Congreso atenta contra la educación sexual pese al aumento de violaciones a niñas, niños y adolescentes

 

Hay cifras que abruman. Cada dos horas, al menos un menor de edad es víctima de violación en el Perú. Kiara* y Nancy* son dos hermanas de 14 y 11 años, respectivamente, que forman parte de dicha estadística oficial, ya que fueron ultrajadas por su padrastro Juan Carlos Saavedra Jaimes, quien, además, les transmitió el VIH. Ahora ellas, hospitalizadas y enfermas por otras causas, lidian con el dolor y las consecuencias psicológicas de haber sobrevivido a repetidos ataques sexuales desde hace varios años al interior de su casa en Ventanilla, Callao.

Su historia es una de las tantas que se registran debido a que, en promedio, 16 menores son víctimas de este delito cada día a pesar de que, desde el 2018, la pena para violadores sexuales de menores fue endurecida. El camino para reducir estas cifras aún es largo porque pasa por la prevención y no tanto por las sanciones, de acuerdo a expertos que advierten que el panorama puede ser aún más complejo con la aprobación del proyecto de ley N.º 904-2021, que da la potestad a ciertas agrupaciones de madres y padres, entre ellos ultraconservadores, a vetar los contenidos de los textos escolares.

Cifra de violaciones en aumento

Hace ya cuatro años, las penas para violadores de menores se hicieron más drásticas, pero el número de violaciones sexuales contra niñas, niños y adolescentes (NNA) no descendió. Por el contrario, incrementó de manera sostenida y dejó un lamentable saldo de 21.418 víctimas hasta fines del 2021. Una cantidad que representa el 63% del total de los casos denunciados por este delito ante la Policía en el mismo lapso; es decir, en la mayoría de los casos, los agresores fueron contra los y las menores.

Las principales afectadas, además, según muestran las cifras, son ellas: del total de agresiones, 20.187 fueron contra niñas y adolescentes mujeres, quienes constituyen un 94% del total de víctimas menores de edad. ¿Por qué, entonces, en medio de este panorama se teme hablar de la necesidad del enfoque de género?

En el 2018 se modificó el Código Penal luego de la aprobación de la Ley  N.º 30838. La medida incluyó que quienes violen a menores de 14 años sean condenados a cadena perpetua y que no puedan acogerse a beneficios penitenciarios. 

Sin embargo, los números no disminuyeron y la situación empeoró. La revisión de cifras señala que las agresiones sexuales se concentran en el rango de 12 a 17 años pese a la severidad de los castigos implementados.

Especialistas en los derechos de la niñez y salud sexual coinciden en la importancia de la prevención a través de la adecuada implementación del enfoque de género en la Educación Sexual Integral (ESI) a fin de que el Estado logre proteger a las y los más pequeños de estos delitos, los cuales les generan traumas, miedos constantes y trastornos de salud mental, como depresión y ansiedad en el largo plazo.

“Esta situación no se frena porque el trabajo debe ser más allá de las penas y más allá de la sanción. El trabajo tiene que estar centrado en la prevención, incluso desde los colegios. Por ello, la implementación de la educación sexual cumple un rol sumamente importante porque así los niños, niñas y adolescentes van a empezar a conocer su cuerpo y su sexualidad. Aprenderán que nadie tiene derecho a tocarlos y que en estos casos pueden acudir a personas adultas y de su confianza, ya sean padres o profesores, para prevenir violaciones porque muchos casos de violencia empezaron con tocamientos. La ESI sirve para impedir que esto llegue a una situación peor, a un hecho delictivo más grave”, explica Erika Anchante, comisionada de la Adjuntía por los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo.

Congreso de espaldas a la niñez

Lejos de dicho razonamiento, el último 5 de mayo, el Congreso aprobó el proyecto de ley N.º 904-2021, el cual reduce el rol rector del Ministerio de Educación (Minedu) y ordena que determinadas organizaciones de padres revisen el contenido de los textos escolares sobre educación sexual e historia.

La propuesta legislativa recibió 88 votos a favor, 17 en contra y 13 abstenciones. Esta tuvo como autor a Esdras Medina, congresista de Renovación Popular y uno de los rostros visibles del colectivo ultraconservador Con mis hijos no te metas, un grupo que se opone al enfoque de género al llamarlo “ideología” y también a la ESI.

Además, el proyecto de ley tiene el objetivo de imponer que solo organizaciones de padres “inscritas en asociaciones civiles constituidas e inscritas en Registros Públicos” revisen los contenidos de los materiales educativos.

“Ellos van por la modificación de la Ley de Educación porque lo que proponen no se ajusta a esta. Buscan que solo un reducido grupo de organizaciones puedan filtrar estos contenidos. Esta norma también se contrapone a la Política Nacional de Igualdad de Género, que dice que sí o sí tiene que existir políticas educativas con enfoque de género y la Educación Sexual Integral para prevenir la violencia y dotar de herramientas a las niñas, niños y adolescentes a fin de que puedan identificar y alertar la violencia sexual que padecen. Muchos niños no saben que son víctimas porque no se les habla de estos temas”, advierte Ayesha Dávila, del colectivo Alianza sí podemos por la ESI.

Así, lo aprobado por el Congreso también contraviene la Constitución Política y no está alineado a los objetivos de la Política Nacional Multisectorial para Niñas, Niños y Adolescentes al 2030; el Proyecto Educativo Nacional al 2036; el Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB) y los nuevos Lineamientos de Educación Sexual Integral (ESI). Asimismo, vulnera los derechos y principios estipulados en la Convención sobre los Derechos del Niño, según alerta la Defensoría del Pueblo. La institución pide al Ejecutivo la observación de esta norma.

