Por: Pamela Huerta y Gloria Purizaca
Publicado el 15 de enero de 2023
El 15 de enero de 2022, Repsol derramó más de 11.000 barriles de petróleo en el mar de Lima y Callao, ocasionando así una de las mayores tragedias ambientales conocidas en la región. A un año del ecocidio, la corporación busca evadir su responsabilidad civil a través de transacciones extrajudiciales que no responderían a un proceso de buena fe.
Raúl, Gregorio y Susana, pescadores artesanales que conforman el padrón único de afectados, elaborado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), indicaron haber firmado un documento al que llaman “contrato para recibir la indemnización” de Repsol.
Se refieren a las transacciones extrajudiciales elaboradas por la empresa de hidrocarburos que firmaron sin comprender. La necesidad, los términos técnicos y la presión ejercida por el personal de Repsol no les permitió —declaran— analizar los documentos a detalle. Esto sucedió a inicios de diciembre de 2022, a puertas de las fiestas navideñas.
Los afectados describieron el proceso de la firma como un hecho hermético y clandestino: llegaron a las instalaciones de la refinería La Pampilla, entregaron su documento de identidad para verificar que conforman el padrón y los aguardaron con un formato que ya tenía todos sus datos completos.
Ante cualquier pregunta, les respondían que no estaban obligados a firmar; sin embargo, les detallaron que de ir a juicio tendrían que enfrentarse con una gran empresa que tiene todos los recursos. Pero “que era su decisión”. Se sentían intimidados en todo momento, a veces coaccionados.
“Dijeron que era extrajudicialmente. Nos decían que si teníamos una queja, que no firmemos y que nos vayamos a juicio”, narró Susana intentando recuperar la voz que se le quebraba por el llanto contenido.
Pescadores de Ventanilla y Ancón siguen trabajando a un año del derrame de petróleo en el mar. Foto: Paolo Aguilar / EFE
Transacciones abusivas
La naturaleza de una transacción extrajudicial radica en solucionar un conflicto evitando el ámbito judicial. El objetivo es negociar un acuerdo en el que ambas partes resulten satisfechas apelando a un escenario de igualdad de condiciones. Lamentablemente, esto no siempre es así.
“Hay que tener en cuenta que la ‘formalidad’ requerida por la ley para que amerite la existencia y validez de una transacción es que sea por escrito. Así, para la celebración de la transacción no se requiere intervención de un abogado, pero sí que (las partes) tengan conocimiento del contenido para poder expresar su voluntad de conformidad”, explicó Renzo Monroy Pino, socio del Estudio Monroy & Shima Abogados.
Pero si bien un abogado no es un requerimiento, no se puede negar la presencia de este y menos aún cuando una de las partes no tiene conocimiento de las implicancias de una transacción extrajudicial. El jurista precisó también que tampoco es necesario que las concesiones recíprocas sean equivalentes. “En atención a ello, resulta fundamental la buena capacidad de negociación para finalizar una transacción”, agregó.
Es decir, las transacciones extrajudiciales son el mecanismo perfecto para evitar la responsabilidad civil de una controversia. Son válidas, legales, pero también en muchos casos cuestionables, como se da en este caso. Todo parece indicar que Repsol las ha utilizado sistemáticamente para evitar el procedimiento regular de valorización de daños e indemnizaciones, tal como se verifica en los testimonios del universo de entrevistados recogidos por este medio.
Tanto los afectados ya mencionados —como otros que prefieren mantenerse en el anonimato— manifiestan haber firmado estos acuerdos por necesidad. “Ellos se han aprovechado de nuestra necesidad. Nosotros necesitamos el dinero. Ahora ya no hay pescado. Han visto toda esa situación para obligarnos a firmar”, señaló Raúl, un experimentado pescador de Ventanilla.
Otro patrón narrativo que se pudo identificar en los testimonios es que los disuaden de llevar un abogado, no les entregan una copia del documento y les impiden grabar o tomar fotografías de su procedimiento. Circunstancias irregulares que solo la compañía podría explicar.
“Nosotros no teníamos un abogado para que nos apoye. Si no quieres, la empresa te dice que la puedes enjuiciar. Eso hace que la gente decida. ¿Qué va a hacer una persona solita contra una empresa grande?”, agregó Susana.
Este medio solicitó una entrevista y envió un pliego de preguntas para que sean resueltas por la empresa, pero al cierre de edición informaron que no darían una respuesta.
Acuerdo lesivo e indiferencia estatal
La República obtuvo varios formatos de transacciones extrajudiciales, pero ninguno con la firma del representante de Repsol o los afectados. En todos los testimonios recogidos, los afectados referían que una vez que firmaban ante el notario, este les quitaba el documento rápidamente y les indicaba que en 10 días el dinero estaría depositado en sus cuentas. ¿Pero qué contienen los acuerdos?
