La mujer que decide denunciar a su agresor en el Perú debe saber que se enfrenta a un escenario de impunidad. Se le puede asegurar, incluso, que hay un 99% de posibilidades de que su proceso judicial no obtenga una sentencia y, menos aún, una condena. Entre el 2018 y julio de 2023, el Poder Judicial (PJ) evaluó 808.483 casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, enmarcadas en la Ley N° 30364, la misma que fue promulgada en el 2015. En ese mismo periodo, apenas 0,044% (354) del total de denuncias que llegaron a esta instancia obtuvo una sentencia.

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Esto se debe a muchos factores, pero, según la Defensoría del Pueblo, principalmente a que el sistema de justicia no responde a un enfoque de género y derechos humanos que priorice a las víctimas. De acuerdo a la última supervisión que realizó en 2020 a 108 despachos fiscales especializados en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar del Ministerio Público (MP), los casos que se archivan con más frecuencia son por agresiones contras las mujeres e integrantes del grupo familiar (72%), daño psíquico y afectación psicológica cognitiva conductual (25%), y lesiones leves con la agravante de violencia contra las mujeres (17%).

Una justicia inalcanzable

Un proceso judicial por violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar puede tardar, en el mejor de los escenarios, tres años en promedio desde que se efectúa la denuncia en una sede de la Policía Nacional del Perú (PNP). En ese trayecto, la agraviada atraviesa un proceso de revictimización constante, pasando por el relato del trauma vivido, el médico legista que —muchas veces— le dirá que sus “lesiones son leves” y los cuestionamientos de los operadores de justicia, que observarán hasta el color de ropa interior que usaba para argumentar sus fallos.

No obstante, así la denunciante, en un acto de sacrificio, decida enfrentar todo este calvario, nada le garantiza que obtendrá justicia.

A nivel nacional, la región que acumula el mayor número de sentencias es Áncash, con 91 entre el 2020 y lo que va del 2023. Lima suma solo cinco en ese mismo periodo. Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Callao, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, Tacna y Tumbes no han emitido una sola sentencia en más de cinco años. Además, cabe mencionar que entre 2018 y 2019, cuando el Poder Judicial reportó 9.319 casos, no se registraron sentencias en todo el país.

Para Lucía Santos, abogada especialista en género y derechos humanos, las causas de esta brecha abrumadora son la dificultad probatoria, la carga procesal y un sistema de cuotas que presiona a los fiscales a cerrar casos a como dé lugar. “Cuando hablamos de violencia de género hablamos de formas de violencia que no ocurren en un espacio público necesariamente y donde hay dificultad probatoria. No es tan fácil obtener pruebas tangibles o documentales de episodios de violencia sexual, psicológica e incluso física”, explica.

Asimismo, señala que los fiscales de violencia están “ahogados de casos” y que pueden conducir hasta 400 expedientes al mes. “Es una carga inmanejable para cualquiera, especialmente para un fiscal especializado en violencia”. Además, otro factor a considerar es que el Ministerio Público les exige a los fiscales cerrar cierta cantidad de casos al mes. Esto significa que pueden buscar una sentencia o archivar. “Es un incentivo perverso porque entre más difícil sea probar los hechos, es más probable que los fiscales archiven”, afirma.

Violencia invisibilizada

La supervisión de la Defensoría del Pueblo también reporta que el 77% de despachos fiscales especializados deciden archivar casos y no continuar con la denuncia porque encontraron que “no existía afectación psicológica”. Para esto, muchos dejan de lado los informes que elaboran los Centros de Emergencia Mujer (CEM), que suelen tener los primeros contactos con las denunciantes, porque consideran que no tienen los parámetros del Instituto de Medicina Legal (IML) y no son “imparciales”.&nbsp;

Pero probar una denuncia por violencia psicológica implica someterse a un protocolo falible diseñado para que los peritos atiendan víctimas a destajo. Luis Guzmán Robles, docente universitario y psicólogo clínico forense, indica que para demostrar la afectación psicológica es necesario analizar primero los rasgos de personalidad del denunciante, para así tener en consideración cómo se interpretan los hechos y demostrar si hubo violencia psicológica o no. “Cuando hay una evaluación psicológica se demuestra que hay consecuencias conductuales, fisiológicas y comportamentales, cuando esto va de acuerdo con el hecho, se comprueba que hay afectación psicológica”, manifiesta.

El problema con los peritos que evalúan a quienes denuncian violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, precisa, son las pautas que deben seguir por instrucción de la propia Fiscalía.

