Congreso: cada 52 días se presenta una moción contra el Gobierno

 

Los intentos por vacar presidentes y censurar ministros no empezaron con la gestión de Pedro Castillo. Es una práctica que se había intensificado mucho antes, como demuestra el archivo de las mociones presentadas por el Parlamento. Solo en los últimos cuatro años, en el Congreso se han presentado trece iniciativas de esa naturaleza, entre mociones de censura y mociones de vacancia. En promedio, una cada tres meses y medio.

Sin embargo, el número crece si se toma en cuenta el último año, lapso en el que se originaron siete mociones de vacancia o censura contra el Ejecutivo. En el Congreso se presentó, en promedio, una cada 52 días. Una situación que resulta enormemente elocuente respecto a la dificultad para mantener la gobernabilidad en el país, y que incluso ya ha sido señalada por entes supranacionales.

El último viernes 25 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó, a través de un comunicado, su preocupación por los reiterados procesos de vacancia que se viven en el Perú. “La CIDH ha expresado preocupación por el uso reiterado de esta figura, pues la misma ha sido promovida 6 veces desde diciembre de 2017, contribuyendo a los problemas de gobernabilidad del Perú, país que ha tenido 5 presidentes y 3 parlamentos desde 2016 como resultado de las confrontaciones entre los distintos poderes públicos”, recalcó el órgano de la OEA.

Las seis veces que el Parlamento promovió la vacancia presidencial, a las que hace alusión la CIDH, se dieron en cinco momentos distintos. Uno fue contra Pedro Pablo Kuczyinski (2018), dos contra Martín Vizcarra (2019 y 2020), y dos también contra el actual mandatario, Pedro Castillo (2021 y 2022). En el caso de este último, dos pedidos de vacancia en menos de cuatro meses. El recuento, no obstante, se queda corto si se toman en cuenta las iniciativas que nacieron en el Congreso para censurar a ministros o a presidentes encargados. 

Durante el mandato de Vizcarra, por ejemplo, se presentó una moción de censura contra la exministra de Economía, María Antonieta Alva. Aquello sucedió en setiembre de 2020, y terminó con la renuncia de la funcionaria. Casi un año y medio después, la figura se repitió con el exministro de Transportes, Juan Silva, que dejó el cargo en febrero de este año tras una moción de censura presentada en el Congreso. Hubo, además, otra iniciativa de censura contra Hernán Condori, actual ministro de Salud. Pero los parlamentarios que la presentaron decidieron retirar sus firmas.

Contra Francisco Sagasti también existieron iniciativas de esta naturaleza. Al no contar con la investidura de Presidente de la República, no se podían presentar mociones de vacancia en su contra. Por ello, entre abril y mayo de 2021, en el Congreso se presentaron dos mociones de censura para removerlo del cargo de presidente interino. Ninguna tuvo éxito.

Otras dos mociones de censura se dieron en el seno del Legislativo en una misma fecha: el 15 de noviembre de 2020, un día después de la violencia policial desatada durante las protestas contra el Gobierno de facto liderado por Manuel Merino, que terminaron con el asesinato de Inti Sotelo y Brian Pintado. Horas después, Merino renunció al cargo.

Así, los últimos cuatro años han estado atravesados por el uso de mecanismos de este tipo. Aunque, según advierten especialistas, esta es una situación que empieza a gestarse en el año 2016, luego de las elecciones presidenciales que perdió Keiko Fujimori, y desde las que el partido Fuerza Popular tomó el rol de oposición.

Uso desmedido

“En el nivel propiamente de las normas, el caso de la vacancia se ha desnaturalizado tanto desde el 2016, que resulta ahora irreconocible. La norma se ha convertido casi en una suerte de interpelación previa y un juicio político posterior, que no es el caso. Los sucesivos congresos, que tuvieron al frente a presidentes minoritarios y vulnerables, hicieron uso y abuso de este mecanismo”, sostiene el politólogo y exjefe de la ONPE, Fernando Tuesta.

Un repaso por la autoría de las mociones aludidas anteriormente, da cuenta de una constante en el ejercicio de algunas bancadas congresales. En cuatro años, más de 100 representantes de Fuerza Popular firmaron mociones de vacancia o de censura contra miembros del Ejecutivo. Es el grupo político con mayor cantidad de firmas en esta clase de iniciativas.

