Por: Pamela Huerta Bustamante / Unidad LR Data
Publicado el 25 de noviembre de 2022
Cambiar o no la Constitución de 1993 es un pendiente que calienta las trincheras políticas desde que Pedro Castillo y Keiko Fujimori compitieron por la presidencia en las últimas elecciones. Actualmente, parte de la discusión está en el Congreso de la República, en donde las modificaciones a la carta magna son una necesidad pese a las posturas a favor y en contra de su cambio. En menos de un año y medio se han planteado 154 proyectos de ley (PL) de reforma constitucional, casi un 60% más que en el mismo período del quinquenio anterior.
Para este análisis, se plantean dos categorías de acuerdo con la posición que tiene cada grupo parlamentario ante el cambio de Constitución: promotores u opositores.
Así, entre las agrupaciones políticas que promueven una nueva carta magna están Perú Libre —partido con el que el presidente Pedro Castillo llegó al poder—, Bloque Magisterial, Juntos por el Perú, Perú Bicentenario y Perú Democrático. Desde aquí se han presentado 70 de los 146 PL de reforma constitucional impulsados desde el Congreso.
Por su parte, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Integridad y Desarrollo, Renovación Popular, Somos Perú y, sobre todo, Fuerza Popular, se oponen tajantemente a una nueva Constitución. Pese a ello, han presentado 67 reformas constitucionales.
Según Omar Cairo, constitucionalista y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), esta situación se origina por una actitud insensata de parte del Legislativo que emplea la Constitución como un instrumento de lucha política. “El número de proyectos y la frecuencia revelan una actitud irreflexiva. De todo ese conjunto de proyectos, muy pocos son esenciales y tienen utilidad”, afirma.
Esto quiere decir que se vienen empleando las reformas constitucionales para limitar y/o disminuir el margen de acción de un poder sobre el otro. “Pero para eso no sirve una reforma constitucional, sino para hacer un rediseño general sobre todo en cuestiones del régimen político y no cambios dispersos que se justifican por la necesidad inmediata de quien los presenta”, agrega el jurista.
Por su parte, el constitucionalista Pedro Grandez es menos optimista. Cree más bien que lo que nos está diciendo el actual contexto histórico es que el ciclo de la Constitución Política de 1993 ha terminado. “Tanto para defensores como para promotores del cambio constitucional, hay datos objetivos que muestran que en la realidad la Constitución no está respondiendo a la problemática que debe responder. Entonces, ¿por qué no ir a un debate constituyente?”, indica el especialista.
Constitución con parches
Es ya conocida la postura pública de algunas agrupaciones y partidos políticos que propugnan el cambio de Constitución de 1993, así como los argumentos de quienes se oponen categóricamente. Sin embargo, ambas partes parecen ser conscientes de las limitaciones que les representa para sus objetivos y han optado por hacer reformas que atiendan sus necesidades particulares según se observa en la tipificación de las mismas. El problema de este escenario, sin duda, son los votos que necesitan para aprobarlas.
De los 154 PL de reforma constitucional presentados, apenas seis han sido aprobados, mientras que 106 aún están en comisiones. En tanto, los 42 restantes se encuentran a la orden del día, ya sea en agenda de Pleno o fueron retirados por su autor.
La constitucionalista Ana Neyra explica que esto sucede porque se buscan hacer cambios específicos y no integrales. “Igual, cuando se ve el resultado, se nota que no tienen votos para reformar la Constitución, por lo que optan por hacer ‘desarrollos legales’ que muchas veces son discutiblemente compatibles con la misma”, precisa.
Pedro Grandez cita el concepto de “desmembramiento constitucional” para argumentar que estamos en una crisis que ya vislumbra su desenlace. “Esto es, el último episodio de la crisis constitucional, cuando la Constitución está urgida de cambios y solo se dan cambios que la desarticulan por completo y la desmiembran. Cambios que no están orientados por estructuras sólidas”, advierte.
“Hay una miopía, una falta de comprensión de la dimensión del problema y también tiene que ver con que este cambio se ha vuelto una bandera de cierto sector de la izquierda. Entonces, aceptar ir a un cambio que parecería una concesión al sector menos democrático de la izquierda. Un sector bastante autoritario que ha hecho de esto su bandera. Esto es un error me parece. El punto más razonable es que los sectores de centro, los sectores más democráticos, se den cuenta de que el cambio constitucional es una necesidad para reorganizar el diálogo político”, añade.
Una posibilidad bastante lejana al tener en cuenta el actual contexto sociopolítico, que nos sitúa frente a un primer rechazo de cuestión de confianza. La misma que se presentó solicitando la derogatoria de la Ley 31399, que modifica los artículos 40 y 44 de la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, una ventana abierta al cambio de Constitución a través de referéndum.
“Es necesario y saludable que volvamos a pensar los grandes temas del país como el propio sistema de Gobierno o la interacción ante poderes (que tanta crisis política ha traído). Esto debe hacerse desde una perspectiva más amplia, con más miradas, con mayor participación ciudadana, presentando además cambios para dar mejor cobertura de derechos. Eso es mejor discutirlo en un debate constituyente. Pero eso requiere amplios consensos y escuchar a todas las voces”, argumenta, desde la reflexión, la jurista Neyra.
Lamentablemente, esta trayectoria de sucesos demuestra que los cambios de Constitución en el Perú deben resignarse a procesos irreflexivos y antidemocráticos. Por lo que corresponde seguir en el limbo de una carta magna intocable, pero como refiere Pedro Grandez, citando a Richard Albert, desmembrada en una disputa que tiene al país en una crisis desde el 2016.
