Por: Milagros Requena / Unidad LR Data
María Angélica Rodríguez ha vivido desde siempre en Villa El Salvador. Allí, ha visto cómo las casas se han formado producto de la autoconstrucción o, como ella lo califica, “el esfuerzo”. A sus 49 años, y con dos hijos adolescentes, ya notaba que el cuarto que compartía junto a los miembros de su pequeña familia en el hogar de sus padres resultaba insuficiente. Por ello, cuando se enteró que había un grupo de personas en el arenoso cerro Lomo de Corvina, decidió ir a la zona para armar una especie de choza. “Quiero mi techo para no estar incomodando a mi madre”, comenta, mientras alista lo que cocinará para la olla común que se organiza en el lugar.
Es 28 de abril de 2021. Cerca de 1.500 familias, entre las que se encuentra la suya, acampan en la avenida Separadora Agroindustrial, luego de haber sido desalojadas del cerro que da hacia la Panamericana Sur. La búsqueda de un espacio para vivir, como declaran, ha hecho que muchos se queden en la zona a la espera de que alguna autoridad escuche sus reclamos. Hace frío y hay una densa neblina que se irá agudizando a medida que el invierno gane intensidad. Ellos se quedan en sus carpas y pequeñas chozas armadas con palos y plásticos, aguardando una respuesta.
“Acá luchamos día a día, tratando de acomodarnos, ya sea haciendo olla común o ayudándonos de una manera u otra. Pedimos a las autoridades que se pongan una mano al pecho y solucionen este problema”, reclama María Angélica.
Su historia es apenas otra más de las que se registran cada tanto en la capital, ya sea cuando un grupo de personas se aloja en las laderas de algún cerro, cuando se invaden terrenos del Estado, se construyen casas en zonas de riesgo o se ocupan espacios privados. El problema estructural detrás es el acceso a una vivienda social, un derecho que aún excluye a una parte de la ciudadanía.
Una capital desigual y sin planificación
Lima es una ciudad que se ha forjado en su mayoría por invasiones: casi dos tercios de la capital fue construida así, explica la arquitecta Karina Puente. No hubo planificación y creció mediante la toma de espacios con la promesa de un futuro ordenamiento y acceso a los servicios básicos en los lugares ganados. Sin embargo, con el paso de los años, dicha promesa de una eventual formalización fue la única respuesta de atención que brindaron las instituciones estatales.
María Angélica lo sabe. Sus padres llegaron a Villa El Salvador en la década de los setenta, cuando el distrito era un desierto en las afueras de lo que en ese momento era Lima. Ambos lucharon para construir su vivienda y darle un hogar a ella y a sus nueve hermanos. De pequeña, vio cómo los vecinos y autoridades se organizaban para mejorar sus barrios. Casi 50 años más tarde, cuando fue desalojada de Lomo de Corvina, recordó aquella historia, pero sobre todo lamentó que los policías no le hayan dejado sacar las pocas cosas que había llevado al pedazo de terreno separado.
“¿Dónde está nuestro alcalde? Cuando hay elecciones siempre piden apoyo, pero miren cómo nos dejan abandonados en el aire. Aquí hay niños pequeños, madres solteras, personas de la tercera edad. Nos han dicho (que Lomo de Corvina) no es habitable, pero que nos ayuden a reubicarnos”, clama.
Diana Torres, investigadora en Urbes Lab, un grupo de estudio del espacio urbano en Latinoamérica de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), explica que el modo de producir ciudad en el país guarda una correlación directa con las desigualdades que enfrentamos como sociedad. “El gran origen de lo que nos está ocurriendo son las desigualdades estructurales que venimos acarreando por décadas (...) que se reflejan en la producción urbana”, afirma.
Un problema que a la fecha no tiene solución y ha permitido que personas con pocos recursos construyan sus viviendas en las zonas más alejadas de la ciudad, bajo la promesa de que en algún momento llegaría el agua, la luz y el desagüe. Un reflejo de esta dejadez es que Lima en la actualidad sigue sin planificación.
La última idea de desarrollo en la capital fue aprobada en 1992 y caducó en el 2010 y, si bien se está desarrollando el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano 2021-2040 (PLANMET 2040), hubo un intento anterior para armar este documento, pero fue desestimado en el camino.
La gestión de Susana Villarán elaboró el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima y Callao (PLAM) - 2035 con el respaldo del Programa de las Naciones Unidas ONU-Hábitat. Sin embargo, no fue hasta tres días antes de finalizar su mandato que se presentó la propuesta final. Durante aquella exposición, la alcaldesa instó a la administración entrante que ejecute el instrumento técnico como guía para el desarrollo de la ciudad a mediano y largo plazo. Para ello, el PLAM 2035 contenía una cartera de más de 200 proyectos urbanos para aplicar en por lo menos tres gestiones posteriores.
