Por: María Morales Isla / Unidad LR Data
Publicado el 30 de agosto de 2022
El Perú se encuentra entre los países más corruptos de América Latina, de acuerdo con Transparencia Internacional. En este escenario, la población elegirá a sus próximas autoridades en las Elecciones Municipales y Regionales 2022. Pero la oferta es escasa y adversa, ya que 89 candidatos para vicegobernadores y gobernadores presentan investigaciones por corrupción.
LR Data revisó los antecedentes de los 488 aspirantes a partir de información recibida por la Procuraduría Anticorrupción y el seguimiento del historial partidario en Infogob. Así, se detectó que 62 de los 89 postulantes procesados ya ocuparon cargos públicos en alcaldías o Gobiernos regionales —ya sea como regidor, alcalde o gobernador—, algunos de ellos en más de una ocasión.
Con esas cifras, los especialistas advierten el deterioro de la política electoral e increpan al ciudadano una postura más crítica.
Cercados por la corrupción
A inicios de este año, la Defensoría del Pueblo reveló que, entre 2017 y 2020, las entidades agravadas con mayor incidencia de corrupción en trámite son las municipalidades distritales (30%), seguidas por los Gobiernos regionales (13%) y las municipalidades provinciales (13%).
Sobre aquellas cifras, la institución destacó que, en 19 de las 25 regiones, las municipalidades distritales fueron las más afectadas por esta modalidad de delito. Por su parte, los Gobiernos regionales más perjudicados fueron Loreto, Madre de Dios, Áncash, Pasco, Amazonas, Junín y Tumbes. Justamente, esas son a su vez las que cuentan con mayor número de candidaturas con antecedentes de corrupción.
Percy Medina, jefe de misión de IDEA Internacional en Perú, asegura que el deterioro de la oferta política en el país pone en riesgo la elección, puesto que aspirantes con un antecedente comprobado en el delito pueden ser autoridades regionales. “Muchas de las personas envueltas en actos ilícitos en sus gestiones pasadas están retornando”, agrega.
De acuerdo con la información solicitada a la Procuraduría Anticorrupción, casi todas las regiones presentan aspirantes al sillón gubernamental con antecedentes por corrupción, incluso hay quienes tienen más de 10 procesos en investigación.
Uno de ellos es Ángel Unchupaico, candidato a gobernador en Junín. Él lleva 19 procesos por negociación incompatible, cobro indebido, malversación y nombramiento ilegal. También ha sido presidente regional y dos veces alcalde. Las pesquisas en su contra corresponden a sus gestiones anteriores.
La situación es similar en otras zonas. Si bien Madre de Dios es también una de las regiones con mayores casos de corrupción, tres de sus candidatos son procesados por esta modalidad. No obstante, tan solo uno de ellos es acusado por cinco delitos. Él, al igual que los anteriores, ocupó el cargo de gobernador regional.
Cabe precisar que, para este informe, se consideró las candidaturas de inscritos, admitidos, en proceso de tacha, apelación y excluidos o improcedentes —en primera instancia —, estos últimos tienen una posibilidad de revocar el fallo del Jurado Electoral Especial ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Este proceso culmina el 2 de septiembre.
Aspiran exfuncionarios
De acuerdo con la revisión, la mayoría de los procesados han ocupado cargos públicos en entidades gubernamentales en los niveles provinciales, distritales y regionales. Para Karin Guevara, abogada especialista en materia electoral, los empresarios o exfuncionarios públicos han acumulado dinero en sus gestiones, lo que les permite tener los recursos para sus candidaturas. Es decir, prima el valor económico antes que un proyecto político.
En esa línea, Medina asegura que los delitos cometidos por candidatos vinculados a gestiones anteriores responden al desconocimiento de la función pública. Por ese motivo, los actos de colusión, peculado y contra la administración pública son los más recurrentes.
En efecto, de los 309 procesos contra los 89 candidatos regionales, 119 corresponden a los delitos de colusión simple o agravada. También es frecuente la negociación incompatible (50), el peculado (56) y, en menor medida, la malversación de fondos (17). La mayoría de estos fueron cometidos en agravio de municipalidades y Gobiernos regionales.
Asimismo, hay aspirantes que no ocuparon un cargo en una alcaldía o Gobierno regional, pero están vinculados a ciertas entidades públicas, como las direcciones regionales de salud o universidades públicas. Este es el caso de Elvyn Samuel Díaz Tello, quien fue titular de la Diresa Ayacucho y está procesado por cobro indebido y negociación incompatible en agravio de esta entidad. Él ahora busca ocupar el cargo de gobernador en Apurímac.
En Arequipa, dos exautoridades de la Universidad Nacional de San Agustín esperan ocupar el Gobierno y vicegobierno de la región. Se trata del exrector Rohel Sánchez y la exvicerrectora Ana Gutiérrez, cuyas gestiones están presuntamente inmersas en actos ilícitos en contra de la universidad pública.
