Tomasa Huarcaya, de 84 años, lleva soñando con tener agua saludable desde hace décadas. Apoyada sobre un parante de madera que rodea el canal por el cual discurre un poco de agua de la cima del cerro Carmen Alto, cuenta que esta solo sirve para la subsistencia, pero que, a finales de julio, el conducto lucirá totalmente vacío.
Ella vive a seis horas de Huancavelica, en la provincia de Huaytará, distrito Huayacundo.
En esa parte del país, entre cerros y lomas llenas de hierba que comen las vacas, Tomasa sufre. Señala la cima de un monte por el cual discurre la poca agua que puede almacenar su pueblo cada vez que llueve. Ahora no llueve, son malos meses.
En la comunidad de Carmen Alto, la agricultura y la ganadería son su principal fuente de abastecimiento. Pero, sin agua, están a la deriva: viven al borde del acantilado y del hambre. Sin agua, las tierras no dan comida y los animales no crecen.
En el 2018, Tomasa escuchó que se había aprobado un proyecto de siembra y cosecha de agua para varios distritos de la provincia de Huaytará, entre ellos el suyo.
Este proyecto de infraestructura natural le permitiría obtener agua filtrada de la lluvia, la cual podía ser utilizada para regar las tierras y también para el uso diario.
“Para siembra de agua, decían. Van a sembrar pinos o algo así. Ustedes iban a ganar su plata así, decían. (¿En qué quedó?) En nada. Cada alcalde, cada autoridad… o sea, promesas no más eran”.
Lo mismo pensó Víctor, comunero de Carmen Alto. Al borde del camino nos cuenta que todo fue promesa, pues no se ha visto ningún avance en su pueblo.
“Hasta ahorita quedó en nada, lo que es nada. Solamente quedó en palabra, dijeron que se iba a hacer, incluso fijaron una zona para la plantación de pino, dijeron que serían 30 mil pinos. En nuestra comunidad iban a ser 12 cochas para almacenar agua”, declaró.
La inversión que escucharon Tomasa y Víctor fue sobre uno de los proyectos de infraestructura natural para la seguridad hídrica que promueven la conservación, restauración y recuperación de los ecosistemas con el fin de contrarrestar problemas de acceso al agua tanto para las actividades económicas como para el consumo diario de la población.
En muchas partes del país, las inundaciones, sequías, contaminación de los ríos u otro factor como lo que ocurre en la comunidad de Tomasa Huarcaya, han originado graves problemas a las comunidades que viven cerca, quienes se quedan sin agua para su subsistencia. Esto originó que las entidades públicas y privadas apuesten por invertir en proyectos de infraestructura natural.
Gena Gammie, representante de Forest Trends, organización internacional encargada promover proyectos de infraestructura natural en diversos países, entre ellos el Perú, explica la importancia de que las entidades públicas y privadas promuevan más inversiones sobre este tema y los beneficios para la población.
“Lo que queremos es ayudar a hacer más lento todo este flujo de agua cuando llueve, ayudar a que el agua quede en el territorio, que filtre en el suelo, que este bien protegidos, que ayude a recargar un acuífero. En general, que tome más tiempo para que esta agua de lluvia llegue a las quebradas y ríos y nos ayude a tener más cuando lo necesitamos”, explica.
Si bien Perú lidera en la región con la cantidad de proyecto de este tipo —como comenta Gammie—, el sistema de inversión pública retrasa los avances en la ejecución.
En el distrito de Huaytará hay diversos proyectos públicos para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.
De acuerdo al informe Abriendo el caño: estado del financiamiento en la infraestructura natural para la seguridad hídrica en el Perú (2021), en promedio, en pasar de un perfil viable a la ejecución física de un proyecto se demora 4.5 años.
El proyecto del cual hacían mención Tomasa y Víctor lleva por nombre “Recuperación de los Servicios Ecosistémicos de Regulación Hídrica en la cabecera de la cuenca del río Pisco” y comprende a cuatro distritos de la zona norte de Huaytará: Huayacundo, San Antonio de Cusicancha, Quito Arma y Huaytará.