Pero la llegada de Luis Castañeda al municipio paralizó lo avanzado. Negaron la existencia del documento y lo dejaron de lado. Patricia Juárez, teniente alcalde de la ciudad en ese momento, aseguró que el PLAM 2035 no era un “estudio concluido”. Por ello, el Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) trabajó en el Plan de Desarrollo Local Concertado 2016-2021, que fue aprobado con la mayoría del partido político en el Concejo Metropolitano.
Un hecho que fue cuestionado por diversos colectivos ciudadanos y no gubernamentales, pues insistían en que el plan presentado por Villarán respondía a un año de trabajo con la consulta previa a los diversos actores involucrados. Más aún, precisaron que el nuevo documento que se desarrolló no tuvo consulta popular y contenía 18 proyectos de pasos a desnivel, bypass, y no otros ejes fundamentales para una visión integral de Lima.
Aún se puede apreciar la página de Facebook que se creó para exponer las ideas del PLAM 2035. La página web fue desactivada durante la gestión de Luis Castañeda Lossio. Foto: Captura de pantalla - Facebook
Con Jorge Muñoz en la alcaldía, un nuevo plan para Lima se está trabajando, aunque desde el municipio se indicó que rescatará algunos aspectos del PLAM 2035. El IMP, junto al Consejo Consultivo presidido por Fernando Cillóniz, está elaborando la propuesta y visión de la metrópoli.
Karina Puente, arquitecta que trabajó en el PLAM 2035, indica que este documento de planificación es importante, ya que estudia la variación de la ciudad. Resalta que el principal instrumento de las municipalidades, fiscalizadoras del desarrollo urbano, para promover la generación de las viviendas es la zonificación, es decir, determinar en qué lugares y espacios se pueden desarrollar más hogares.
La República se comunicó con el Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) para ahondar en el estado actual del PLANMET 2040, consultar la inclusión de las viviendas sociales, los mecanismos para promover su generación durante los próximos años y las expectativas de la zonificación dentro de este trabajo; sin embargo, hasta el cierre de este informe no obtuvimos respuesta.
Cerca de un mes después del ingreso al cerro Lomo de Corvina, María Angélica señala que las 1.500 familias registradas no tienen propiedades, que ya han sacado su información y han enviado el padrón a la municipalidad en busca de una respuesta. “Nosotros hemos dicho que las personas que tienen terreno (...) dejen a aquellas que realmente lo necesiten. Lugar hay. Hay espacios donde se puede reubicar. Que ellos digan que no, es falso. Sí hay solo que no se les da la gana”, enfatiza.
Una política de subsidio
Angie, madre soltera de 35 años, llegó a Lomo de Corvina con su pequeño hijo de año y medio luego de ser desalojada del cuarto alquilado en el que vivía. Antes de la pandemia laboraba como empleada de un hogar, pero luego de perder su trabajo se dedicó a vender caramelos para subsistir. Días antes de instalarse en la avenida Separadora Agroindustrial —luego de ser desalojada del cerro Lomo de Corvina— escuchó que el Gobierno decía que no los iban a reubicar y que los invasores debían regresar a sus hogares de origen. Recordó que ese lugar del que hablaban era aquella habitación que ya no podía pagar.
“Ellos (los funcionarios) tienen dónde estar, dónde dormir. Deberían ponerse en el zapato de los otros. Somos personas que necesitamos, somos pobres. No recibimos un sueldo fijo ni mínimo”, narra.
Uno de los principales cuestionamientos a la última política nacional de vivienda —ya caducada— es la exclusión de la población de más bajos ingresos al mercado formal de viviendas. Laura Lozada, economista y magíster en Desarrollo Urbano y Regional, explica que las políticas actuales e históricas no han atendido la demanda de vivienda de esta población, sino han fomentado la apropiación de viviendas informales. “El mercado no produce vivienda asequible para estas familias, el Estado tampoco se encarga, entonces las personas encuentran como única solución comprarle al traficante de terreno”, detalla.
Un estudio publicado en 2015 por Julio Calderón, sociólogo especialista en realidad urbana del país, reveló que entre el 2006 y el 2012, el Estado invirtió ocho veces más en la adquisición de una vivienda nueva para la clase media que para los sectores de menos ingresos. Se destinó aproximadamente US$ 1.060.559.876 para la clase media a través del Nuevo Crédito Mivivienda y US$ 133.998.968 para la modalidad Adquisición de Vivienda Nueva del Bono Familiar Habitacional (BFH).