“Lo que pasa, y esto lo digo con mucha vergüenza, es que muchas veces las evaluaciones que se hacen en el Ministerio Público, por la carga que tienen, no se realizan adecuadamente. Deben hacer las evaluaciones durante una sola sesión por cuatro horas, cuando lo mejor sería que sean cuatro sesiones en días diferentes. Además, no siempre se utilizan los instrumentos necesarios o adecuados para determinar si hay afectación emocional o no. Y eso es lo que está dispuesto en las guías. Es como si los robotizaran”, aclara el especialista.

Diana Portal, adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo, cuenta que los casos que se enmarcan en violencia psicológica plantean los principales obstáculos que ha podido identificar en su labor. “Aquí, un gran pendiente es que el Instituto de Medicina Legal capacite sobre los estándares necesarios a los psicólogos del CEM para que sus informes estén acorde a estas características y se pueda considerar la gravedad de los hechos”, sugiere.

Se evidencia también que la gran masa de casos se encuentra en procesos interminables que agotan a las víctimas, quienes —muchas veces— optan por abandonarlos.

Premio consuelo

Algo que el Poder Judicial sí emitió exponencialmente son las medidas de protección. Entre enero y julio de 2023 se otorgaron 115.234, lo que representa el 71,5% de casos ingresados. Una medida de protección tiene el objetivo de resguardar a las víctimas de sus agresores. Es de acción inmediata y pueden ser el retiro del agresor del domicilio, el impedimento de acercamiento o comunicación, la prohibición del derecho de tenencia de armas, el inventario de bienes y otros requerimientos.

El responsable de ejecutar estas medidas de protección es la PNP, que —como ha manifestado el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola— tiene un déficit crítico de personal. El sistema, tal como está en este momento, no tiene la capacidad de proteger a las víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. En consecuencia, las medidas de protección se reducen a un papel firmado que no protege a nadie.&nbsp;

“Nosotros hemos identificado que en, <a href="https://data.larepublica.pe/feminicidios-en-peru-6-feminicidas-profugos-llevan-hasta-7-anos-en-el-programa-de-recompensas-sin-ser-capturados-reportes/">muchos de los casos de feminicidio, las víctimas tenían medidas de protección</a>. Hablamos prácticamente de la crónica de una muerte anunciada, ya que —pese a haber acudido al Estado— no se termina protegiendo adecuadamente a las víctimas”, advierte la adjunta Diana Portal.

Ella también manifiesta que si bien el Poder Judicial es la última instancia en un proceso, en el que se decide habrá o no justicia, igualmente se tendría que evaluar al Ministerio Público, que se encarga de presentar la carga probatoria, y a la PNP, que prepara el informe policial. “Debería haber una respuesta rápida y articulada para recoger las pruebas. Pero ¿cuáles son los principales obstáculos que se enfrentan? La revictimización y los estereotipos de género que están presentes en todos los niveles de nuestro sistema de justicia. Por eso a las víctimas se les cuestiona su comportamiento o la gravedad del hecho”, expresa.

La especialista Lucía Santos concuerda y suma la necesidad de que los CEM cuenten con abogados y psicólogos suficientes que respeten el enfoque de género y derechos humanos. Por otro lado, considera que esta brecha abismal entre casos y sentencias alimenta la cultura de la impunidad y genera escenarios en los que los agresores se sienten protegidos. “Es que este tipo de casos no importan, la impunidad crea un nivel de tolerancia hacia la violencia de género que al final termina incentivándola”, indica. A su vez, apunta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya se pronunció sobre esto en varias sentencias.&nbsp;

“Es por eso que una pieza clave para la prevención de la violencia es la existencia de un sistema de justicia capaz de sancionar a los responsables, porque la garantía de justicia tiene la capacidad de prevenir la reincidencia y de que terceras personas cometan actos de violencia”, finaliza.

Subsanar cada uno de los eslabones del sistema de justicia es una responsabilidad que el Estado debe empezar a asumir. <a href="https://larepublica.pe/sociedad/2023/07/29/mensaje-presidencial-violencia-hacia-la-mujer-el-tema-ausente-en-el-mensaje-de-la-presidenta-dina-boluarte-violencia-de-genero-feminismo-comunidad-lgbt-2402882">Hace falta que la voluntad política trascienda el discurso.</a> Mientras eso no suceda, las víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar seguirán expuestas a una sociedad empecinada en revictimizarlas.

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Violencia contra la mujer en Perú: menos del 1% de casos obtiene sentencia | Poder Judicial | PNP | Ministerio Público | Estadísticas | Cifras

Entre el 2018 y julio del 2023, el Poder Judicial evaluó más de 800.000 casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar en todo el país; sin embargo, apenas emitió 354 sentencias. Especialistas consideran que estas cifras envían un mensaje de impunidad que incentiva a los agresores.

Indiferencia judicial, menos del 1% de casos de violencia contra la mujer obtienen sentencia

Por: Pamela Huerta Bustamante

Publicado el 25 de agosto de 2023