, principalmente, del AA. HH. 1 de Mayo, ubicado en la ribera del río Rímac. En 2011, Indeci ya lo había solicitado, pero, 12 años después, continúan instalados allí.
En esa zona hay otros sectores de viviendas instaladas en una suerte de pendiente: hacia arriba las casas, abajo el río. En ese espacio también se ubica el puente Santa María. Un vecino de la zona, Javier Caro, señala que, con la edificación de este puente, se iban a mejorar las condiciones para evitar las erosiones y las inundaciones producto del aumento del caudal. Eso no ocurrió.
En ese mismo lugar, Luz Marina Herrera, quien vive más de 50 años allí, afirma que este tipo de eventos son recurrentes, por lo que también siente temor. Pese a ello, señala que las entidades del Estado no se han acercado. La última vez que lo hicieron fue hace cinco años.
“Dijeron que nos iban a reubicar, pero no se ha logrado (…). El río, la humedad, carcome por dentro las casas. Nosotros decidimos avanzar (para alejarnos del río). Todos los años, el mes de febrero es fuerte”, añade.
Herrera no se niega a la reubicación. Es más, ella lo solicita, pero siempre y cuando no los envíen “tan lejos”. Además, alude que no puede retirarse del lugar por sí sola, precisamente porque no cuenta con los medios para hacerlo. Su sustento económico está destinado para sus necesidades básicas.
Con respecto a ese tema, Casaretto arguye que, por el presupuesto, es una situación que le compete al Gobierno, sobre todo al Ministerio de Vivienda. No obstante, sostiene que el municipio ha elaborado estrategias, como trabajar en la descolmatación del río Rímac y otras áreas inundables en Lima Norte, o en la prevención con brigadas para jóvenes y adultos.
Los programas de gestión de desastres incluyen contar con un plan de contingencia, un mapeo de riesgos e informar en la prevención. Sin embargo, no todos los distritos expuestos a inundaciones realizan ese monitoreo. Algunas autoridades no siempre ejecutan el plan, advierten los especialistas.
“Una vez elaborados los planes, donde entra el detalle de la prevención y los avances de cierre de brechas, estos se tienen que ir desarrollando de manera anual. Tiene que haber una supervisión para ver cuán efectivo está siendo el plan. Es una tarea constante. Lo ideal es que se implementen a la brevedad”, asegura Obregón.
Esas faltas de implementación se exponen en el Registro Nacional de Municipalidades (2020). Si bien los distritos expuestos señalan contar con estrategias de prevención, tienen carencias en aspectos comunitarios o en la rehabilitación de su territorio tras un daño ocasionado. Incluso hay municipios que no cuentan con una evaluación de mapas de riesgo de sus sectores.
Aunque los datos del Renamu tienen una limitación, por estar hasta el 2020, estos permiten visibilizar cuáles son las medidas que menos se realizan. Así se observa que solo cinco distritos de 15 expuestos a inundaciones cumplen con la estrategia de educación comunitaria pese a la necesidad de que la población debe tener conocimientos de los riesgos. Un hecho similar sucede con el sistema de alerta, ya que solo tres informaron haberlo implementado: Carabayllo, Chaclacayo y Lurín.
Ante la carencia, en Comas, los ciudadanos del asentamiento humano Nueva Esperanza han elaborado —en la precariedad— su propio sistema de alerta. Mediante unos silbatos, las madres de familia alertan a los demás para retroceder y evitar que el desborde del río los afecte. Además, han puesto bolsas en las riberas para evitar las erosiones.
“Los silbatos los dividimos en tres partes. Con eso nos ponemos en alerta para ver si esto crece o no para retroceder”, declara una de las madres de familia que viven allí.
Los especialistas advierten de que la falta de continuidad en las políticas públicas impide que se avance en las estrategias para la ciudadanía. Según Obregón, las nuevas gestiones no conocen del tema hasta que tienen tiempo de prepararse, pero en ese transcurso hay un lapso vacío en el que no se desarrollan acciones al respecto.
Del mismo modo, Núñez sustenta que, tras los cambios de gobernadores y alcaldes, se reinicia la gestión en la prevención de desastres. “Cuando ingresa otra persona, no hay continuidad en el tema”, añade.
Este 2023 inició con nuevas autoridades y una temporada de lluvias que se intensifica mes a mes. Mientras tanto, la población vulnerable continúa al otro lado del río.