La idea del proyecto es construir cochas (reservorios) para almacenar el agua de la lluvia en la zonas más altas, para luego filtrar equilibradamente el agua y mantener abastecida a las comunidades.
También contempla la plantación de pinos en los alrededores de las cochas con el fin de reforestar los lugares devastados, porque estas plantas servirían para absorber el agua y evitar erosiones de suelo.
Además, les habían prometido a la población que ellos iban a participar directamente en el proyecto, por lo que generaría ingresos para las familias.
“(¿Les ofrecieron trabajo?) Sí, nos dijeron que nos iban a dar trabajo, qué íbamos a trabajar en la obra cuando iniciara, pero nada… hasta ahorita”, se lamenta Tomasa.
La aprobación del proyecto en la zona norte de Huaytará también implicó la creación de otros dos: uno en el sur del distrito (cuenca del río Pisco) y el segundo en el centro (cuenca del río Ica). Juntos representan la inversión más grande en proyectos de infraestructura natural de la región con financiamiento público.
Cada uno de ellos cuenta con expediente aprobado y con una inversión total de más de 80 millones de soles.
Para José Antonio Escobar, alcalde encargado de Huaytará, el proyecto fue iniciado por las gestiones anteriores con la voluntad de trabajar en equipo, pero tras el cambio de autoridades, los proyectos se estancaron por falta de acuerdos entre los actuales gobernadores regionales.
Las diferencias políticas han hecho que hasta la fecha solo el proyecto en la cuenca del río Ica, en el centro de Huaytará, haya recibido más de 13 millones de soles. Los otros dos proyectos siguen esperando que el gobierno central destine recursos.
“Falta la decisión política también del gobernador regional de Huancavelica y de Ica. Hay discrepancias políticas. Por eso también se entrampa esto. Yo le pediría al gobierno que priorice porque la siembra y cosecha de agua es importante para esta zona”, refirió Ricardo Yauricasa Flores, exalcalde de Huaytará.
Otro argumento es que existe una influencia de la región de Ica sobre el gobierno central, debido al avance de la agroexportación que hay en dicho lugar.
“¿Por qué le dan dinero a los del río Ica? Porque sencillamente de ahí se riega a los campos de agroexportación y ahí están los grandes [campos]. Ahí están las grandes [tierras]”, indicó Luis Neyra, exacalde de Ocollo, uno de los distritos afectados en la zona sur de Huaytará.
A ello agrega la falta de continuidad que pueden tener proyectos de este tipo, vinculada a los funcionarios de turno que ingresan a una nueva gestión y no comprenden la necesidad de estas obras. Para ello, Neyra ejemplifica con un piloto desarrollado en la zona sur de la región, en donde hay árboles que ya no se riegan y están abandonados.
“Lamentablemente como es por contratación directa hay malos manejos y ya no se ha dado continuidad a regar esos pinos. Más del 70% se han secado. (...) La idea era regar los pinos con mano de obra de la gente”, señala.
Los responsables de la formulación del proyecto, la Mancomunidad de los Andes, formada por las regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Ica y Junín, han señalado que el gobierno central está destinando el dinero estrictamente para el proyecto del río Ica y que para los otros se tiene que realizar otra gestión para obtener recursos.
“El gobierno central manda el presupuesto con nombre propio. El gobierno regional de Ica recibe y luego nos deriva. Pero ese presupuesto viene en exclusividad para ese proyecto [cuenca del río Ica]”, indicó Luis Jiménez Alarcón, director ejecutivo de la Mancomunidad de los Andes.
En este punto, Jiménez revela que existe un problema mayor para los proyectos abandonados, la burocracia, pues asegura que la entidad deberá realizar una nueva gestión para exigir que el gobierno central les destine dinero para iniciar los otros dos proyectos, a pesar de que ya están los expedientes técnicos aprobados.
