Por: Luis Páucar
I
Un punto al borde de un río. Ubicado en el llano amazónico de Perú, Iñapari es un poblado
minúsculo, al borde de un río, habitado por poco más de 1.500 personas en la provincia de
Tahuamanu, Madre de Dios. El último paso del país se conecta con Brasil a través del Puente
de la Integración. Para llegar hasta allí, desde Puerto Maldonado, capital de la región, hay que
viajar en auto a lo largo de la Interoceánica durante cuatro horas, por un camino en el que
pasan casas bajas, el ganado, las nubes gigantes que circundan un cielo tan celeste que
parece mentira. Iñapari también comparte límite con Bolivia, y le debe su nombre a una
extinta tribu indígena. La producción de castañas, el sector maderero y el turismo —que
apenas despega tras la vorágine del virus— dinamizan la economía de este confín sin
seguridad del estado, salpicado por el verdor de los cultivos, un estadio, cinco hoteles, una
iglesia adventista, una plaza con pérgola, una calle donde cambian dólares, reales y pesos
bolivianos, un banco que permanece vacío, un puesto de salud desprovisto, un colegio
desgastado por la lluvia e inundado por la maleza —porque ya nadie estudia desde hace un
año— y el pequeño municipio donde el alcalde Abraham Cardozo, docente de profesión, dice
que pocas veces alguien se asoma por aquí para averiguar sobre esos años. Que “nunca se
detuvo la crisis humanitaria”, que “antes —admite— este tramo fue peor”.
Desde 2010, tras el terremoto que sepultó a Haití, Iñapari devino en un paso migratorio
importante para los ciudadanos del país centroamericano: por aquí pasaron los desplazados
de aquella catástrofe, por aquí emprendieron el retorno, en 2016, quienes huyeron de la crisis
del gigante sudamericano y lo intentan, en la actualidad, los desplazados por la pandemia
como Rony Cadet. Según Cardozo, es una frontera incomprendida por su particularidad: “Mira
la amplitud que tiene y el intercambio constante entre ciudadanos de ambos países, que data
desde hace más de un siglo; y mira, al contrario, lo poquísimo que hemos avanzado en
integración fronteriza. Solo para que ejemplifiques: la infraestructura pública (migraciones,
aduanas) funciona debajo de una carpa”, explica. Debajo de una carpa por donde, a veces, se
guarecen los gallinazos. Cardozo dice, además, que el 40% de los ciudadanos de Iñapari
tiene también nacionalidad brasileña: “Son legales, con todos sus derechos constitucionales.
Entonces, cuando más necesitamos la complementariedad, llegó esa orden de bloqueo”. Se
refiere al decreto que cerró este paso ante el coronavirus y sus variantes. “Es absurdo porque
el Estado tendría que desplegar a todo el comando del Ejército Sur para cerrar a cabalidad los
100 kilómetros de frontera con Brasil y otros 100 con Bolivia”. El puente de la Integración
permanece intransitable, claro, pero los ciudadanos pasan de Perú a Brasil —y viceversa— a
través del río Acre, montados en peque-peques vigilados por la misma Policía peruana y la
Federal. “Y los vigila porque justo este bloqueo abre paso a la ilegalidad, a que los migrantes
vean la manera de cruzar porque necesitan irse. No poder volver es un dilema terrible —sigue
el alcalde—. Por eso deberíamos optar por una estrategia de ingreso controlado con mirada
de pandemia, que respete las medidas de ambos gobiernos. Mira que esto también [se]
replica en la crisis humanitaria”.
Se sabe que, en la actualidad, los migrantes cruzan la frontera entre los peque-peques, luego
de pagar a conductores o incluso a los mismos efectivos. Más adelante, el coronel PNP Jorge
Aldo Barrera Cueva, jefe de la XV Macro Región Policial Madre de Dios, dirá que la institución
ha abierto procesos penales a tres uniformados acusados por este delito. Aunque ahora no se
ha reportado una red de traficantes, años atrás —cuando detonó el éxodo haitiano—, operó
una mafia que captaba a los migrantes venidos del norte peruano y que involucró, incluso, a
altos mandos policiales, específicamente al exjefe de la División de Seguridad del estado de
la ciudad, el mayor Richard Santillana Hidalgo, y a otros tres suboficiales. El periodista
Manuel Calloquispe lo reveló en una investigación por la cual fue amenazado y amedrentado.
“Son episodios que ayudan a entender la tragedia actual —expone Calloquispe, quien
además ha seguido la pista del narcotráfico en la selva peruana—, y cómo la impunidad
puede convertirse en cotidiano: algo que todos saben que pasa, pero deciden guardar
silencio”.
