Por: Pamela Huerta y Alexis Revollé
Publicado el 18 de marzo de 2022
La historia del indulto a Alberto Fujimori no empieza en diciembre de 2017, con el negociado bajo la mesa por Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Esta, en realidad, inició mucho antes: en setiembre de 2012, cuando el exdictador fue hospitalizado debido a una complicación con su cirugía en la lengua. Así, en noviembre de ese año, su familia hizo el primer pedido a raíz de un supuesto diagnóstico médico de cáncer terminal.
Meses después, sin embargo, una junta médica evaluó el caso. Las conclusiones serían determinantes para sustentar la solicitud. En marzo de 2013 se resolvió que Alberto Fujimori no padecía cáncer terminal. “No registra evidencia actual de cáncer de lengua o displasia”, indicaba el informe presentado a la Comisión de Gracias Presidenciales (CGP). Aquel episodio concluiría con la negación de Ollanta Humala —entonces presidente— a la gracia presidencial por ser improcedente al tratarse de un condenado por delitos de lesa humanidad.
Habían pasado apenas cuatro años desde que recibió la sentencia más alta de las cinco que carga consigo —homicidio calificado con alevosía y secuestro por los casos Barrios Altos y La Cantuta en el 2009—, la misma que recién concluiría en el 2032. Sin embargo, aún quedan procesos pendientes por los que debe responder: el caso Pativilca, las esterilizaciones forzadas, el asesinato de Melissa Alfaro y tantos otros por los que, quizá, jamás cumpla una condena.
Desde aquel pedido de liberación ante Humala tuvieron que pasar otros cuatro años para que Fujimori y los impulsores de su indulto encuentren un nuevo escenario favorable. La noche del 24 de diciembre de 2017, un acorralado PPK anunciaba que había aceptado el pedido a favor del expresidente. Había canjeado su protección por la libertad del exdictador y emplazaba a los peruanos a perdonar a quien nunca pidió perdón. “No nos dejemos llevar por el odio, no paralicemos el país. Pasemos esta página y trabajemos por el futuro", fueron las palabras del exmandatario, quien hoy cumple arresto domiciliario por el caso Lava Jato. Un día antes, el 23 de diciembre, Alberto Fujimori había sido trasladado de emergencia a una clínica de Pueblo Libre por una taquicardia.
Cual obra teatral, todos los actos se volvieron a repetir este último 17 de marzo de 2022. Un presidente contra la pared por una moción de vacancia, Alberto Fujimori enfermo recién salido de la misma clínica, un indulto inconstitucional y una ciudadanía harta de ver cómo algunos actores políticos socavan la ya crítica institucionalidad de este país.
Resulta complejo pensar en lo que puede suceder los próximos días, más cuando un cuestionado Tribunal Constitucional (TC) acaba de revictimizar a los deudos de Barrios Altos y La Cantuta; sin embargo, es necesario empezar a hacerlo. Jurídicamente, todos los caminos parecen llegar al mismo lugar: Alberto Fujimori regresando al penal de Barbadillo. Según los especialistas consultados por La República, la sentencia del TC que le otorga el indulto es “inconstitucional” y existen dos vías para revertirla.
Una de ellas es que el Gobierno le ahorre un trámite legal internacional al Estado peruano al marcar una postura tajante frente a este arbitrario proceso. Para esto, el presidente Pedro Castillo tendría que anular por decreto supremo (DS) la gracia presidencial otorgada, como lo hiciera el fallecido expresidente Alan García con José Crousillat en el 2010.
Julio Arbizu, abogado especialista en derechos humanos (DD. HH.) y lucha anticorrupción, explica este escenario. “Es perfectamente posible argumentar la necesidad del Gobierno de revocar este indulto. Lo que puede hacer el presidente es revocar este DS que le dio el indulto ilegal a Alberto Fujimori y que se afronten las consecuencias de lo que pueda pasar. Yo creo perfectamente que ese es un escenario posible”, señala. Asimismo, advierte que “el mandatario se juega su lugar en la historia con la decisión que tome y el silencio en estos casos es cómplice también”.
Por su parte, Carlos Mesía, expresidente del TC, no está de acuerdo con lo planteado por Arbizu. “El indulto, si bien es una facultad presidencial, una vez que se da, ni el propio presidente la puede cambiar. Así como los jueces: no pueden cambiar sus sentencias. El presidente no puede modificar el indulto porque este tiene la condición de cosa juzgada”, señaló para RPP Noticias. Asimismo, aclaró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sí podría determinar que el Tribunal Constitucional ha violado el pacto internacional y podría obligar al Estado peruano a regresar a Alberto Fujimori a prisión.