Un panorama que no ha cambiado en los últimos años. De acuerdo a las mismas variables, La República comparó los datos entre el 2015 y el 2020 con la información disponible en la página web del MVCS. Los resultados indican que entre esos años, el Estado invirtió siete veces el monto de la modalidad Adquisición de Vivienda Nueva del BFH, destinado a la clase de menos ingresos, en el Nuevo Crédito Mivivienda, destinado a la clase media. En ese mismo rango, el año 2016 fue en el que más dinero se destinó al primer programa: 22 veces el monto del programa de Techo Propio.
Si bien en los últimos años se ha reducido esa diferencia, aún persiste la brecha en los montos destinados para cada población específica en la compra de una vivienda nueva. De igual manera, en los créditos y montos entregados, también existe una diferencia a favor del Nuevo Crédito Mivivienda, aunque en los últimos años la cantidad de subsidios entregados tanto para la clase media como para la de menos recursos han sido más cercanos.
Daniel Ramírez-Corzo, director general de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), reconoce que la política que se ha tenido en los anteriores gobiernos “ha funcionado mejor para los sectores medios” y se ha concentrado en producir y mejorar las viviendas. Asegura que la actual gestión trabaja en mejorar el acceso a los programas de subsidios a favor de las poblaciones con mayores necesidades.
Cuando María Angélica se entera que en las redes sociales muchas personas comentan que los invasores deben “ahorrar” para comprarse una casa, esboza una sonrisa de resignación. Comenta que es muy fácil hablar desde la comodidad de sus hogares sin saber qué es pasar frío, hambre o tener menos de lo justo para vivir. La llegada de la pandemia hizo que se quede sin trabajo y, a pesar de que esporádicamente consigue algunos ingresos, así ha sobrevivido. Esa es la condición que no le permite ser sujeto de crédito para una casa, pues al no contar con un empleo formal el sistema financiero la excluye.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en lo que va del 2021 cerca de dos millones de peruanos en Lima Metropolitana tiene un empleo poco adecuado o informal y en el 2020, alrededor de siete millones de peruanos se desempeñaron en trabajos informales durante la pandemia de la COVID-19.
Planes en espera
A inicios de este año, el MVCS anunció la realización de la Política Nacional de Vivienda, Urbanismo y Desarrollo Urbano Sostenible. Ramírez-Corso explica que se está trabajando en el fortalecimiento de la planificación urbana y territorial, el aseguramiento de la ocupación sostenible del suelo, la promoción de producción de viviendas y la mejora de los entornos urbanos. Añade que la diferencia con los gobiernos anteriores es que se considera la vivienda y el urbanismo como una “idea integrada” y además que se ha entendido la necesidad de un cambio en el enfoque.
“Ahora hemos comprendido que el problema no es la inexistencia o la escasez de viviendas, sino la dinámica de producción (informal) de suelos que tenemos en el Perú que hace que las brechas de acceso a una, junto a las brechas de servicios, sigan reproduciéndose. Lo que tenemos que cambiar es cómo se produce generalmente la ciudad en el Perú”, comenta el funcionario.
Dentro del nuevo esquema, el MVCS ha considerado mejorar el sistema de subsidios de Mi Vivienda y Techo Propio. “La política no llega a definir cómo tiene que ser exactamente, pero sí plantea que debe reenfocarse hacia los sectores de menores ingresos”, argumenta. “Pero además hay que diversificar las formas de acceso a la vivienda. No todo el mundo va a poder comprar una por más barata que esta sea. Hay que generar soluciones de alquiler, promover que haya más y no solamente en zonas consolidadas de la ciudad, sino en los antiguos barrios”, agrega.
El MVCS señaló a inicios de este año que unas 500 mil familias no cuentan con un hogar y cerca de un millón están en inadecuadas condiciones de habitabilidad.
Jenny también es una madre soltera acampando en las calles aledañas al cerro Lomo de Corvina. Dejó el cuarto de madera que alquilaba porque no podía pagar los 300 soles mensuales que costaba.
“De allá nos vinimos porque no tenemos dónde vivir”, exclama. “Nos han dicho que somos traficantes de terrenos y es mentira. Somos madres solteras que necesitamos y estamos luchando por un techo para nuestros hijos”, sentencia.