El 31 de enero de 2012, Iñapari declaró estado de emergencia tras la llegada de 300
migrantes haitianos. Brasil había cerrado su frontera debido a los traficantes de personas
dentro de su territorio. Permanecieron varados a la intemperie. Calloquispe acudió un año
después, a inicios de 2013, el año más violento para los migrantes que cruzaban de Ecuador
a Perú y de Perú a Brasil. Su trabajo se centró, sobre todo, en el trayecto desde Puerto
Maldonado. Los traficantes que identificó fueron los siguientes:
Alexander Max Esquivel Gutiérrez (ex suboficial de la PNP)
Mario Sereceda Huamán
Moisés Ccosco Jara
Olga Menacho Flores
Alcides Huamani Ampuero
Alin Huamani Ampuero
Danny Solano
A todos se les abrió procesos penales, pero ninguno prosperó. La República no pudo
contactarlos.
De acuerdo a la investigación periodística, estos traficantes alojaban a los migrantes en casas
improvisadas u hostales —Monterrico, Maternitano, Inambari, Huarteño—, o incluso en el
domicilio del exsuboficial Esquibel Gutiérrez. Aunque el pasaje regular es de 25 soles,
cobraban en dólares (unos 150), con lo cual podían evadir los controles policiales durante la
ruta. El traslado se efectuaba de noche y, una vez en la frontera con Brasil, eran derivados a
los ‘coyotes’ de ese país, quienes pagaban a la Policía Federal. Los dejaban, finalmente, en
Brasileia, un municipio del estado de Acre, donde la Iglesia había instalado un refugio.
Calloquispe conversó con Heydi y Fredy, dos transportistas que devinieron en traficantes. Le
revelaron que el mayor Richard Santillana Hidalgo recibía hasta $30 por cada haitiano que era
trasladado a la frontera con Brasil, burlando los controles. Los buses empleados para el
traslado, incluso, pernoctaban afuera de su jefatura. Tras la denuncia, Santillana fue removido
de la comisaría de Seguridad Ciudadana. Este medio tampoco llegó a contactarlo. El 29 de
mayo de 2013, la Policía publicó, en el diario judicial Don Jaque de Madre de Dios, una nota
informativa sobre la intervención de 57 haitianos indocumentados y la detención de dos
traficantes, Mario Saavedra Huamán (54) y Rosalin Menacho (35). Sin embargo, los
capturados aquel día fueron, en realidad, Mario Sereceda Huamán y Olga Menacho Flores.
La misma Policía los protegía. Dos meses después, según Calloquispe, ambos seguían
traficando migrantes.
El número de celular de Richard Santillana Hidalgo era el 989321623. Una de las traficantes
(Heydi) grabó una conversación en la que coordinaba con el mayor el recojo de haitianos. La
grabación fue cedida a Calloquispe. El 16 de mayo de ese año, una nota interna de la región
policial de Madre de Dios había alertado cómo operaba el tráfico de migrantes y qué personal
policial estaba implicado. El documento, sin embargo, no designó ninguna investigación ni
sanción. El periodista, finalmente, publicó su reportaje un mes después. “Déjate de estar
escribiendo hue***s”, amenazó Santillana Hidalgo en un mensaje, tras cursarle una carta
notarial.
El 20 de julio, el suboficial PNP Michel Guzmán Torres intervino un camión de carga en el que
iban hacinados 50 haitianos indocumentados. Conductores y migrantes fueron trasladados a
la comisaría de Puerto Maldonado. Según el testimonio del suboficial Guzmán, su jefe le
mencionó que estaba “prohibido intervenir a haitianos por orden superior”. Esa contraorden
quedó constatada en un acta a la que también accedió Calloquispe.
De enero a julio de 2013, diariamente, cruzaron la frontera entre 40 y 50 haitianos, cada uno
de los cuales llegaba a pagar hasta 150 dólares para llegar a Brasil. Unos 6.000 a 8.000
dólares diarios en los bolsillos de los coyotes. Casi 100.000 dólares al mes. Durante esos
años, mientras la tragedia humanitaria se agravaba, los traficantes construyeron edificios,
hoteles y adquirieron nuevas propiedades y vehículos de transporte. El ex suboficial
Alexander Max Esquivel Gutiérrez edificó, por ejemplo, un hotel de cinco pisos en su propia
casa, con más de 50 cuartos. Llegó a tener, además, una camioneta blindada con lunas
polarizadas y una flota de combis para el transporte de pasajeros, de acuerdo a registros
públicos. Este diario tampoco logró contactarlo.