Para la politóloga Paula Távara, es también el año 2016 cuando se da un quiebre que dificulta progresivamente las relaciones entre Congreso y Gobierno. La postura de algunos partidos, precisa, tiene mucho de responsabilidad en el uso reiterado del mecanismo.

“Es a partir del 2016 que vemos constituirse una relación entre Ejecutivo y Legislativo de mucha más tensión. Acordémonos de Keiko Fujimori diciendo que ellos iban a cumplir su plan de gobierno desde el Congreso. Creo que allí es donde se inicia la lógica de confrontación. Eso es lo que se ha mantenido durante el gobierno de Kuczynski, de Vizcarra, y durante el gobierno de transición también. Si lo pensamos, [durante el gobierno de Sagasti] no había posibilidad de vacancia, pero se intentaba censurar a la mesa directiva cada dos días, pensando que así se iba a sacar al presidente en algún momento“, recuerda. 

Entre los partidos que más firmaron estas mociones en los últimos cuatro años, resaltan también Avanza País, con 33 congresistas; Unión por el Perú, con 28; y Renovación Popular, con 23. Tendencias de cada agrupación que se van perfilando de acuerdo al contexto.

“Cuando vemos este tipo de comportamientos hay que tener claro que cada partido político define una postura una vez instalado en el Congreso. Por ejemplo, cuando Vizcarra pasaba por sus momentos más complicados, la bancada de Acción Popular empezó a mostrar un hambre de poder llamativo. Y ya sabemos cómo terminó eso. Lo cierto es que cada grupo se va moviendo de acuerdo a sus intereses, de acuerdo al momento político que se vive. Pero la tendencia de Fuerza Popular ha sido bastante clara y no parece haberse movido desde el gobierno de Kuczynski. Una postura que se puede resumir en no dejar gobernar”, destaca la abogada y analista política Mónica Reyna.

En principio, las mociones de vacancia y de censura son mecanismos amparados por la Constitución, cuya aplicación por parte del Congreso debería tener como fin el control político de un Ejecutivo que ejerce de forma incorrecta sus funciones. Sin embargo, esto no ha ocurrido necesariamente en los últimos años.

“Al presentarse estas iniciativas de forma tan reiterada, se van construyendo lógicas de competencia, de conflicto. Y no hay que dejar de lado que lo que hay detrás de estas mociones no es tanto un afán de control político como un afán de quién se queda finalmente con el poder”, advierte Távara.

“Hay algunas veces, como cuando se presentaron mociones para censurar a Manuel Merino después del 14 de noviembre [de 2020], en las que se recuerda por qué es crucial que existan estos mecanismos. Pero en los últimos años esta ha sido solo una excepción. Los intentos injustificados por sacar presidentes o ministros que incomodan al Congreso han sido bastante reprobables”, agrega Reyna.

El destino de Pedro Castillo

Este lunes, el destino del presidente dependerá de la votación de los congresistas, en medio de un proceso de vacancia que mantiene en vilo la estabilidad del país. Para Tuesta, si bien el accionar del Parlamento es negativo, la gestión de Pedro Castillo ha dado pie a la crisis política que se vive ahora. 

“En el caso presente, el problema es que nos encontramos con un Gobierno donde no solamente el presidente de la República ha consumido su capital político en muy poco tiempo, sino que, entre errores, desaciertos, pero también en la forma como entiende gobernar, ha llevado al país en ocho meses a una situación límite. Y no parece haber salidas. El Congreso mal usa este mecanismo, pero también no hay que dejar de advertir que es el propio Gobierno el que ha dado todos los elementos como para que estemos en una crisis mayúscula”, enfatiza.

En definitiva, lo que termine sucediendo será solo un episodio más en el accidentado devenir político de una tensión entre poderes —Legislativo y Ejecutivo— que no aparenta tener solución a corto plazo, y cuyos resultados terminan afectando a la ciudadanía de a pie. Las alarmas se han encendido y, por ahora, hay al menos una entidad supranacional que se ha mostrado vigilante.

“La expresión a nivel internacional de la CIDH es una muestra de cómo una preocupación que ha estado presente en el país va escalando, y va mostrando la debilidad institucional, la crisis sistémica del país”, concluye Távara.