Pero, hasta el momento, las posturas del Gobierno siguen siendo difusas. El último jueves 18, tras conocerse el fallo, el presidente Castillo publicó en su cuenta de Twitter un mensaje que no decía absolutamente nada. “La crisis institucional a la cual me referí en mi mensaje al Congreso se refleja en la última decisión del TC. Los órganos de justicia internacional a los que el Perú está adscrito y el Estado de derecho deberán cautelar el ejercicio efectivo de la justicia para el pueblo”, se leía en el tuit. Nada de la ilegalidad del indulto y nada de aquella familiar víctima de las esterilizaciones forzadas que tanto citó durante su campaña.
Para Iris Jave, politóloga especialista en democracia, memoria y posconflicto, la actual gestión no brinda luces de lo que pretende hacer. Considera que el Ejecutivo envía un mensaje bastante suave, sobre todo al tener en cuenta el nivel de gravedad que implica la resolución del TC respecto al indulto. No obstante, aclara, tampoco existen elementos para afirmar que esta tibieza sea resultado de una negociación con la oposición en medio de un escenario de vacancia.
“Entiendo que esté la suspicacia de que se canjee un indulto por la vacancia, más cuando esto ya se hizo con el expresidente PPK. Por eso precisamente se anuló el indulto: para evitar su vacancia. Pero no hay elementos que esa sea la razón ahora; sin embargo, sí creo que es un Gobierno débil, demagógico y populista que actúa generando respuestas para el corto plazo. El Gobierno proyecta falta de claridad sobre lo que se supone deben hacer, que es tomar una postura respecto a esta decisión del TC. Eso no se nota en el Ejecutivo”, apunta Jave.
Ante una serie de caminos trazados, lo que todos los ciudadanos se preguntan es: ¿qué decisión tomará el Gobierno? De acuerdo al análisis de José Alejandro Godoy, politólogo y autor de “El último dictador”, no decidirán nada. “Yo creo que van a quedarse de perfil, van a buscar quizá que las víctimas sean las que hagan el trabajo. Lo cual es bastante penoso para el Estado peruano, teniendo en cuenta que será al Estado peruano a quien se va a juzgar por este tipo de hechos”, afirma.
— ¿Cuál sería el mejor escenario?
— Que la Corte IDH resuelva esto lo más antes posible y que con ello, finalmente, se restituya la decisión de que el señor Fujimori siga preso.
Lucía Santos, abogada especialista en temas de género y DD. HH., en cambio, considera que esta ruta no es infalible. “Lo que tendríamos es una resolución de cumplimiento de sentencia que dice que el Perú la está incumpliendo, así como el Perú ha incumplido decenas de sentencias que ha emitido la Corte IDH. Esa es la razón por la que no se trata de una ruta infalible. La Corte IDH no va a decir que se tiene que revocar inmediatamente la sentencia del TC, no podría hacerlo, lo único que puede decir es que el Perú está vulnerando el artículo 8 de la convención”, afirma.
Por otra parte, sostiene que ante un escenario tan nebuloso, la presión política y la movilización ciudadana resultan fundamentales. Además, hace un cuestionamiento abierto a este TC porque considera que se ha retrocedido 30 años en materia de DD. HH. con las sentencias que viene emitiendo.
“El TC es en este momento un actor político alineado a los intereses del fujimorismo, a los intereses del empresariado y no a los intereses de la ciudadanía. Estamos viviendo un escenario muy parecido al de finales de los 90, cuando teníamos a un tribunal cooptado por el fujimorismo. Viendo este escenario, cuando vimos la última elección del TC que fue bastante accidentada, creo que una persona se pregunta si es que el aparato del Estado todavía hay cosas que reparar o la refundación es necesaria”, añade Santos.
Las coincidencias son claras, el exmandatario debería afrontar su regreso al penal de Barbadillo tarde o temprano. Esto con o sin una postura clara del presidente Castillo, quien tiene la soga al cuello con una moción de vacancia en proceso. Pero lo que más debería preocupar a la ciudadanía es cómo el TC deteriora cada vez más la institucionalidad del país. Ante esto, lo único improbable es un escenario de reconciliación nacional, pues mientras los familiares de las víctimas del régimen fujimorista sigan sin obtener justicia, nadie podrá vivir en paz.
