Un año sin justicia
En el Perú, la justicia no siempre funciona. A veces tarda muchos años; en otras ocasiones, nunca llega. Una demora que están experimentando las familias de Jack Pintado, Inti Sotelo, Jon Cordero, Gloria Alejandro y de otras 80 personas que resultaron agraviadas durante las protestas sociales acontecidas entre el 10 y el 14 de noviembre de 2020. Reparación, juicio político, responsabilidad policial, reforma y garantía de no repetición son las ideas más cercanas que tienen al concepto de justicia.
Este domingo 14 de noviembre se cumple un año desde que miles de ciudadanos salieron a las calles a ejercer su derecho a protesta contra el régimen de Manuel Merino. Fueron días marcados por la violencia policial, que generó más de un centenar de heridos y la muerte de dos jóvenes. Y, aunque hay avances en los dos procesos judiciales que se llevan sobre el hecho, la resolución parece eterna y aún no hay responsables identificados ni sanción política hacia los exfuncionarios involucrados.
Una de las investigaciones es la que está a cargo de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, bajo el mando de la fiscal Jhousy Aburto. En esta, se busca establecer la responsabilidad policial por el uso de fuerza excesiva, indiscriminada y desproporcional contra los y las manifestantes entre el 10 y el 14 de noviembre de 2020. Es una de las denuncias que más ha avanzado desde que ocurrieron las movilizaciones.
Carlos Rivera, abogado de la familia de Inti Sotelo, comenta que hay un logro positivo sobre la parte más compleja de la investigación, sobre todo, porque en denuncias de violación a los derechos humanos, el tiempo promedio que duran las investigaciones supera los cinco años.
“Se ha avanzado en la formalización a pesar de que se trata de un caso en el que no solamente se están investigando los crímenes contra Inti y Jack, sino además las lesiones de por lo menos otras 80 personas. (...) Es cierto que los familiares quieren que se determinen responsabilidades, pero lamentablemente en un caso tan complejo como este, diría que el tiempo que se ha utilizado es corto en relación con otros”, explica el letrado.
Algunos casos de violación a los derechos humanos han promediado su resolución casi dos décadas después (La Cantuta y Barrios Altos) y otros aún están en audiencias (esterilizaciones forzadas). Un reflejo de que muchas veces el sistema de justicia peruana no funciona.
La investigación preliminar, que acabó a inicios de octubre, verificó la existencia de una cadena de mando de acuerdo a la responsabilidad de los jefes policiales, así como por la distribución de las zonas de ataque. La Fiscalía sostiene que los hechos cometidos no fueron aislados o excesos individuales, sino que respondieron a un patrón de comportamiento realizado por los altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP), al haber usado municiones prohibidas y armas potencialmente letales que fueron disparadas directamente al cuerpo de los manifestantes.
¿Cómo funcionó la línea de mando?
A la fecha, la investigación a cargo de la fiscal Aburto evidencia que hubo una línea de mando en las diversas marchas organizadas contra el régimen de Merino. Durante el proceso, se incluyó a otros mandos de la PNP y aún está en estudio la identificación de los agentes que dispararon en las zonas de ataque.
Denuncia contra altos mandos paralizada
La segunda denuncia judicial, a cargo de la Fiscalía de la Nación, es contra los altos mandos que se instalaron en el Ejecutivo entre el 10 y el 15 de noviembre de 2020: Manuel Merino, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez.
La tesis fiscal señala que, debido a los altos cargos que ejercían estos funcionarios, estaban informados por fuente directa de los mandos policiales, sobre los sucesos que ocurrían en las movilizaciones sociales durante aquellas fechas. En tal sentido, su no accionar sobre sus subordinados es catalogado como un delito, al no proteger la vida e integridad física de las personas protestantes.
Jimmy Sotomayor, abogado de la familia Pintado, detalla que el delito es por omitir hacer algo, es decir, comisión por omisión sobre homicidio doloso. “Omitieron su deber de garantizar la vida de los ciudadanos que estaban marchando en su momento”, precisa.
Si bien la investigación preliminar ya concluyó , esta no puede ser formalizada como una denuncia constitucional, ya que de acuerdo al artículo 99 de la Constitución Política, para investigar a los altos funcionarios es necesario contar con la autorización del Congreso.
El avance de la investigación preliminar determina que existe sospecha reveladora para formalizar la denuncia, pero el proceso requiere interés y compromiso político. Es necesario que uno de los 16 integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en la que se encuentran por lo menos un miembro de las diez agrupaciones políticas que conforman el Legislativo, se haga cargo del caso para realizar un informe y pueda ser debatido. Sin voluntad política, la acusación no puede avanzar.
Recién el pasado lunes 8 de noviembre se instaló dicha subcomisión y se aprobó su plan de trabajo para el Periodo Anual de Sesiones 2021-2022. La denuncia contra los tres altos mandos es una de las 185 que está en manos de dicho grupo parlamentario.
El avance de la denuncia fiscal contrasta con la paralización de la denuncia constitucional. La vigilancia y seguimiento de las investigaciones es una necesidad en un país en donde la impunidad muchas veces se impone.
Un ejemplo de ello es lo ocurrido con la investigación administrativa de la misma Policía Nacional. El 26 de julio, la Inspectoría de la institución exculpó de responsabilidad a 11 policías —entre los que se encuentran Lam, Cayas, Villafuerte y Tenorio—. Sin embargo, este fin de semana se supo que el Tribunal policial, última instancia de sanción, dejó sin efecto tal medida. Con ello, se deberá comenzar nuevamente con las indagaciones.
Aunque la investigación administrativa es diferente a la pesquisa penal y constitucional, a casi un año del llamado 14N, las familias de las y los agraviados exigen determinar y sancionar a los responsables, así como una reparación civil en proporción al daño causado, compromiso político por parte del actual Ejecutivo y Legislativo. Con ello, al menos podrán encontrar una sensación cada vez más cercana a la justicia.