En el debate del Congreso se oyeron argumentos cargados de estereotipos, como “no tenemos que recibir imposiciones de personas y ONG”, “se les instruye para que los profesores fomenten el aborto a las niñas”, “se les da instrucciones de cómo tener sexo anal”, entre otros que aludían a una orquestación de sinsentidos. Lo cierto es que la evidencia muestra que el alumnado que recibe ESI desarrolla menos conductas sexuales de riesgo, reducción de embarazo adolescente y retraso en la edad de la primera relación sexual.

Solo unas pocas voces señalaron que el proyecto de ley llevará al Perú a un retroceso y que el país necesita urgentemente la ESI en respeto de la edad y la cultura de los y las estudiantes.

 

La urgencia de implementar la ESI

Hasta la fecha, la implementación y ejecución de la Educación Sexual Integral en la educación básica peruana ha sido limitada y circunscrita, sobre todo al ámbito de la anticoncepción, prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazo adolescente, de acuerdo a especialistas del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Al mismo tiempo precisan que se debe ampliar la enseñanza de la ESI a la eliminación de estereotipos de género, el respeto por la autonomía del cuerpo de las mujeres y su libertad.

Recién a mediados del 2021, el Ministerio de Educación (Minedu) aprobó los nuevos “Lineamientos de Educación Sexual Integral para la educación básica” a través de la resolución viceministerial N.º 169-2021-MINEDU. En la guía de su implementación se resalta su necesidad por la persistencia de problemas sociales como la violencia sexual; explotación sexual de niñas, niños y adolescentes; el bullying homofóbico; entre otros. Además, brinda las pautas para que docentes de nivel inicial, primaria y secundaria aborden estos temas de forma pertinente.

“La ESI no solo ayuda a los niños y adolescentes a identificar que pueden estar en presencia de alguna situación de acoso o violencia, sino que también a los niños varones les ayuda a saber que tienen que respetar la integridad de sus compañeras. Entonces, eso es parte de toda una dimensión que tiene que ver con la perspectiva de género, pues recién entonces empieza a haber una explicación del fenómeno, de por qué es que se suscita y por qué los hombres se creen en ese derecho”, apunta Hugo González, representante del UNFPA en Perú.

Mientras el Parlamento discutía la aprobación de esta norma, las niñas del caso expuesto inicialmente aún eran violentadas por su padrastro. Ellas, al igual que otros miles de menores, no tuvieron las herramientas para reconocer que estaban siendo violentadas dentro de sus hogares. Una vez más, los datos estadísticos muestran que una buena parte de los ataques sexuales son perpetrados por familiares, conocidos de las víctimas y, claro, también por desconocidos. Muchas veces no se trata de monstruos, sino de vecinos, tíos, abuelos o hasta padres. Urge proteger a las víctimas y prevenir nuevos casos.

Actualmente, las hermanas se hallan bajo la tutela de una tía materna, quien les arrancó la revelación a duras penas, puesto que las menores no entendían que el señor que las ‘cuidaba’ también las había atacado y arrebatado la salud. Una vez en la comisaría de Pachacútec, todas ellas fueron revictimizadas con tratamiento hostil. “La Policía no me brindó la ayuda que necesitaba, querían entrevistar a las niñas y ellas estaban confundidas porque él era la única persona que les daba ‘afecto’, ya que no dejaba que salgan ni que sus familiares las veamos. No asimilan todo lo que han vivido, pero yo no las voy a abandonar”, narra a La República con voz apenada la actual apoderada de las menores.

Con una adecuada implementación de la ESI, los niños, niñas y adolescentes podrían fortalecer sus capacidades para reconocer situaciones de abuso sexual y de riesgo a fin de que posteriormente puedan adquirir habilidades de buscar ayuda y acudir a los servicios de salud o de protección social, explica —por su parte— Virginia Camacho, asesora regional en salud sexual y reproductiva del UNFPA para América Latina y El Caribe.

“Nosotros sabemos que la familia tiene un rol importante en la educación sexual integral, en el bienestar de niños y adolescentes, pero a veces hay familias que no pueden cumplir con este rol. Primero porque algunas no tienen los conocimientos o herramientas para abordar estos temas o bien al interior de estas se vulnera los derechos de los menores, ya sea violencia física, sexual y otro tipo de maltrato. Entonces, ahí tenemos a las escuelas como lugares de protección”, expone la especialista. También se pronuncia sobre cómo lograr una salida a la trampa de los subregistros, puesto que, a pesar del grueso número de violaciones sexuales en la niñez, hay muchos casos que se quedan en el olvido debido a los pactos de silencio impuestos en las familias que temen entregar a los agresores por temor al escarnio público o por falta de confianza al sistema de justicia.

La violencia sexual apunta hacia las mujeres

Grupos conservadores repiten como un estribillo falso que “la violencia no tiene género”, pero lo cierto es que al menos la violencia sexual se ceba con los cuerpos de las mujeres, visto como posesión por los varones criados bajo estereotipos machistas.

La revisión de las denuncias realizadas en los últimos cuatro años, fecha en que se agravó la condena, ante la Policía Nacional y Centros de Emergencia Mujer (CEM) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables dan cuenta de que al menos 33.867 personas fueron víctimas de violaciones sexuales. De este total, el 93% de víctimas fueron mujeres, niñas y adolescentes.
 

“Si entendemos que la ESI cuestiona y busca transformar las normas de género, entonces sabemos que tiene un gran potencial para actuar como una intervención clave ante la violencia. (...) Las instituciones educativas, al impartir la ESI, complementan el rol de las familias y contribuyen a garantizar los derechos de las niñas y adolescentes para que puedan recibir una educación de calidad. Para hablar de una educación de calidad tiene que haber ESI”, sentencia Virginia Camacho, del UNFPA.