Por: María Morales Isla / Unidad LR Data
Publicado el 18 de abril de 2022
En Lima, solo hay dos hospitales y un instituto público psiquiátrico para atender a más de nueve millones de habitantes. Pero, uno de ellos puede cerrar sus puertas. El Hospital Víctor Larco Herrera (HVLH) enfrenta dos demandas interpuestas por la Beneficencia Pública de Lima (BPL), que exige su desalojo y una indemnización.
La disputa legal del nosocomio expone la precariedad de sus condiciones y la falta de recursos para mejorar su infraestructura, debido a que la BPL se resiste a transferir el inmueble al Ministerio de Salud (Minsa). En este contexto, se inserta también la ley de salud mental orientada al cierre de los servicios de internamiento psiquiátrico.
El espacio del Hospital Víctor Larco Herrera ocupa unos 210.000 metros cuadrados.
Los procesos legales del Larco Herrera
Desde 2015, la Beneficencia de Lima ha intentado recuperar el predio ubicado en Magdalena del Mar. En esa fecha, solicitó una indemnización de 100 millones de soles por daños y perjuicios. Además, exigió la restitución de la propiedad y una suma de más de 700 millones por el uso del bien.
El proceso se basa en el vencimiento de un convenio firmado entre el BPL y el Ministerio de Salud en 1966. El acuerdo propuso trasladar la administración del hospital al Minsa por 30 años. Pero, tras cumplirse el periodo, no se realizó un nuevo convenio por desidia de la Beneficencia. Ahora, esta institución pública exige el “pago de los frutos por el uso del bien” desde 1996, año en que perdió vigencia el acuerdo.
A la fecha, no se ha dictado una sentencia, pero la demanda continúa en trámite y a la espera de ser resuelta, según un documento emitido el pasado 13 de marzo de 2022.
Una segunda demanda —esta vez por desalojo— fue interpuesta en 2017. En el documento, se pide textualmente recuperar la propiedad, pese a que el hospital Larco Herrera continúa operando. “Se advierte que mediante la presente demanda la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana peticiona desalojo por ocupación precaria contra los demandados Ministerio de Salud y Hospital Víctor Larco Herrera a efectos de que los demandados cumplan con desocupar y restituirles el predio de propiedad de la actora, y sus edificaciones que vienen siendo ocupados sin título alguno por los demandados en el inmueble”, se lee en el documento del 10 de mayo de 2017.
Luego de una serie de subsanaciones, el proceso fue admitido el 5 de octubre de 2017. Cinco años después, el pasado 7 de marzo de 2022 se solicitó al asistente del juez la programación de la audiencia.
De acuerdo con Luis Almora, abogado del HVLH, ambos procesos están detenidos y no han tenido mayores avances. Por ello, resalta que el hospital no dejará de atender ni será desalojado; incluso afirma que acudirán hasta la Corte Suprema si obtienen un fallo desfavorable. “Tenemos antecedentes que nos favorecen”, asegura.
En efecto, existen tres precedentes de traslado de titularidad de los predios de la Beneficencia a favor del Minsa. En 2007, el Congreso autorizó la transferencia del título de propiedad del Hospital Antonio Lorena, que pertenecía a la Beneficencia de Huancayo (Ley n.° 29085). En 2008, el Ejecutivo hizo lo mismo con seis hospitales ocupados en terrenos de la Beneficencia de Lima, entre los que figuraban el Loayza, el Dos de Mayo y el Valdizán (Ley n.° 28826). En 2016, el Parlamento promulgó una ley similar con el Hospital El Carmen, instalado en el predio de la Beneficencia del Cusco.
El abogado Almora resalta que las tres leyes son los ejemplos de vías resolutivas para el Hospital Larco Herrera. Es decir, la salida a la disputa legal recae en manos del Ejecutivo y el Legislativo. En este último, hubo dos iniciativas: en 2011 del APRA y en 2017 de Acción Popular. Sin embargo, ambas fueron archivadas en las comisiones de Salud.
En ese panorama, la Asociación de Familiares de Enfermos Mentales ha solicitado apoyo al actual parlamentario Guido Bellido (Perú Libre) para instalar una mesa de diálogo que aún no ha tenido respuesta. “Hemos tocado un montón de puertas. Nadie quiere hablar con nosotros. Nosotros vivimos en zozobra, qué va a pasar con los pacientes cuando cierren”, señala Colona, líder de la asociación.
