Por: Gloria Purizaca
Publicado el 05 de mayo de 2023
Migrar es un derecho humano, el cual no se está respetando en su totalidad en la frontera entre Perú y Chile, también conocida como la Línea de la Concordia. Desde el 12 de abril, ciudadanos y ciudadanas provenientes de Haití, Venezuela y Colombia llegan hasta este lugar con la esperanza de pasar a territorio peruano. Recién este 4 de mayo, el ministro de Exterior de Chile, Alberto Van Klaveren, anunció la confirmación de un vuelo humanitario a Venezuela para la repatriación de personas en situación migratoria irregular.
Las personas migrantes permanecen a la deriva bajo el intenso sol y calor del desierto en el día y expuestas a las bajas temperaturas por la noche, y tampoco pueden cubrir necesidades básicas.
En los últimos años, la migración ha ido creciendo, sobre todo aquella que involucra a la ciudadanía venezolana a raíz de la crisis en el país llanero. Cabe precisar que, de acuerdo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de la mitad de las personas que se encuentran varadas en este lugar son haitianas. Lo que viene ocurriendo en la frontera se debe, en parte, al endurecimiento de las políticas migratorias.
Políticas (anti)migratorias en Perú y Chile
Chile
En los últimos años, tanto Perú como Chile han puesto trabas en sus políticas migratorias. Sin embargo, este 2023, el país del sur ha incrementado tales planes al implementar la militarización de la frontera norte desde febrero, además de realizar operativos orientados a identificar a aquellos migrantes que no cuentan con la documentación requerida desde mediados de abril, disponer la prisión preventiva de todos los extranjeros imputados por algún delito que no cuenten con DNI, y de la posible aprobación para tipificar como delito el ingreso irregular al país, criminalizando así la migración.
El periodista especialista en migración de Reporteros Sin Fronteras, César Baeza Hidalgo, agrega que las políticas de Bolivia también influyen en la actual crisis, las cuales no permiten que las personas retornen por el paso de Colchane, en Iquique, por donde han ingresado (a Chile) más personas en situación de indocumentación o de manera irregular. “Hay más facilidades para que la gente entre a Chile que para que salga (por Bolivia). Como obviamente no podían salir por allá, piensan salir por Perú y ese es el destino de quienes van por tierra”, declara Baeza.
El internacionalista de la Pontificia Universidad Católica Óscar Vidarte explica que, ante este panorama adverso para las personas migrantes, sumado a la xenofobia y la falta de oportunidades en el campo laboral formal en Chile, se ven forzadas a retirarse de este territorio, pues aquellos expulsados por dicho Gobierno por la falta de documentación representan una minoría.
Perú
Ante esta crisis que se vive en la frontera, el Perú ha optado por no seguir del todo sus propias políticas migratorias. El Decreto Legislativo 1350 indica en el artículo 11 que las autoridades tienen el deber de emitir documentos o permisos de permanencia para poblaciones en vulnerabilidad extrema, tal como menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores —grupos presentes actualmente en la zona fronteriza sur— con la finalidad de proteger sus derechos.
Asimismo, la sentencia 266/2022 del Tribunal Constitucional establece que, cuando las autoridades peruanas regulen el ingreso de ciudadanas y ciudadanos de nacionalidad venezolana o de terceros países por razones humanitarias, además de considerar las categorías previstas en el decreto mencionado, deben considerarse “otras categorías en las que se encuentren las personas migrantes en situación de vulnerabilidad”.
El mismo documento resalta que el Perú debe abstenerse de impedir el ingreso o de expulsar a aquella persona cuya vida o libertad peligre al ser entregada a otro territorio por motivo de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o sus opiniones políticas.
Vidarte explica que, en años anteriores, “las autoridades peruanas decidieron cambiar de política y comenzar a imponer restricciones para desincentivar la migración. Básicamente, papeles, documentos, hasta pedir visa, que es un desincentivo entendiendo lo difícil que es en Venezuela adquirir un pasaporte, un documento oficial o una visa. El Perú empieza a poner una serie de requisitos y en Chile pasa lo mismo”.
En la misma línea de Chile, Perú ha presentado dos proyectos de ley específicos en lo que va del año, con los que criminaliza la migración. El parlamentario de Perú Libre Américo Gonza propone la iniciativa 4376, que establecería la expulsión del territorio nacional a los extranjeros que cometen faltas y/o delitos. En tanto, Digna Calle, de Podemos Perú, plantea, a través del documento 4776, ampliar las causales para la salida obligatoria y expulsión de extranjeros.
El analista internacional destaca que la migración no va a detenerse por el endurecimiento de las políticas en torno a este fenómeno, sino que, por el contrario, va a seguir ocurriendo, pero en condiciones más peligrosas para las personas, lo que también genera que los mismos Estados no puedan conocer qué personas ingresan al país.
Apagar el incendio no es lo mismo que atacar la raíz del problema
Para Óscar Vidarte, la militarización de las fronteras no es la solución para un problema humanitario. Detalla que, si bien existe un diálogo entre Perú y Chile, este se debe dar de manera multilateral con los demás países de la región involucrados, como Ecuador, Colombia, Venezuela e inclusive Haití, lo cual eleva la complejidad de encontrar una solución célere y eficaz para todas las personas migrantes.
“Desafortunadamente, nos preocupamos de esto cuando ocurren situaciones como la que está pasando en la frontera Chile-Perú, pero es un tema del que nos hemos debido hacer cargo hace mucho rato. Además, hemos estado abordando el tema de manera fragmentada y por cada país, pero no se ha hecho de manera regional. Una situación humanitaria no tiene que ver con objetos, tiene que ver con seres humanos y esos seres humanos se tienen que proteger independientemente de si es este país o el otro el responsable de esta crisis”, destaca César Baeza.
A ello se suma que las relaciones diplomáticas de Perú con países como Colombia y Chile ya de por sí están desgastadas por las críticas que estos realizaron a las acciones de Dina Boluarte, que vulneraron derechos humanos en el contexto de las protestas que se realizaron a finales del 2022 e inicios de este año.
A pesar del vuelo humanitario que repatriará a ciudadanos venezolanos que deseen volver a su país natal, es importante resaltar que la mayoría de los migrantes son haitianos y que no todos aquellos nacidos en Venezuela desean retornar a su país, sino buscar otras oportunidades para tratar de construir una vida digna en otros territorios. El flujo migratorio aumenta y cada día se reporta la llegada de más personas a esta zona fronteriza, por lo que urge que los Estados involucrados tomen medidas para que, en un futuro no muy lejano, se prevenga una crisis humanitaria de esta o de mayor magnitud.
