Por: María Morales Isla / Unidad LR Data
Publicado el 16 de marzo de 2022
Mientras algunos estudiantes celebran el regreso a las clases presenciales, otro grupo de menores vive con preocupación su retorno. Dentro de este último está S., una adolescente de 16 años que —en su segundo día de escuela— se vio obligada a encerrarse en los servicios higiénicos para evitar las agresiones de su compañera. Un bullying que inició desde hace 3 años y que su madre, Teresa Negrón, ha seguido de cerca.
Todo comenzó antes de la pandemia, pero con los casos de COVID-19 en el país y el confinamiento, el acoso escolar se trasladó a las redes sociales. Ahora, con el retorno a la presencialidad, se reveló la poca atención que tuvo el colegio sobre la situación.
Ante la viralización del caso en la cuenta de Twitter de la madre, el Ministerio de Educación (Minedu) y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) acudieron a su auxilio, pero la ayuda no bastó, pues la menor volvió a la virtualidad.
De acuerdo con la plataforma SíSeVe del Minedu, entre 2013 y 2022, se han registrado más de 40.000 reportes de violencia escolar por parte del personal educativo y el alumnado. Del total, 7.755 (19%) corresponden al bullying y ciberbullying. En 2022, hasta fines de febrero, hubo 3 casos de acoso escolar.
Si bien el número expone el hostigamiento escolar, este no logra reflejar su impacto, ya que hay un subregistro por la desatención de los centros educativos, la minimización de la violencia y la disminución de denuncias por la pandemia de la COVID-19.
La pandemia: denuncias disminuyeron, pero no la violencia
Con el coronavirus, las aulas se trasladaron a la virtualidad y con ellas la violencia escolar. Entre 2020 y 2021, las nuevas tecnologías fueron el caldo de cultivo para las agresiones entre escolares en la modalidad del ciberacoso.
En ese periodo, S. tuvo que lidiar con las redes sociales, mientras su salud mental se deterioraba. “Yo solo le decía a mi hija que se defendiera. A veces uno le dice, pero no sabemos cómo le afecta. Mi hija hizo una carta de despedida. (...) Hicieron un grupo entre los directivos del colegio para ayudarla. Pero, el bullying cibernético no lo podían monitorear, no sabían quién hacía las publicaciones”, señala la madre de la menor.
Según SíSeVe, en 2020, hubo 58 denuncias de ciberacoso, mientras que, en 2021, aumentó a 66. Si bien parece un número menor, la cifra podría ser mayor, debido a que los reportes disminuyeron por la falta de acceso a dispositivos tecnológicos. Es más, las instituciones no tenían conocimiento del ciberbullying, ya que este ocurría en las redes personales de los y las escolares, a las cuales no siempre tuvieron acceso.
“La característica de la violencia se ha dado cara a cara en el recreo o en las aulas. La mayor cantidad de reportes responden a eso: hay un aumento. Pero, hay también una disminución con el aislamiento porque no hubo presencialidad. Igual la violencia se trasladó a los medios tecnológicos”, expresa Freddy Sánchez, vocero del Minedu.
Del mismo modo, Matilde Cobeñas, adjunta de la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, enfatiza que la violencia no desapareció, sino que toda la población se concentró en la pandemia.
“(La violencia escolar) es un problema que no ha desaparecido, tal vez la cifra bajó a comparación de otros años porque estamos a distancia. Probablemente, hubo más casos, pero no nos hemos enterado porque todo se centró en la pandemia”, detalla.
En esas circunstancias, el Minedu señala que ha seguido la violencia escolar en la virtualidad. Su intervención se dio mediante llamadas telefónicas con los padres y alumnos involucrados.
Las estrategias no bastan
El Perú es uno de los pocos países de la región que cuenta con una ley antibullying (Ley N.° 29719) y unos lineamientos para la gestión de la convivencia escolar. Sin embargo, hay algunas críticas a su normativa.
La señora Teresa Negrón afirma que, si bien instituciones especializadas acudieron a su llamado, la menor que efectuó las agresiones no ha recibido ninguna sanción para modificar su conducta.
“El colegio se ha portado bien. Ahora lo que han hecho es darle clases virtuales a mi hija hasta que la marea baje. Pero, cómo va a ser el reencuentro (entre mi hija y su compañera). ¿Por qué tengo que cambiarla de colegio? No se han enfocado en la agresión de la niña, solo en la víctima”, lamenta.
Cristian Rivas-Castillo, en su artículo Políticas públicas de violencia escolar en América Latina (2020), puntualiza que la ley contra el bullying en Perú es neutral; es decir, no establece como parte de sus políticas públicas sancionar las conductas violentas dentro de los centros educativos.
En ese aspecto, el vocero del Minedu recalca que las medidas punitivas no solucionan el bullying, por lo que la medida se centra en una intervención con ambas familias y el personal educativo en un periodo de aproximadamente 60 días.
“Es un procedimiento que debe trabajarse con la familia, que debe promover la reflexión. Es trabajar con el agresor y la víctima. (...) No se soluciona rápido”, detalla Sánchez.
Para Cobeñas, el problema se incrementa por la falta de psicólogos en los centros educativos, sobre todo ahora que la pandemia frenó la socialización.
“Ha sido muy fuerte el impacto del relacionamiento entre pares por la pandemia. El apoyo psicológico es importante, pero no hay la gran cantidad de psicólogos que necesitamos para estos tiempos”, agrega.
La cultura del silencio: minimizar la violencia
A ello se suma la normalización de la violencia en la estructura escolar. Según la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales 2019 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 66% de las niñas y los niños entre 9 y 11 años reconoció haber sufrido violencia en las aulas. De ellos, solo un 36% buscó apoyo con una profesora, mientras que un 90% no acudió a ninguna institución especializada.