En tanto, el director ejecutivo del HVLH, Carlos Palacios, reitera que el nosocomio seguirá atendiendo. “No vemos como amenaza el juicio. Por el contrario, sí lo vemos como una mejora para la institución si se resuelve a nuestro favor porque podremos disponer y mejorar la infraestructura. La institución no está en riesgo”, aclara.
La República intentó comunicarse con el Minsa y la Municipalidad de Lima, pero no ha obtenido respuesta.
Un hospital en la precariedad
Pero el problema de la titularidad del inmueble no es un hecho aislado. Su falta de resolución limita las modificaciones en la infraestructura de un nosocomio con una antigüedad de más de 100 años y, en función a ello, afecta la calidad de atención de los pacientes.
Según su director ejecutivo, cualquier modificación en el hospital debe contar con el permiso del propietario, en este caso, la Beneficencia de Lima. Lo mismo sucede para la adquisición de equipos. “Estamos entrampados. Queremos ampliar el espacio para consultas, pero no podemos”, acota.
A ello se suma que el nosocomio es un patrimonio cultural y las modificaciones que se requieran pasan por un trámite y una supervisión. Respecto a ello, en un informe de 2018 sobre derecho a la salud mental, la Defensoría rechazó que continúe la atención en inmuebles declarados patrimonios culturales por las dificultades que presentan para mejorar su infraestructura.
María Isabel León, especialista de la Defensoría, declara que si bien el HVLH no se encuentra en un estado deplorable, se constató que no cumple con los requerimientos de atención debido a que sus pabellones están resquebrajados y los pacientes comparten las mismas prendas.
Lo anterior se agravó con la pandemia de la COVID-19, que evidenció la falta de espacios para evitar los contagios. Según la Contraloría, en un informe publicado en 2020, todos los pacientes circulaban por las áreas comunes y no se cumplía el aislamiento de los casos positivos. Incluso uno de los pacientes se encontraba durmiendo en el suelo del comedor durante la visita de inspección.
Advierten desgaste en la infraestructura del hospital. Pabellones resquebrajados. Foto: Defensoría.
Del mismo modo, el Sindicato de Trabajadores del Hospital Víctor Larco Herrera afirma que hay áreas sin mantenimiento, por lo que ha anunciado una protesta contra la actual gestión del establecimiento psiquiátrico.
Cierre de servicios de internamientos en psiquiátricos
La disputa legal que enfrenta el hospital Larco Herrera se inserta en el marco de la ley de salud mental de 2019 (Ley n.° 30947), que se ha ido implementando en los últimos años. La norma propone el cierre de los servicios de internamientos en los hospitales psiquiátricos a fin de trasladar a los pacientes a hogares protegidos y reinsertarlos a la comunidad.
Para León, las mejoras para la salud mental se centran ahora en la convivencia en comunidad, ya no en un periodo de internamiento. En ese marco, resalta que aun modificándose las condiciones de los nosocomios no habrá mejora en sus usuarios, toda vez que el aislamiento prolongado deteriora la salud mental y perjudica su atención.
Sin embargo, la Asociación de Familiares de Enfermos Mentales desestima la ley y pide modificarla. Ellos aluden a que la mayoría de pacientes no cumple con las condiciones para reinsertarse socialmente, además hay quienes no cuentan con un soporte familiar.
Cabe precisar que, en el Larco Herrera, hay pacientes que llevan más de tres años internados, a pesar de que la actual ley estipula que sea por un periodo de 45 días. Ante ello, la especialista de la Defensoría advierte que no se aplica correctamente la norma.
Por otro lado, Palacios afirma que la ley de salud mental no niega el trabajo de los hospitales; además, resalta que aquellos que requieran una mayor atención seguirán siendo atendidos en el nosocomio. “No niega la existencia de la institución, pero la norma puede ser perfectible. Es un primer paso a la reforma de salud”, puntualiza.
Con espacios precarios y dos demandas, las autoridades del Hospital Víctor Larco Herrera afirman que llegarán hasta las últimas instancias. “No hemos dejado de atender en la pandemia, no lo haremos ahora”, dice Palacios.