La otra solución
La necesidad de vivienda sigue existiendo y se ve reflejada en los últimos intentos de invasiones en la capital como en Lomo de Corvina y el Morro Solar. Nekson Pimentel, antropólogo urbano, precisa que las últimas investigaciones señalan que los traficantes de terreno organizan las ocupaciones informales recientes.
“Esa necesidad de vivienda que pueda tener es funcional al tráfico (...) pueden participar familias que necesitan, como familias que no. Estamos en un escenario en el que las invasiones por necesidad de residencia ya no son las dominantes, pero eso no inhabilita que no haya necesidad. (Las personas) son herramientas para desarrollar este tipo de invasiones que finalmente son administradas por los traficantes y la gente que realmente necesita esas viviendas son usadas como armas para esos propósitos”, detalla.
En la misma línea, Lozada comenta que las invasiones son el resultado de una ausencia en el mercado de oferta de viviendas. “Si privadamente no es rentable, hay que ver qué está haciendo el Estado. No hay política de viviendas para las personas que lo demandan. Lamentablemente hay esta concepción de que la vivienda es un tema privado en este país, que cada persona, cada familia debe arreglarse como pueda, pero realmente la vivienda es un problema público porque de ella dependen muchas otras cosas”, comenta.
Otro estudio de Julio Calderón publicado en el 2019 explica que la política implementada con tres mercados formales de demanda de suelo: el privado, el Nuevo Crédito Mivivienda y Techo Propio incidió en la promoción de las viviendas para ciertos sectores socioeconómicos (clase alta y media) basándose en la rentabilidad. “Por eso, hay ‘escasez’ de suelo para vivienda social de menores ingresos, pero no para las otras modalidades”, se menciona.
Una revisión hecha a los buscadores del Fondo Mi Vivienda al 11 de mayo del 2021 evidencia que en Lima existen nueve proyectos para la adquisición de una nueva vivienda en el programa Techo Propio; mientras que, para el Nuevo Crédito Mi Vivienda la oferta se amplía a 268 en el mismo espacio urbano.
Una alternativa que ha encontrado la población de menos recursos a esa oferta es comprar terrenos a los vendedores de suelo informal. María Angélica reconoce que puede haber traficantes de terreno en Lomo de Corvina, pero reitera que 1.500 familias ya han compartido su información sobre la nula existencia de propiedades. “No digo que no haya, hay de todo, pero no son todos”, declara. Con ello, insiste en la reubicación.
Un hecho que también ha contribuido en esta problemática es la aprobación de leyes en el Congreso para la ampliación de las invasiones informales. La última extensión se dio en setiembre de 2020. Lozada califica esta medida como un “incentivo perverso”, pues los traficantes venden terrenos bajo la promesa de que en algunos años el legislativo amplíe el plazo de formalización para los terrenos adquiridos.
“El problema de este tipo de normas es que realmente no dan una solución, lo único que te están diciendo es que nadie te va a poder botar, pero no solucionan sus problemas de agua, luz, transporte, acceso a educación, acceso a salud”, precisa la especialista.
Después de un mes de la ocupación en el cerro Lomo de Corvina, aproximadamente 1.500 familias aún esperan ser escuchadas por las autoridades y no se piensan ir hasta encontrar una solución.
Sobre esta problemática, Ramírez-Corso señala que en la zona algunas familias sí necesitan una vivienda y, para ello, recuerda que se pueden acceder a mecanismos ya existentes, aunque reconoce que en la actualidad estos no tienen alcance para todos.
“En este momento los mecanismos que tenemos para subsidios tienen problemas para alcanzar a la gente más necesitada que no es sujeto de crédito, pero estamos justamente diseñando formas del Bono Familiar Habitacional (Techo Propio) para que no requiera crédito. Van a ser el Estado, el bono, el que va a cubrir todo lo que requiere. Va a ser una vivienda muy básica que después va a tener que complementarse por parte de las familias, pero con esto evitamos el tema de tener que pasar por el sistema financiero. Esa es una alternativa, pero tampoco va a alcanzar a todos por un tema de recursos. Otra alternativa es el proyecto (de ley) de promoción de la vivienda en alquiler porque obviamente no todo el mundo va a poder comprar vivienda. La solución ahí no es una solución de corto plazo”, puntualiza.
Desde la avenida Separadora Agroindustrial, mientras lava las papas para la cena de una de las ollas comunes que se organiza en el lugar, María Angélica agradece que personas de la zona apoyan con alimentos y alguna que otra ropa. En el fondo tiene esperanza. “Seguiremos alzando nuestra voz de protesta, tenemos que ir hasta el último, yo sí creo que habrá una solución”, finaliza.