CHS Alternativo, la organización que aborda temas de explotación humana, señala que las
posibles consecuencias del tráfico ilícito de migrantes son la muerte por falta de condiciones
de seguridad (ahogamiento, asfixia, accidentes, deshidratación), las redes de trata y la alta
vulnerabilidad a violaciones de derechos como las ocurridas en Iñapari. Los casos más
emblemáticos involucran a Alin Huamani Ampuero, alias ‘el Gordo Alin’, quien fue denunciado
por abuso sexual contra migrantes. Tras ultrajarlas, al llegar a la frontera, este traficante les
exigía el pago bajo amenaza de entregarlas a los efectivos. Calloquispe lo siguió durante
semanas hasta la pollería que levantó en la av. Fizcarrald, presuntamente con el dinero del
negocio ilícito, y donde también hospedaba a migrantes. Nunca fue procesado. El otro caso
implica desapariciones. La última semana de julio de aquel año, un haitiano fue ingresado de
emergencia al hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado. Falleció dos días después por
inanición. Debido a la falta de pago a los traficantes, fue privado de alimentos durante la
semana que pasó en el hostal Monterrey. Su cuerpo fue arrojado a la fosa común. Por
aquellos días, Manuel Calloquispe accedió a otra nota interna de la Policía que reportaba el
hallazgo de tres cadáveres en la frontera de Brasil y Perú. Las primeras versiones apuntaron
que eran mochileros o pasantes de droga. “Pero no –señala el periodista–: eran haitianos que
habían sido llevados al monte. Uno de los coyotes me dijo que así pasaba; morían de hambre
y los botaban al monte. Estos tipos habían perdido toda la humanidad, ¿y qué hay de los
demás que nunca se supo?”. El sacerdote brasileño Rutemarque Crispin, en un informe
publicado en el diario El Mundo, ha reforzado esta denuncia.
II
Con una pandemia que no da tregua, haitianos como Rony Cadet intentan cruzar la frontera
cerrada de Brasil y Perú, desplazados por la crisis del coronavirus. “Ahora no hay mafias
consolidadas como las de entonces –ratifica el padre Paolo Parise, coordinador de Missão
Paz en Sao Paulo, una institución aliada del Acnur que atiende inmigrantes y refugiados de
todo el mundo–, pero la ilegalidad se sigue desplegando. Es una frontera bastante
desatendida y, por eso mismo, una amenaza que se puede encender en cualquier momento”.
Lo viene haciendo desde hace una década y nada apunta a que se haya detenido. Un informe
de la Defensoría del Pueblo recogido por CHS Alternativo identifica a solo 828 migrantes
víctimas de traficantes entre 2012 y 2017. Más de la mitad (52%) eran de nacionalidad
haitiana. Madre de Dios figura como la segunda región con más casos (271) después de
Tumbes, la frontera norte del país, pero solo registra 17 investigaciones por este delito, según
esa estadística.
En diálogo con La República, el coronel Jorge Aldo Barrera Cueva indica que en lo que va del
año hubo 24 connacionales detenidos por el presunto delito de tráfico de migrantes, y otros
tres policías involucrados con este ilícito, a quienes se les ha abierto procedimiento penal. “No
vamos a ser compasivos –asegura la autoridad–. Sabemos lo que pasó hace años. Ahora
vamos a cortar cabeza a los malos elementos”. Dice, después, que ha optado por relevar, dos
veces por mes, a los 16 efectivos destinados a cuidar el paso con Brasil, en Iñapari. “De
manera que si alguno está involucrado esa cadena se rompa. Estamos muy comprometidos
con acabar estos ilícitos y con atender de manera especial a los migrantes”. Este diario buscó
las identidades de los acusados, pero no tuvo acceso.
En todo caso, el 14 de marzo de 2021, Pedro Guerrero Lazo (54) fue detenido por trasladar
a un grupo de haitianos indocumentados que retornaban de Brasil. Los llevaba en la parte
posterior de su vehículo JAC, por la Interoceánica. La intervención se produjo a la altura de la
localidad de Planchón, cerca de Puerto Maldonado. Para llegar hasta allí, el auto debió evadir
hasta cuatro controles policiales: primero en Iñapari, luego en Iberia y San Lorenzo y
finalmente en Mavila. César Ignacio Pérez, magistrado de la Fiscalía de trata de personas de
Tambopata, dispuso a los migrantes a la Policía de Seguridad del estado para que fueran
deportados. Guerrero Lazo quedó detenido por presunta comisión del delito contra la
seguridad pública, orden migratorio y tráfico ilícito de migrantes. En el interrogatorio negó
integrar una banda de ‘coyotes’. La investigación sigue en marcha. El 30 de marzo, en el
puesto de control de la comisaría de Planchón, Biviano Noa Choque (38) fue detenido por el
mismo delito: transportaba, en una combi, a cuatro migrantes cubanos. Eran los casos
reportados de manera oficial al momento en que conocí a Rony Cadet. En ese limbo agresivo
languidecía junto a Joanika y sus tres niños.