Explicó que para conseguir dinero para el proyecto de la cuenca del río Ica tuvieron que acudir a la Presidencia del Consejo de Ministros y, luego de la aprobación, al Ministerio de Economía para presionar por el desembolso.
“Nosotros estamos actualizando los expedientes y se están presentando a las entidades pertinentes que nos van a financiar. Estamos en ese proceso. Estamos en ese proceso de buscar el financiamiento [para las otras cuencas] y seguramente vamos a tener buenos resultados”, agregó.
Si bien el inicio de la ejecución del proyecto data de octubre del 2018, cuatro año después, el gobierno regional de Huancavelica ha ejecutado en promedio de esas obras solo el 3,5% de los 80 millones. La zona central y más próxima a Ica es la que más avanzó con un 8,28% frente al 1,16% y 1,22% de la zona sur y norte, respectivamente.
Estas dos últimas en conjunto benefician a cerca de 4 millones de habitantes como Tomasa y Víctor.
La realidad de Huancavelica también se refleja en otras regiones del país, en las cuales hay montos planificados para proyectos de infraestructura natural para la seguridad hídrica, pero la ejecución es escasa.
Una revisión al financiamiento público para los proyecto de este tipo en el Sistema de Seguimiento a la Inversión Pública (SSI) evidencia que si bien hay montos ideados para la ejecución de las obras, estas no se realizan o aún no se completan a pesar de que su inicio data de hace varios años.
Por ejemplo, en Cusco, Áncash y La Libertad, cuatro proyectos tuvieron un presupuesto de 18 millones de soles; no obstante, solo se han ejecutado 2 millones y medio en conjunto. Ello implica que cerca de 6 mil personas en estas regiones no se beneficiaron.
Las cuatro obras mencionados anteriormente son del grupo de los que ejecutaron hasta el 40% de su presupuesto total. En este hay 16 proyectos de infraestructura natural entre los que aún están activos, los que ya cerraron y los que aparecen sin fecha. Aunque en su mayoría, 12 de los 16 han avanzado menos del 10%.
En detalle, cinco no tienen fecha de inicio ni de fin, a pesar de que cuentan con un presupuesto de 26 millones y medio de soles, y han ejecutado menos del 1%, es decir, aproximadamente 175 mil soles. Con ello, están dejando de beneficiar a 30 mil ciudadanos.
Si bien en su gran mayoría los proyectos han ejecutado más del 90% —y muchos de estos cierran este 2022—, hay unos 11 que han ejecutado entre el 50% y el 80%. De ese total, cuatro no tienen fecha en el SSI y uno finalizó durante el 2021.
Cabe mencionar que el total de los proyectos con financiamiento estatal analizados (46) corresponden al informe Abriendo el caño: estado del financiamiento en la infraestructura natural para la seguridad hídrica en el Perú (2021), que este medio hizo seguimiento, los cuales datan entre 2011 y 2020.
La especialista Gena Gammie explica que tienen identificadas las problemáticas en torno a la ejecución del gasto público en este tipo de proyectos, como los ‘cuellos de botella’ de algún proceso o los filtros que se tienen para evitar la corrupción; sin embargo, aún no son suficientes las mejoras que han venido implementando.
“El reto es proteger (los proyectos de) infraestructura natural que hoy día están generando estos servicios (beneficios). Tenemos que asegurar que no los perdamos (...) Debemos tener una respuesta mucho más ágil sobre procesos (trabas) que toman siete años, creo que todos estamos reconociendo que esto no está sirviendo para su propósito al final”, finaliza.
Para este informe nos comunicamos con el actual gobernador de Huancavelica, Maciste Díaz; sin embargo, no
obtuvimos respuesta. De igual manera, contactamos al que será el próximo gobernador regional, Leoncio
Huayllani, para saber sus planes sobre la paralización de estas obras, pero tampoco atendió nuestro pedido.