Sin embargo, estos no son los únicos antecedentes y vínculos con gestiones anteriores. En algunas regiones predominan las redes familiares que buscan perpetuarse en el poder. Así como LR Data reveló el clan familiar en Apurímac, esta vez la Unidad LR Data observó que dos hermanos disputan el Gobierno Regional de Loreto pese a que ambos son excongresistas investigados, incluso uno de ellos llegó a ser ministro del expresidente Martín Vizcarra.
Jorge y Fernando Meléndez Celis están inscritos en Juntos Por Loreto y Alianza Para el Progreso, respectivamente. Aunque ambos se encuentran en listas distintas, el poder regional puede quedar en manos de esta familia. El primero fue congresista en 2016 y exministro del Midis en 2019. Además, es investigado por patrocinio ilegal en agravio del Parlamento. El segundo fue gobernador en 2014 y congresista en 2020, y cuenta con 10 procesos en agravio del Gobierno Regional de Loreto. A ello se suma que Fernando Meléndez fue captado en estado de ebriedad en una boda y no asistió a la sesión del Congreso cuando fallecieron dos jóvenes en la represión policial del Gobierno de facto de Manuel Merino.
Para Medina, existe una construcción de redes ilícitas que vinculan a un grupo o a determinados funcionarios con el objetivo de priorizar intereses individuales y privados, los mismos que procuran sostenerse en el tiempo y ampliarse en nuevas gestiones. Por ese motivo, agrega, se incluye también a personas del círculo familiar.
“En tiempo de crisis de organizaciones políticas, los partidos son reemplazados por redes familiares de paisanos, de compañeros de colegios, las cuales están basadas también en corrupción, son mecanismos para acceder a recursos públicos”, enfatiza.
En tanto, Karin Guevara hace hincapié en que la decisión por este tipo de candidatos depende de los partidos políticos, los mismos que priorizan los recursos económicos. Además, señala que hay una falta de valores en los políticos de hoy en día, por lo que solo se prioriza el interés particular. “Se requieren políticas públicas”, añade.
Los especialistas advierten que la crisis de partidos políticos y de valores perjudica la vida de los ciudadanos, la calidad de la misma y el servicio recibido. Pese a ello, las organizaciones siguen apostando por candidatos con antecedentes de corrupción.
Descargos y silencios
Alianza Para el Progreso, Avanza País y Somos Perú son quienes incluyen en sus filas a un mayor número de aspirantes con antecedentes por peculado, malversación, negociación incompatible y otros actos ilícitos.
Al respecto, Luis Valdez, secretario general de APP, enfatiza que no hay sentencias condenatorias contra los candidatos de su partido, además de que existe la presunción de inocencia. No obstante, señala que las elecciones primarias hubieran permitido que sea la ciudadanía quien elija a los candidatos, no los militantes, como ocurrió en las internas. “Nosotros no optamos ni consideramos candidatos. (...) Nos impusieron las internas. Esa elección escapa de la dirigencia”, acota.
Por su parte, Edmundo del Águila Morote, secretario general de Acción Popular —partido que lleva al gobierno regional a dos personas con presuntos vínculos ilícitos— hace hincapié en que todos los postulantes pasaron los filtros del JNE. “Ellos establecieron las reglas y se ha cumplido. La acusación no está incluida. Bastaría que alguien acuse y ya no se postule. Se requiere de una sentencia”, detalla.
En tanto, Somos Perú desistió de brindar su descargo.
A partir de ello, Medina resalta que el declive del sistema de partido influye en la elección de este tipo de candidatos, los cuales tienen la venia de las cúpulas partidarias. También enfatiza que el filtro de las candidaturas en regiones y provincias es aún menor.
Pese a ello, los especialistas subrayan que el Perú es uno de los países con más requisitos y solicitudes de transparencia, debido a la función de los organismos electorales. Aunque, a su vez, advierten que aun así no ha disminuido la cantidad de candidatos no idóneos, precisamente por la responsabilidad partidaria.
En ese panorama, el elector deberá elegir de la mejor manera posible. Para la abogada, el principal problema es que muchos votantes no se informan a pesar de que hay información pública sobre cada candidatura.
“Lo otro que podría hacer el elector es la convocatoria de nuevas elecciones en ese distrito o provincia como una protesta, pero cada proceso electoral tiene un costo. A veces aceptamos lo que viene o los elegimos con la esperanza de que pronto va a salir la sentencia del candidato y sea procesado. Y luego, lo mismo”, sostiene.
Del mismo modo, el jefe de misión de IDEA Internacional en Perú apunta hacia la responsabilidad ciudadana para vigilar a los políticos por medio de diversas plataformas. “Hay mucha información a disposición, lo que ocurre es claro que se requiere un esfuerzo de la ciudadanía, es el único camino”, finaliza.