Para Sánchez, todavía persiste una cultura del silencio que se acentúa con el desprestigio de las instituciones de protección, debido al desconocimiento de los canales de denuncias por parte de los colegios y padres.
“Hay muchos que creen que los casos no se van a tratar. También consideran que la escuela no los va a respaldar en el proceso de atención. Nosotros tenemos varias campañas, pero no es suficiente. (...) La escuela debe ser un espacio de protección”, sostiene.
Por su parte, Cobeñas señala que, si bien se respeta el tiempo de denuncia de las víctimas, hay signos a los cuales el personal educativo debe prestar atención.
“A veces los docentes no se dan cuenta (del bullying), pero sí los estudiantes. Se debe incentivar la información sobre los derechos. Los niños y adolescentes tienen derecho a un buen trato. Nadie los puede maltratar”, añade.
Lo cierto es que las escuelas no siempre denuncian, pues optan por “solucionarlo” de forma interna o piensan que es “cosa de niños”. Sin embargo, la Ley N.° 29719 y sus lineamientos de convivencia escolar establecen que los colegios públicos y privados están supeditados a notificar los actos de violencia ante el Minedu y el portal SíSeVe.
Pero, las escuelas tampoco cumplen con los protocolos. En 2019, la Defensoría advirtió que más del 40% de los colegios en zonas urbanas a nivel nacional no contaban con medidas para frenar el bullying, tras un informe elaborado por la entidad en más de 1.000 centros educativos.
“En su momento, desconocían la norma. La ley antibullying se promulgó en 2012, luego se publicaron los Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes. Muchos no cumplieron con los lineamientos por desinterés, algunas escuelas decían que no incluían las medidas porque eran privadas. Todos tienen que prevenir los casos de violencia”, explica Cobeñas.
El problema se refuerza con la falta de un registro del Minedu sobre el cumplimiento de medidas de prevención antibullying en centros educativos. La entidad solo toma conocimiento de la violencia escolar si hay un reporte en su plataforma SíSeVe o cuando un caso llega a los medios de comunicación.
“En el Perú, hay más de 50.000 escuelas, nosotros solo podemos supervisar cuando se genera un reporte, mientras no tengamos conocimiento, no. (...) En los reportes que tenemos, sí hacemos seguimientos. (...) Pero, siempre hay un subregistro”, explica el vocero del Minedu.
Por su parte, la adjunta de la Defensoría precisa que con el retorno a clases, las medidas de prevención contra el bullying ya se debían haber previsto y exigido a las instituciones educativas.
“Así como hay que ver otras normas para el retorno seguro, como el tema de lavado de manos, también es importante que retomemos la gestión de convivencia contra la violencia escolar”, acota Cobeñas.
Entre 2018 y 2022, Indecopi impuso 117 sanciones y amonestaciones a 80 colegios privados por incumplir con sus obligaciones para atender el bullying. Algunos centros educativos son reincidentes. Aunque se solicitó la información de años anteriores, la institución no brindó los datos.
Cuando la violencia escolar se judicializa
En ese panorama, las familias de las víctimas deben buscar otras instancias para frenar el hostigamiento escolar, pero no todas pueden llevar a cabo un proceso judicial.
De acuerdo con Sánchez, si un colegio hace caso omiso a la denuncia, puede ser sancionado por no cumplir con el protocolo. Para ello, agrega, los familiares deben acudir a la Fiscalía o Indecopi, donde ya se cuenta con una sentencia por bullying.
En 2011, un padre denunció a profesores y directivos del colegio Salesiano del Cusco por no atender las agresiones que padecía su hijo por unos compañeros de clase. Dos años después, el Poder Judicial falló contra la institución y designó una reparación civil de 10.000 soles a favor de la víctima.
Cabe precisar que la Ley N.° 29719 no tipifica al bullying como un delito, sino como un problema de relaciones interpersonales, por lo que en el fallo en mención se amparó en otras normativas como el Código de los Niños y Adolescentes.
Pese al antecedente, no todos los padres recurren a estrategias legales por las carencias económicas que afrontan. “Yo no puedo hacer nada. Tendría que contratar abogados. Siento una impotencia, que no haya una ley que sea efectiva y rápida. Si pasa esto, debe haber una sanción inmediata. (...) La víctima es la que tiene que luchar”, lamenta la madre de la menor.
Como una salida a esa situación, el Minedu cuenta con una línea gratuita de atención en casos de violencia escolar, pero sí se desea sancionar a las instituciones por una omisión se tiene que recurrir a Indecopi o la Fiscalía.
“Si hay una omisión, tiene que ser informado a la Fiscalía, si no cómo actuarían los servicios de protección. El colegio no solo garantiza su educación, sino también sus derechos”, detalla el vocero.
Al cierre de esta nota, el ministerio señala que está realizando el seguimiento del caso de S. del colegio de Chorrillos y retomará las campañas antibullying en la presencialidad. En tanto, la adolescente regresó a las aulas, pero las autoridades de su escuela le quitaron su celular por un protocolo interno. El móvil fue el único medio por el cual su madre pudo saber que, en su segundo día de clase, la estaban hostigando.
Canales de ayuda
Si has sido o eres víctima de violencia escolar por un profesor o compañero de clase, puedes realizar la denuncia en SíSeVe, por medio de su página web (http://www.siseve.pe/Web/) o a la línea gratuita 0880-76888.
Si un colegio ha incumplido con las medidas antibullying, el padre o la madre pueden reportar el caso a Indecopi. Las vías son: sacreclamo@indecopi.gob.pe o por la plataforma https://enlinea.indecopi.gob.pe/reclamavirtual; también por las líneas 224-7777 (Lima) y 0800-4-4040 (provincias).