Primero, a inicios de marzo del 2022, la PCM, a cargo de Aníbal Torres, firmó un acuerdo con Repsol para que entregue un adelanto de indemnización a las víctimas por un monto de S/3.000 soles mensuales. Este dinero ayudaría a mitigar los gastos cotidianos. Sin embargo, la empresa solo pagó durante siete meses.
En ese contexto, Repsol detalló en las transacciones el pago de ese monto acordado en las mesas de diálogo a modo de indemnización. Sin embargo, agregó que tras evaluar la situación y sin reconocer responsabilidad alguna entregará un “monto adicional” a los afectados a modo de “anticipo”.
Hasta ese punto, la generosidad de Repsol parecía una muestra de redención ante los proyectos de vida truncados a causa del derrame. Sin embargo, líneas más abajo señala lo siguiente:
Esto implica que, si más adelante alguna entidad estatal concluye que la indemnización es un monto mayor al otorgado por la empresa en los acuerdos extrajudiciales, las víctimas no podrían reclamar.
“En el contrato todo era a favor de Repsol, nada en contra. Incluso, los derechos se los cedemos a Repsol. Todo es nocivo para nosotros, no tenemos ni un derecho. Por ese aspecto decidimos no firmar, porque todas las condiciones están a favor de Repsol. Al final pareciera que nosotros hemos causado el desastre ecológico”, lamentó Germán Melchor, presidente de la Asociación de Pescadores del Serpentín de Pasamayo.
El abogado Percy Grandez, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), aseguró que no se le puede restar derechos a las víctimas, debido a que estos acuerdos se deben firmar luego de una negociación en la que ambas partes puedan comprender todas las cláusulas.
“En efecto, son cláusulas bastante perjudiciales. A nadie se le puede pedir que renuncie a sus derechos y ese acuerdo los compromete a no adoptar acciones legales. No se le puede exigir a los pescadores que renuncien a sus derechos”, advirtió.
Por su parte, para Ana Leiva, la abogada de Cooperacción, todo demuestra que se ha ejercido abuso de poder por parte de la empresa con respecto a la condición de los afectados. “La empresa está aprovechando su posición de dominio. Las partes no están en condiciones de igualdad, hay un abuso. Ni siquiera se le entrega una copia de la transacción. [...] Además el acuerdo tiene muchos aspectos técnicos, si no eres abogado, no podrías entender lo que dice”, sostuvo.
En esa misma línea, Henry Carhuatocto, presidente del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible Perú (Idlads), consideró que no solo existiría aprovechamiento de parte de Repsol, sino también indiferencia del Estado al no estar presente en un proceso crucial como el que actualmente se encara.
“Un mal acuerdo extrajudicial impacta en la sociedad y en el Estado. Firmaron un mal acuerdo y en parte es responsabilidad del Estado por no garantizar un acuerdo adecuado. La empresa no quiso seguir dando anticipos, solo han dado 7, pero debieron dar 12. ¿Cómo una empresa como Relapasaa puede suscribir acuerdos sin ningún tipo de transparencia, sin garantías para aquellos que están firmando, como por ejemplo la presencia de abogados, Defensoría, valoración económica?”, expresó.
Se le consultó al respecto a Giuliana Becerra, viceministra de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente (Minam), pero excusó el abandono del Estado en este proceso aduciendo que dicha acción es un acuerdo estrictamente entre empresa y afectados.
“Lo que debo precisar es que son acciones que competen estrictamente a la empresa. Desde el Estado, nosotros no hemos intervenido en ello, eso ha sido una acción bilateral entre la empresa y sabemos por información pública con algunos pescadores. Nosotros hemos tenido conocimiento parcial del tema”, declaró a este medio. Por otro lado, se solicitó una entrevista al despacho del Viceministerio de Gobernanza Territorial de la PCM, encargado de la mesa multisectorial temporal que atiende el conflicto, y al cierre de edición indicaron no tener autorización para brindar declaraciones.
Mientras tanto, ante esta pasividad del Estado, Repsol sigue utilizando todos los recursos legales posibles para evadir sus responsabilidades, incluso las administrativas. El último 14 de enero, el Tribunal de Fiscalización Ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) declaró nula una multa impuesta a la compañía por más de 5 millones de soles. Esto se produjo bajo el argumento de que se vulneró “el principio del debido procedimiento y el deber de motivación”.
Según el último informe del mismo organismo, publicado en octubre del 2022, aún existen 69 playas con presencia de hidrocarburos. En ese escenario, Susana, Raúl y Gregorio no pueden volver a su vida normal, a su trabajo, a su mar. Siguen sin poder dormir abrumados por las deudas y necesidades acumuladas, mientras la gran empresa los somete y el Estado mira de reojo.
“Es indignante, sinceramente no tiene nombre”, refirieron.
